2 Mayo 2009 - 12:28 am 
Por: Alfredo Molano Bravo
La iniciativa busca que el acceso al agua sea declarado un derecho fundamental consagrado por la Constitución. Es decir, un derecho que garantice la conservación de la vida en general, la humana, la animal, la vegetal. Ello significa impedir que el agua sea considerada en adelante como una mercancía. El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, presentó esta semana un diagnóstico escalofriante del estado crítico en que se halla el país en cuanto al cumplimiento del derecho humano al agua de 14 millones de personas que viven en riesgo de escasez; nueve millones no tienen acueducto; la mitad de los municipios del país no tienen agua las 24 horas; 13 millones no tienen alcantarillado, y la mayoría de las aguas que botan a los ríos son negras; los servicios de agua y alcantarillado andan por encima de la inflación; los ricos consumen tres veces más agua que los pobres. “Los campesinos, los indígenas, los raizales y los afrocolombianos tienen coberturas de acueducto y alcantarillado por debajo del promedio nacional”.
Aquí, digo yo, donde la planeación de las estrategias bélicas es la preocupación principal del Gobierno, no existe —afirma el Defensor— ni “un inventario actualizado de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico, ni un plan de obras e inversiones para los próximos cinco años”; y los planes departamentales de agua, agrego, son sólo para los centros urbanos, bajo una política de mercantilización y de privatización del servicio. Recuerda, por último, que la Corte Constitucional protege el derecho humano al agua por conexidad con los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, el debido proceso y el medio ambiente”. ¿Qué significan estas cifras, más allá de que el Estado incumpla sus obligaciones? Que la demanda por agua crece y, por tanto, su necesidad abre un gran negocio para producirla y transportarla.
El calentamiento global, la ganaderización y la palmarización del campo, la destrucción de páramos y selvas, el envenenamiento de ríos y cauces, la apropiación privada de acuíferos, la construcción de hidroeléctricas y autopistas, hacen cada día más escasa el agua y mejor el negocio de su privatización. Esta pelea fue la que se dio esta semana en la Cámara entre el representante Roy Barrera, convertido en un espadachín de imagen a sueldo por el Presidente, y el vocero nacional del referendo de agua, apoyado por 10 representantes a la Cámara que votaron favorablemente la propuesta original del referendo.
El uribato en el Congreso sacó adelante lo que a Uribe —y de seguro a su familia y allegados— le sirve: que el agua no sea un derecho fundamental ni un bien público; que avance el proceso de privatizar la gestión del agua y los servicios de acueducto y alcantarillado, y se permita desde la Constitución que “las aguas que nacen y mueren en la misma heredad” sean apropiadas por los propietarios de la tierra —es decir, la destrucción de los humedales—; y sustraer las aguas de indígenas, comunidades negras y raizales de sus territorios ancestrales, para ser ofertadas en Bolsa.
Faltan aún varios debates en la Cámara y en el Senado. El país no puede permanecer indiferente frente a las modificaciones que la aplanadora uribista ha hecho aprobar. Se trata de un asunto de vida o muerte para todos los ciudadanos.
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