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Julián Miglierini
BBC Mundo
El senador Jorge Enrique Robledo instauró hoy al mediodía una acción de tutela contra el presidente de la República, Álvaro Uribe. La acción fue radicada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
En el curso del debate sobre los negocios de Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, Robledo elevó un derecho de petición en el que le pedía al presidente Uribe informar si sabía que sus hijos tenían intereses económicos en la Zona Franca de Occidente y, en caso de ser positiva la respuesta, si se lo había informado a los integrantes de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas para que procedieran a declararse impedidos. El presidente Uribe contestó con evasivas, limitándose a señalar por conducto del asesor jurídico de la Presidencia, Armando López Cortés: “Es un tema que les compete a ellos (a Tomás y Jerónimo), quienes manejarán directamente frente a cualquier inquietud que se requiera”.
El senador del Polo Democrático interpuso la tutela basado en los artículos 23 de la Constitución y 258 de la Ley 5ª de 1992, que les ordenan a los funcionarios responder sin evasivas las solicitudes de senadores y representantes.
Carta enviada al señor Presidente de la República Doctor Alvaro Uribe Vélez, por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial
Adjuntamos carta enviada
Ver archivo (CARTA DR. ALVARO URIBE VELEZ.doc)El país se está deslizando gradualmente hacia una reforma constitucional que tendrá serias implicaciones institucionales: la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe. En los próximos días, la Comisión de Conciliación del Senado y la Cámara llegará a un acuerdo sobre la modificación del texto original del referendo y con esto quedará el camino abierto para un tercer período del actual Presidente. Que esto sea casi un hecho cumplido nos obliga a analizar las consecuencias que tendrá esta medida.
La justicia colombiana y la comunidad internacional deben velar por la protección del ex jefe de Contrainteligencia del DAS, capitán Jorge Alberto Lagos, quien ha empezado a destapar el alcance de la guerra sucia adelantada desde esa entidad contra la Corte Suprema de Justicia, líderes de la oposición y periodistas.
Por supuesto que el dinero de esa recompensa ya tiene dueños, se trata de dos personas que nos contaron quién es el Montesinos del espurio régimen que nos gobierna desde la Casa de Nari y a quien el senador Héctor Elí Rojas llama el Montesinos bicéfalo: por un lado Don Berna… Bernardo Moreno, y por el otro José Obdulio Gaviria (JOG). Salvo, por supuesto, que haya un tercero.
En efecto, hace una semana María Isabel Rueda aseguró que el Montesinos era Bernardo Moreno y Jorge Lagos, ex director de Inteligencia del DAS, afirmó que José Obdulio Gaviria también mandaba a chuzar, luego estos dos ciudadanos pueden arrancar a pensar qué hacer con 100 milloncitos cada uno. Excepto que el Sr. Uribe decida confesar y cobrar él la recompensa.
Pero como si la decisión de los 200 millones no fuera demencial (por Jojoy ofrecen cinco mil millones), el orate primo de Pablo Escobar, JOG, ahora acusa a la revista Semana y al periodista Felipe López de haberse metido en el DAS a chuzar dizque para desprestigiar al Gobierno, Gobierno que ahora sabemos no sólo logró la reelección comprando parlamentarios, sino que además tenía chuzados todos los teléfonos de los candidatos que estaban aspirando a la Presidencia en las elecciones de 2006.
Y para acabar de completar esta esquizofrenia oficial, alguien desde la Casa de Nari pretende echarle la culpa de los seguimientos a los magistrados a uno de los pocos funcionarios honorables de este Gobierno, el director de la UIAF, doctor Mario Aranguren. Como quien dice, JOG y Don Berna Moreno pretenden sacar de la Casa de Nari el tema de las chuzadas para metérselo debajo del escritorio al doctor Aranguren.
Esperemos que la Fiscalía no se deje engatusar de esa manera frente a un tema que, como sostuvo el propio Fiscal General, hiede. Y el olor sale de las oficinas del DAS y del palacio presidencial. Faltaba más que los colombianos permitamos que este delito de las interceptaciones acabe en la condena de unos funcionarios de tercera línea, cuando está claro que los determinadores trabajan en la Presidencia de la, otrora, respetable República de Colombia.
Finalmente les confieso que me resulta difícil creer que los señores Santos de El Tiempo hayan permitido tener como columnista no sólo al primo de quien fue el secuestrador de Francisco Santos, señor Gaviria, sino peor aún, a quien según el Sr. Lagos del DAS, ordenaba las interceptaciones ilegales. Debe estar revolcándose en la tumba don Hernando Santos, quien jamás hubiera permitido que eso pasara en el diario que por tantos años dirigió de manera prodigiosa y respetable. Esto, ¡que hiede, hiede!
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Notícula. Tomás y Jerónimo no han convencido con sus tracaleras explicaciones. El país no les cree.
Julián Miglierini
BBC Mundo
Sólo unas horas antes había tenido audiencia con el Papa Benedicto XVI. Y el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, no escondió su emoción.
"Yo me veía allí en ese escritorio, enfrente del Santo Padre, y me conmovía mucho, saber yo que en el escritorio de un madero viejo, bien mantenido, tenía enfrente a Su Santidad, que quien me estaba hablando es Su Santidad. Aquel a quien yo le estaba dirigiendo unas palabras es el Santo Padre, pues usted imaginará qué conmovedor es eso".
Pero un par de minutos después su tonó cambió: "No interprete mal al gobierno colombiano. El gobierno colombiano es muy prudente. Por eso no me gusta este tipo de entrevistas; porque ustedes entran a hacer unas preguntas que no corresponden a la realidad. Simplemente creando confusiones".
BBC Mundo le había preguntado si extrañaba la relación especial que tenía con el expresidente de Estados Unidos George W Bush, ya que el nuevo mandatario de ese país, Barack Obama, pertenece al partido demócrata, el que ha frenado la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un Tratado de Libre Comercio firmado por ambos presidentes a comienzos de 2006.
"Esas preguntas son chismes de cafetería", dijo Uribe más tarde, cuando BBC Mundo le preguntó si creía que el foco de la relación de Estados Unidos con América Latina, bajo el gobierno de Barack Obama, estaría más en México y Brasil y no tanto en Colombia, como sucedió con el gobierno de Bush.
El presidente colombiano dijo que la relación de los dos países era una vieja alianza y que trasciende a los individuos y los partidos.
También, se mostró confiado en que la colaboración con Washington en términos de la lucha contra el narcotráfico continuará e insistió en que la aprobación del TLC "sería buena para los dos países".
"Es incomprensible que una alianza de tantos años alrededor de principios democráticos, de la lucha contra el narcotráfico, no tenga estos desarrollos", explicó Uribe.
Había más preguntas, y una en especial que no podía quedar por fuera del cuestionario:
¿Usted quiere ser presidente de Colombia cuatro años más?
(Hágame) Otra pregunta, amigo... ¿Usted dónde nació?
Yo soy argentino.
Bueno, estudie la historia de su país, deje la democracia colombiana tranquilita.
BBC Mundo insistió (ver video) -argumentando que era una pregunta válida, ya que está en marcha en Colombia un proceso para aprobar un llamado a referendo que permitiría reformar la Constitución y permitir su reelección- y Uribe dijo que él prefiere "entenderse con la opinión pública".
Luego, explicó que su "campaña" es "prolongar en el tiempo" la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social -tres conceptos que él ha definido como los baluartes de su gobierno-, sin decir si esa continuidad lo involucra a él como presidente del país durante cuatro años más.
Cuando BBC Mundo le preguntó si él era optimista respecto de un posible reestablecimiento de las relaciones diplomáticas entre su país y Ecuador, Uribe ofreció "una opinión de afecto al pueblo ecuatoriano".
"Pero, ¿cree que esas relaciones podrían ser reestablecidas en un futuro cercano", le repitió BBC Mundo.
"Una opinión de afecto al pueblo ecuatoriano", repitió Uribe, y aclaró que su gobierno tiene un "concepto de relaciones internacionales sin aspavientos, sin declaraciones explosivas, con prudencia y dedicación en todas las horas".
En otro tramo de la entrevista, Uribe hizo una encendida defensa de las Fuerzas Armadas de su país, que han enfrentado a acusaciones de violaciones a los derechos humanos, como los casos de los falsos positivos, en los que el ejército está acusado de vestir a cadáveres de civiles ejecutados extrajudicialmente con uniformes de la guerrilla en su afán por mostrar resultados en la lucha contra los grupos armados ilegales.
"Nosotros apoyamos a nuestras Fuerzas Armadas; les damos todo el apoyo", dijo Uribe.
"Y así como apoyamos a las fuerzas armadas, cuando alguien de las fuerzas armadas viola los derechos humanos, el gobierno es el primero en sancionarlo", agregó.
Y prosiguió: "A este gobierno no le tiembla la mano para sancionar a los individuos que quieren dar mal nombre a las fuerzas armadas violando los derechos humanos. Pero este gobierno también denuncia lo siguiente: mucha gente que quiere proteger a la guerrilla, en cada ocasión que hay una acción de las fuerzas armadas contra la guerrilla, esas personas se quejan y dicen que no fue una acción legitima, sino una acción violatoria de derechos humanos".
La entrevista no terminó ahí. Después, el mandatario aceptó con cordialidad hacer otra entrevista en la que podía hacerle "todas las preguntas" que quisiera. Pero en esa entrevista que fue en inglés y se transmitió el lunes por BBC World News tampoco quiso decir si quiere ser presidente de Colombia por tercera vez consecutiva.
Señor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de La República Bogotá, Colombia
Señor Presidente:
La Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) expresión continental de la Confederación Sindical Internacional (CSI) que en la región representa a más de 50 millones de trabajadores/as expresa su profundo rechazo por las irregularidades cometidas desde el Departamento Administrativo de Seguridad DAS con interceptaciones de comunicaciones “chuzadas” entre los que se mencionan a Organizaciones Sindicales Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC.
Hemos sido informados que en las últimas semanas, se ha dado una gran difusión por los medios de comunicación con declaración de altos funcionarios del Gobierno de Colombia, sobre las interceptaciones telefónicas del DAS a las personas posibles opositores del Gobierno y a funcionarios de este, pero especialmente de las Altas Cortes, al Vicepresidente de la República y a Organizaciones Sociales.
La cadena radical Caracol ha difundido un extenso listado de personajes a los que les han interceptado sus comunicaciones “chuzadas”, entre los que se mencionan a los Organizaciones Sindicales CUT y CTC.
Según se pudo establecer, algunos de los agentes del DAS que prestaban servicios de escoltas, presentaban informes de las conversaciones y reuniones de las personas que estaban a su cuidado, e incluso en algunos casos llegaron a grabar las conversaciones.
De acuerdo con el informe de más de 300 páginas realizado por investigadores de la Fiscalía, las comunicaciones del vicepresidente Francisco Santos y de su familia, estaban "chuzadas" y en el mismo paquete las comunicaciones de organizaciones como la Asamblea por la Paz, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y las Organizaciones Sindicales Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC.
También se venían realizando interceptaciones ilegales a las comunicaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
La vicepresidencia de la República y las organizaciones sindicales formaban parte del mismo paquete de "chuzadas", porque una de sus principales funciones es tener contacto con todo tipo de organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos.
Señor Presidente:
La CSI/CSA rechaza más este atentado contra las libertades en Colombia y demanda la aclaración inmediata sobre estas denuncias. Igualmente, solicitamos que adelante inmediatamente las investigaciones necesarias y pertinentes para dar con los responsables materiales e intelectuales de estas violaciones y que los castigue de acuerdo a la ley.
Solicitamos a usted y a todo su Gobierno las garantías necesarias para la realización de la labor de los/as defensores de los derechos humanos lo que incluye los/as dirigentes y miembros de las organizaciones sindicales de Colombia.
Martes 12 de Mayo
6 PM
Transmisión por Televisión:
Canal Congreso y Canal Institucional
Transmisión Audio por Internet:
http://senadorrobledo.org/?q=
El Senado de la República debatirá el día martes 12 de mayo a las 6:00 pm sobre los negocios de los hijos del presidente Uribe en la Zona Franca de Occidente. Un caso de generación abrupta de ganancias por cambio de norma de uso del suelo, posible tráfico de influencias, abuso de autoridad, prevaricato.
Véalo a través del Canal Institucional o del Canal del Congreso este martes 12 de mayo a las 6:00 pm
Dice un refrán soez pero sabio: "El día que la m... valga algo, los pobres nacerán sin c...". Una confirmación más del dicho se está produciendo en Colombia. Durante años, la basura no valía nada, ni existía el concepto de que había en ella porciones recuperables. Los alcaldes la recogían, la tiraban a un hueco y cobraban a los ciudadanos. Solo los basuriegos o recicladores se ocupaban de hurgarla, separar lo podrido de lo reutilizable, juntar en un lado papeles y cartones, amontonar latas y metales en otro, poner en un tercer grupo vidrios y cristales y luego vender lo recuperado para que las fábricas volvieran a procesarlo. Aún recuerdo a las señoras de pañolón que, costal al hombro, azotaban las calles gritando "¡Fraaascos, boootellas, papeeeel!". Los niños ricos se asomaban a la puerta, entregaban a las marchantas cascos vacíos y jotos de periódico, y se producía entonces una imagen aberrante que me acompañará al infierno: la mujer sacaba una chuspita con monedas y pagaba al niño rico su mercancía de desecho.
La deuda que tenemos con los basuriegos es impagable; ahorraron vertederos y ayudaron a la industria. Una interesante investigación de la economista Rocío Moreno demuestra que "son bien reconocidos los beneficios ambientales, económicos y sociales de los recicladores" y que su actividad "reduce el costo urbano de gestión de desperdicios".
Pero desde hace meses las cosas han cambiado. Gracias al progreso del espíritu ambiental se descubrió que reciclar basuras es estupendo negocio. Los niños que antes habrían cobrado a las marchantas por sus frascos quieren ahora echarlas del mercado, quedarse con los restos y hacer una fortuna revendiéndolos. Operan ya en el país varias de esas empresas, una de las cuales (Recursos Ecoeficiencia S. A.) es propiedad de Tomás y Jerónimo Uribe.
Para desplazar a los recicladores hacía falta una ley. Esta llegó en diciembre del 2008. Entre copiosas normas técnicas sobre escombros -muchas de ellas sanas y necesarias- hay tres que expulsan a los viejos basuriegos e instauran el imperio oportunista del capitalismo ecológico. Una, quizás inconstitucional, declara que los residuos, que eran res nullius (de nadie), ahora son del Estado. Otra prohíbe examinar y extraer contenidos de las canecas (no digo esparcirlos, que es cosa de mendigos, no de recicladores). La tercera proscribe "el trasteo de basura y escombros en medios no aptos ni adecuados". Fácil resulta suponer que son adecuados los camiones de las flamantes empresas "ecoeficientes" y no los costales, carritos de balineras y zorras de los cartoneros.
La Ley 1259, sancionada por el Gobierno, es un atentado contra la supervivencia de esa humilde comunidad, a la que debemos décadas de racionalización de desperdicios. La ley incluye líricos parágrafos sobre campañas cívicas y capacitación de personal, pero la verdad pura y dura (lo dice un informe de Daniel Páez en la revista Shock) es que están sacando a los basuriegos y pronto les cobrarán multas de dos salarios mínimos por hurgar canecas. ¿Cómo van a pagar, si un reciclador apenas gana 10.000 pesos diarios?
Una ONG tiene entutelada ante la Corte Constitucional cierta medida que, al cerrar en Cali el botadero de Navarra y licitar las basuras, sepultó a los recicladores. Hay que ver el desdén humano con que se hacen estas cosas: cuánta delicadeza ahora con los desechos, cuán poca con los basuriegos. Escalofrían las cartas de la Superintendencia de Servicios Públicos y la Corporación Regional del Valle, donde afirman que "no está dentro de nuestras funciones ambientales solucionar problemas sociales". ¿Pero sí crearlos?
Si alguien tiene derecho a vivir de los desperdicios son los basuriegos. Antes que atender a ávidas ecoempresas, es deber del Estado ofrecerles a ellos remedios reales, no soluciones basura.
La prensa nacional divulgó la semana pasada un decreto que el Gobierno mantenía en reserva y que se refiere a la obligatoriedad en Colombia de utilizar, a partir de 2012, en todos los vehículos de menos de dos litros, una mezcla de combustible de 85% etanol y 15% gasolina, lo cual prendió todas las alarmas.
Una vez el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Jorge García dio la orden de levantar el paro camionero, se inició la rebeldía de sus colegas agremiados en la seccional de Cundinamarca y comandada por Ricardo Virviescas, que anunció no aceptar el acuerdo anunciado y desconocer el liderazgo de García, designando de inmediato a Pedro Aguilar como el encargado de la agremiación.
Vierviescas dijo que ellos (los camioneros de la seccional Cundinamarca) no aceptan el acuerdo entre García y el Presidente Uribe, porque no colma sus expectativas. Indicó que el paro sigue adelante y que por ningún motivo van a cesar la protesta. "Hemos relevado del cargo a Jorge García", dijo el presidente de la seccional Cundinamarca.
Consultados algunos funcionarios del ministerio de Transporte se mostraron desconcertados porque ahora no saben con quien dialogar ante la profunda división que se hizo evidente en el seno del gremio camionero.
Tras diez días de parálisis que adelantaban alrededor de 30.000 camioneros, los líderes de la protesta decidieron recurrir al Presidente Uribe para buscarle solución al paro que se concretó la tarde del sábado.
El acercamiento fue buscado en el consejo comunal que se realiza en Chinchiná (Caldas) con la presencia de varios ministros del Despacho.
Los cerca de 30.000 camioneros que adelantan el cese de actividades desde hace más de dos semanas, estaban a punto de poner fin a la protesta, tras una rápida reunión con el Presidente Uribe, durante el consejo comunal de Chinchiná (Caldas).
A la petición de los dirigentes sindicales para que el Estado, a través del Banco Agrario, se haga cargo de la cuenta de los camioneros, el Presidente fue enfático en decirles que "yo no acepto comprometer recursos del Banco Agrario".
Mas bien se comprometió a contratar una firma de abogados, con recursos del Ministerio de Transporte, para que sirvan de conciliadores entre los deudores del sector camionero y los bancos comerciales.
En la actualidad entre 12.000 y 15.000 propietarios de camiones deben a los bancos cerca de un billón de pesos, recordó el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC).
"Creo que buscar la conciliación caso por caso, puede ser el mejor camino", dijo el mandatario de los colombianos. Indicó que Findeter y el ministerio de Transporte hagan el acompañamiento de cada uno de los deudores para tratar de lograr un acuerdo de pagos.
Los combustibles
Frente al precio de los combustibles, el Presidente Uribe no se comprometió con bajar los precios, solo anticipó que si "hay margen para una nueva rebaja, la hacemos".
De la conversación entre el dirigente camionero y el Presidente Uribe salió la propuesta para que los camioneros sean considerados grandes consumidores de Acpm y tengan un precio preferencial. "Si se organizan, se les puede dar tratamiento de grandes consumidores", indicó el mandatario de los colombianos.
El ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego informó que hay un sector del transporte de carga que ya es tratado como grandes consumidores, y son los de Colfecar.
Los fletes
En cuanto a la tabla de fletes, el Presidente recordó que el Gobierno convirtió esa tabla en algo obligatorio para las empresas. Jorge García reiteró que no la cumplen. "Las empresas se están quedando con la plata del transportador", denunció el presidente de la ACC.
El dirigente gremial indicó que "al proveedor de la carga le cobran la tabla de fletes, pero a nosotros (camioneros) no nos la reintegran. Nos cobran una comisión".
El Presidente Uribe advirtió que la empresa que haga eso está violando y engañando a un ciudadano y propuso que de parte de los camioneros designen una persona para que esté en el Ministerio de Transporte haciéndole seguimiento a esta situación.
El Presidente de la ACC aclaró que la inmovilización camionera no fue política y que además, él (García) no es de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores).
Con estos acuerdos, es posible que en las próximas horas se ponga fin al paro camionero que afecta tiene paralizado el comercio exterior e interior con algo de congestión en los puertos marítimos, y que en algunas regiones han comenzado a generar en enfrentamientos entre los mismos camioneros.
El presidente de la Asociación de Empresas Transportadoras de Carga (Asecarga) Jairo Herrera advirtió que la protesta, deja pérdidas incalculables por parálisis en el comercio tanto interno como externo.
El Gobierno y el Banco de la República mostraron preocupación por las consecuencias que pueda traer la protesta para la economía colombiana. Puede ahondar la desaceleración que muestra la industria y el comercio, lo que afectará un mejor comportamiento del producto interno bruto (PIB), como sucedió en el pasado, indicó un funcionario del Gobierno.
Luego de conocer en detalles estos acuerdos, los camioneros de algunas seccionales anunciaron que continuarán con la protesta.
Se está abriendo paso un amplio consenso entre los analistas sobre los graves desórdenes institucionales, políticos, económicos y presupuestales que está dejando el presidente Uribe a quien asuma el poder en 2010. Tan sólo para hacer referencia a los asuntos presupuestales, basta con recordar que se gastó el pasado, el presente y el futuro del país.
Con respecto al fisco y/o el patrimonio ahorrado por generaciones y el cual está representado por los activos del Estado, ha sido el gobierno que en la historia del país ha enajenado la más grande cuantía de recursos sociales, aún de empresas estratégicas. Se han vendido, entre otros, el Banco Cafetero, 10% de Ecopetrol, 10 distribuidoras regionales de energía, Telecom, Ecogas, otro porcentaje de Isagen y está en salmuera otro de ISA. Estos ingresos derivados de las privatizaciones han fondeado un ambicioso plan de gasto del gobierno, sin generar ni siquiera un superávit fiscal durante los siete años consecutivos del Gobierno Nacional Central y peor aún, en medio de las más altas tasas de crecimiento del PIB en treinta años y de los precios más altos de los "commodities".
Las decisiones de gasto han ocasionado una distorsión del escenario fiscal, durante cinco años se bloqueó el gasto local con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Regalías -FNR-, de los $3 billones acumulados $1.3 billones fueron apropiados en el Presupuesto General en la vigencia fiscal de 2009. Estos recursos, que serán asignados a las regiones en Consejos Comunitarios, pertenecen a ellas por derecho propio y a ellas deberían volver por vía de la Ley y las instituciones y no en ruedas de prensa presidenciales.
En desarrollo de su política económica, el gobierno acumuló un déficit fiscal de 3.3% del PIB en 2008, y obligó a los departamentos a usar los recursos de un empréstito internacional de USD$1.000 millones que tomó el Gobierno Central, mientras les mantenía retenidos los $3 billones que habían acumulado en el FNR. De la misma manera, aprovechó el escenario de revaluación para sustituir deuda externa por interna, aunque no tuvo la precaución de reducir el nivel total como proporción del PIB que presenta un incremento de 2 puntos porcentuales del PIB con respecto al nivel de 2000.
El 28 de febrero pasado Alejandro Gaviria mencionó, en su columna de El Espectador, que el próximo presidente tendrá, aunque no quiera, que darle continuidad a muchas de las políticas del actual gobierno. Ello se debe, en parte, a la suscripción de vigencias futuras excepcionalmente largas que comprometen el presupuesto más allá del término del mandato, a las garantías contractuales otorgadas a los inversionistas y a las gabelas tributarias pactadas con el capital extranjero. Siendo todo cierto, no describió la totalidad del panorama, la concentración del presupuesto en manos del presidente es tal, que su influencia no sólo afecta el pasado y el presente sino que se hará sentir por largo tiempo en el futuro.
Hacia adelante el alcance de las decisiones tomadas se extenderá por mucho tiempo. Las vigencias futuras que amparan el metro de Medellín se extederán por 100 años, las del Transmilenio de Bogotá irán hasta el 2016, la Drummond recibió una extensión de su concesión por 30 años más para explotar 8 millones de toneladas de carbón a cielo abierto y 5 trillones de MBTU de gas natural.
Todo lo anterior sin contar que, dado el desequilibrio de poderes ocasionado por la reelección inmediata, los órganos de control y los organismos colegiados independientes quedarán integrados por personas designadas por el presidente. En la Junta del Emisor, con excepción del dr. Tenjo que pronto se retira, todos los miembros han sido nombrados durante el actual periodo presidencial, ello implica que Uribe tendrá influencia en la vida económica nacional todavía por mucho tiempo.
La sociedad se enteró. Estamos ante un caso de generación abrupta de ganancias por cambio de norma de uso del suelo: un alcalde reglamenta el uso de la tierra mediante un plan parcial, y lotes de uso agrícola acaban convertidos en tierra de uso industrial. Luego una comisión del alto Gobierno autoriza establecer en esos predios una zona franca que se caracteriza por una alta exención de impuestos para los negocios que se instalen en el futuro allí. En los dos plumazos, o en el segundo, los lotes multiplican su valor por 100. Si la disculpa es que por eludir costos de escritura y predial los lotes aparecen inicialmente subvalorados, las preguntas son cuál fue el precio real inicial y de dónde salió tanto dinero.
Entre los beneficiados por el aumento de valor están los hijos del Presidente, que hacen el negocio mediante figuras jurídicas como la fiducia y el patrimonio autónomo. Si no fueran hijos del Presidente sino especuladores que compran y venden terrenos que se valorizan vía cambio de norma, no habría escándalo o el escándalo llevaría a retomar la discusión de la reforma urbana. Según la Ley 388 del 97, Ley de desarrollo territorial, no reglamentada en este aspecto por la mayoría de los concejos municipales, entre el 30 y el 50 por ciento del incremento de valor de las tierras por decisiones administrativas debería ser pagado al municipio para ser invertido en obras públicas y vivienda de interés social.
¿Deben los hijos del Presidente renunciar al derecho de hacer el mismo tipo de negocio que hacen muchos ciudadanos? Uno de los hijos dijo que este tipo de asuntos se los contaba al papá. El papá dijo en radio que los hijos se defenderán ellos solos. ¿Sabían, cuando compraron, que ahí se haría una zona franca? Parece que sí. ¿Cómo lo supieron? El Ministro de Comercio, miembro de la Comisión Intersectorial que autoriza zonas francas, dijo escuetamente: "Se cumplieron todos los requisitos". Preguntas clave: ¿Sabía alguien dentro de la Comisión que los solicitantes directos o indirectos eran los hijos del Presidente? En caso de saberlo, ¿actuaron sin tenerlo en cuenta, con neutralidad, como si se tratara de la solicitud de un ciudadano cualquiera? Estas preguntas no han sido contestadas.
Como mínimo fue una imprudencia y algunas imprudencias generan consecuencias imprevistas. Precisamente son imprudencias porque generan consecuencias imprevistas. Y esta imprudencia que salió a la luz pública debe haber generado algo de miedo a la ley, algo de culpa, algo de vergüenza. Eso en los gobernantes. Y perplejidad, sentimiento de impotencia o indignación, en la ciudadanía. Cabe creer que en la familia y en la Comisión hubo y hay conflicto moral. Lo que significa oportunidad para reflexionar, aprender y descubrir caminos.
¿Debe el Presidente presentar explicaciones? Creo, no soy abogado, que jurídicamente no está obligado. Pero, ¿lo está moralmente? Sin lugar a dudas. Uribe presentará explicaciones si lo considera indispensable desde el punto de vista práctico, no por principio. ¿Y lo haría para qué? Para proteger su obra de gobierno, para proteger la honra de su familia, para no dejar cabos sueltos.
Y los ciudadanos, ¿qué haremos? ¿Extender un acogedor manto de indulgencia? ¿Comprender estas cosas como "normales", es decir resignarnos? ¿Dejar el tema en manos de la Justicia y esperar una probable absolución? ¿Pronunciarnos masivamente?
El Presidente podría salir y decir: "Yo no les hubiera dejado hacer a mis hijos tan buen negocio, ni siquiera si les hubiera caído del cielo". A lo cual sus hijos, para ayudarle, podrían responder donando lo tan fácilmente ganado a una causa social, no por mal habido sino por demasiado fácilmente obtenido. Es el tipo de heroísmo estético que esperaría de mi familia.
Pero no depender de la generosidad de cada cual, hay un buen camino: reglamentar en cada municipio la Ley 388 que desarrolla el segundo parágrafo del artículo 82 de la Constitución: "Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común".
Invito a los ciudadanos a entender el tema y sus implicaciones, y a hacerle seguimiento al veredicto de la Justicia.
Un maestro agricultor del norte de Cundinamarca llamó por la mañana el sábado pasado para consultarme sobre si debía o no sacar ventaja de una opción que tenía de usar terrenos para criar novillos, aprovechando la cercanía de un pariente con un gobernante local. Le contesté: "Haga lo que su conciencia le diga". Me agradeció. Antes me había dicho que le temía también a la vergüenza, al qué dirán. ¿La ética será solo para los de ruana?
Por Antanas Mockus,
ex alcalde Bogotá.