Editorial| 27 Mar 2009 - 11:00 pm
Aunque el llamado era a portar una dosis de personalidad, una dosis de aquello que las personas consumen para el gozo normal y cotidiano de sus vidas, la mayoría de los presentes interpretó que el guiño obvio de la iniciativa era contra el deseo del gobierno Uribe de penalizar la dosis mínima. Como tal, las prédicas en pro del consumo de drogas ilícitas no se hicieron esperar. Aunque pocos, no faltó quienes hicieron caso omiso de las instrucciones de los organizadores y, en franca actitud desafiante, encendieron sus dosis mínimas de marihuana. Y nada ocurrió. No hubo asesinatos, robos o cataclismos. La jornada transcurrió de manera pacífica.
A pesar de la lluvia, acudieron al evento cientos de personas, en su mayoría jóvenes, en compañía de artistas, políticos, escritores e intelectuales. Cada asistente con su dosis de personalidad, decididos todos a inmortalizar el momento en una foto. Decididos, pues, a “salir del clóset”, a dejar atrás la doble moral de quien predica en lo público y transgrede en lo privado, y a aceptar abiertamente que consumen —o defienden el consumo— de la dosis mínima.
La manifestación puso de presente que el consumo de sustancias psicoactivas es interpretado, en su mayoría, desde el lente de las libertades individuales. En 1994 la Corte Constitucional se basó en estos argumentos para despenalizar el porte y consumo de la dosis mínima, aduciendo que “…el legislador puede prescribirme la forma en que debo comportarme con otros, pero no la forma en que debo comportarme conmigo mismo, en la medida en que mi conducta no interfiere con la órbita de acción de nadie”. Según la jurisprudencia de la Corte, la acción de consumir sustancias alteradoras del estado de la conciencia, tanto legales como ilegales, es un acto que pertenece a la esfera privada de las personas. Es innegable, como lo han señalado los detractores de la dosis personal, que los actos de una persona bajo la influencia de sustancias psicoativas pueden tener efectos adversos sobre los derechos de terceros. Sin embargo, la mirada de la Corte se centra en el acto de consumir. Las consecuencias sobre el comportamiento de ese consumo son puntos independientes. Como dice la misma Corte, “a una persona no pueden castigarla por lo que posiblemente hará, sino por lo que efectivamente hace”.
En la misma línea, toma fuerza la posición de que el consumo de drogas y la lucha contra el narcotráfico son temas independientes e inconexos. Y la pierde el usual argumento, expresado en este diario por el candidato presidencial Andrés Arias, de que “no puede ser que Colombia sea el país que ha hecho el sacrificio más grande en la lucha contra el narcotráfico. Todo para que en la calle se permita la venta dosificada de drogas”. Pretender restringir las libertades individuales otorgadas por el Estado para establecer una mayor coherencia con una política de gobierno viola los principios más básicos de la Constitución.
Por lo demás, quedó demostrado que la movilización ciudadana, esa capacidad de organización no partidista que pretende exigir y hacerse notar en defensa de una causa específica, no le es ajena a nuestros jóvenes colombianos tan fácilmente tildados de apáticos y escapistas. El Gobierno puede hacer caso omiso del debate sobre las libertades para imponer, de paso, su propia versión de lo que son y deben ser los ciudadanos “buenos”, pero difícilmente pasará por encima de una juventud que haciendo uso de nuevas formas de organización virtual y con propuestas atractivas para los medios masivos de comunicación, probó que está dispuesta a pasar a la resistencia civil por medios pacíficos.
