El ahijado de Tomás

El ahijado de Tomás

Por Daniel Coronell

OPINIÓN.Curiosamente, Javier Socarrás se ha cruzado con frecuencia con los personajes que han tenido a Tomás Uribe en medio de controversias.

Sábado 8 Agosto 2009

Tomás Uribe, el próspero hijo del Presidente, tiene bajo su amparo a un controvertido político. El protegido se llama Javier Enrique Socarrás Amaya y actualmente aspira a la Cámara de Representantes por las negritudes. Socarrás se ha promovido y ha medrado valiéndose de su cercanía con el delfín. Hace campañas políticas usando el nombre del hijo mayor del mandatario(Ver campaña al concejo.jpg). Se hace pasar por abogado. Atribuye a su gestión obras del Invías en La Guajira e invoca su amistad con Tomás Uribe para hacer diligencias en dependencias oficiales, incluida la Presidencia de la República.

A pesar de que las evidencias han quedado en el despacho del Jefe de Estado y en el Ministerio de Protección Social, a Socarrás -como al campero de la propaganda- nada le pasa.

Por ejemplo, nadie le ha preguntado hasta ahora por qué -en una grabación efectuada en 2006 por el saliente notario de Tunja- una voz sorprendentemente parecida a la de Javier Socarrás afirma: "Nosotros llegamos y el mismo día Tomás, yo soy muy amigo de Tomás… y con ella tenemos una amistad desde mucho tiempo… y en seguida Tomás cuando fuimos allá, llamó al secretario general Moreno y listo, eso fue una orden enseguida". (Ver video grabación)

Según esa conversación, lo que "salió enseguida" fue el nombramiento como Notaria Segunda de Tunja de Luz Marina Campo, la mujer que en la misma grabación afirma que es cuota de Tomás Uribe, aunque ahora asegure que lo dijo en chiste.

La señora Campo, cuyo nombre salió a la luz pública hace unas semanas por las denuncias del ex superintendente Cuello Baute sobre las notarías de la reelección, está casada con Milton Contreras, en esa época alto funcionario de la superintendencia.

Curiosamente, Javier Socarrás se ha cruzado con frecuencia con los mismos personajes que han tenido a Tomás Uribe en medio de controversias durante los últimos meses.

En un video de un acto político de la campaña de Socarrás al Concejo de Bogotá, aparece a su lado el ingeniero Tomás Uribe. El primogénito presidencial no disimula que está ahí para promover a su candidato, como lo muestra además la propaganda de campaña. Entre los asistentes al mismo acto están la notaria Luz Marina Campo y su marido, Milton Contreras. (Ver video acto Socarrás)

La señora Campo fue nombrada Notaria de Facatativá el 27 de marzo de 2006 y menos de un mes después, el 26 de abril, fue promovida a Notaria de Tunja (Ver nombramientos.jpg). Su marido, Milton Contreras, inició una serie de visitas a la Casa de Nariño cinco meses antes del primer nombramiento (Ver reporte de visitas a Casa de Nariño01.jpg). En el reporte oficial de entradas a la sede presidencial aparecen 12 visitas de Contreras a la Secretaría General y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, incluidas dos que tuvieron lugar apenas una semana antes de que su mujer se convirtiera en notaria de Tunja por decreto presidencial (Ver reporte de visitas a Casa de Nariño02.jpg).

Milton Contreras es el mismo hombre que depositó casi 20 millones de pesos en las cuentas bancarias de Teodolindo Avendaño dentro del caso de la Notaría 67 de Bogotá, pero sigamos hablando de Javier Socarrás.

Socarrás logró que el alcalde de Mosquera, Cundinamarca, Álvaro Rozo Castellanos, impulsara un festival vallenato en esta localidad de la Sabana de Bogotá. Álvaro Rozo es el mismo alcalde cuya administración promulgó el plan parcial que permitió que unos terrenos en los que tienen intereses los hijos del Presidente fueran aptos para convertirse en Zona Franca.

Los delfines multiplicaron por 100 su inversión, después de que subalternos de su padre declararan la Zona Franca de Occidente. Poco antes, una empresa de la familia del alcalde Rozo -quien también aumentó el índice de ocupación de esos lotes- terminó adquiriendo parte de los terrenos a un precio mucho menor del pagado por otros compradores en esos mismos días.

Si alguna autoridad quisiera averiguar sobre estos temas, sin duda Javier Socarrás podría ser un testigo interesante.

SIGUE EL COHECHO!!! Explosiva versión entregó esta semana a la Corte Suprema Manuel Guillermo Cuello Baute

Explosiva versión entregó esta semana a la Corte Suprema Manuel Guillermo Cuello Baute

La lista de notarías supuestamente entregadas a congresistas, a la cual EL TIEMPO tuvo acceso, amenaza con convertir en tormenta los ya tempestuosos vientos de la 'yidispolítica'.

• 'No me han ofrecido o he solicitado cargos burocráticos a cambio de votos': Nancy Patricia Gutiérrez
• Políticos señalados por Cuello Baute dicen que no recibieron notarías a cambio de apoyar reelección
• Lista de notarías que habrían sido entregadas a políticos
• Lista de notarías que habrían sido entregadas a políticos (2)

Hay que recordar que Cuello Baute fue uno de los funcionarios más cercanos al presidente Uribe al final de su primer mandato.

Cuello, que era superintendente de Notariado y como tal estaba al tanto del manejo de esos despachos en todo el país, pidió una cita especial en la Sala Penal para denunciar que el ex senador Mauricio Pimiento y la misma Yidis Medina habían recibido notarías a cambio de su apoyo al proyecto de reelección presidencial en el 2004.

Pero su versión, que debe ser ampliada en los próximos días, es que varias decenas de congresistas recibieron prebendas a cambio de su apoyo a los proyectos del Gobierno.

Altos funcionarios, entre ellos el ex ministro del Interior y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt, y el ex viceministro del Interior, Hernando Angarita, que ya enfrentan investigaciones por el escándalo, de nuevo aparecen mencionados en los expedientes de la Corte.

Aunque Álvaro Pérez, el abogado del ex superintendente, asegura que la lista conocida por los medios de comunicación aún no reposa oficialmente en la denuncia, la Casa de Nariño expidió dos comunicados en menos de 12 horas desmintiendo la versión de 'Mane' Cuello, que salió de su cargo en medio de un escándalo de corrupción que le valió una condena de 8 años y que ahora está en casación en la misma Corte.

En el primero de ellos, el Gobierno dice que "no soborna". "(Este) es un Gobierno transparente, que persuade y ha eliminado el clientelismo y los auxilios parlamentarios", afirma el documento. Y agrega que "antes del concurso público de méritos adelantado por este Gobierno para la designación de notarios, los gobiernos nombraban libremente en estos cargos a personas idóneas y afines a la administración de turno".

En la segunda comunicación, de ayer sábado, Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del presidente Álvaro Uribe, aseguran: "No tramitamos puestos, prebendas o notarías ante el Estado. 2. Jamás hemos llamado a funcionario público alguno a intrigar puestos, prebendas o notarías".

La explicación tiene que ver con dos notarías que supuestamente fueron asignadas a Milton Contreras, ex funcionario de la Superintendencia, y que en la lista que circula en los medios aparece con la mención "hijos del presidente".
"El favorecimiento de Milton Contreras sí es un hecho y está documentado", dijo el abogado de Cuello.

Declaración, tres años después

Cuello asegura que la reciente condena a Teodolindo Avendaño lo movió a denunciar en la Corte, que está indagando por otros congresistas que habrían recibido prebendas por apoyar la reelección basada en las primeras denuncias de Yidis Medina, ya condenada por estos hechos.

"Él es testigo de excepción porque era el Superintendente de Notariado, por eso solicitó la audiencia en la Corte", dijo el abogado Pérez, quien niega que su cliente tenga una intención revanchista.

"Lo que Manuel Cuello dice es que hubo un favorecimiento de las notarías para algunos representantes, ex parlamentarios. Pero la denuncia es directa contra Pimiento y Yidis, aunque tenemos documentados varios casos más que se entregarán a la Corte", señala Pérez.

El hecho es que la versión de Cuello Baute, que se tomó más de tres años en decidirse a hablar del tema, puso a correr a varios dirigentes políticos. El ex ministro Carlos Holguín Sardi, que era senador en ese momento dijo que en 20 ó 30 años de vida política seguramente recomendó notarios, pero que su compromiso con la reelección de Uribe en el 2006 no requería incentivos.

"El país sabe de mi absoluta solidaridad, con la elección primero, con la reelección luego, y con la obra del presidente Uribe -dijo Holguín-. Y para esa adhesión, que nació de profundas convicciones doctrinales y políticas, no tenían que comprarme ni pagarme absolutamente nada".

Por su lado, Carlos Soto, que es representante, reconoce que le pidió al Gobierno la creación de una notaría en Pereira y que conoció al notario asignado, pero que nada tuvo eso que ver con sus votos en el Congreso.

Hijos del Presidente Uribe dicen que no ejercen tráfico de influencias

"1. No tramitamos puestos, prebendas o notarías ante el Estado. 2. Jamás hemos llamado a funcionario público alguno a intrigar puestos, prebendas o notarías", dice un comunicado.

Esos fueron los dos puntos, expresados de forma muy escueta, que Tomás y Jerónimo Uribe emitieron en una comunicación publicada en la página web de la Presidencia de la República (www.presidencia.gov.co) tras las supuestas afirmaciones del ex Superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute.

Por su parte, el Gobierno publicó el siguiente comunicado en su sitio web, que pretende desmentir los comentarios de Cuello Baute:

"1. Antes del concurso público de méritos adelantado por este Gobierno para la designación de notarios, los gobiernos nombraban libremente en estos cargos a personas idóneas y afines a la administración de turno.

2. En la información que publican los medios, aparecen en su mayoría dirigentes políticos regionales que han apoyado desde un principio a este Gobierno, sin que para ese apoyo hayan exigido prebendas.

3. Este Gobierno no soborna. Es un Gobierno transparente, que persuade y ha eliminado el clientelismo y los auxilios parlamentarios".

Política |26 Jun 2009 - 1:59 pm

Denuncian entrega de notarias a cambio de la reelección

Ante la Corte Suprema de Justicia el ex superintendente de Notariado, Manuel Cuello, dio los nombres de 34 congresistas beneficiados. Lea aquí parte de la lista.

Un nuevo capítulo se escribe ahora en la 'Yidispolítica'. Ahora, el ex superintendente de Notariado Manuel Cuello Baute asegura que 34 congresistas se vieron beneficiados con la entrega de 79 notarias a cambio del voto en favor de la primera reelección presidencial.

Ante la Corte Suprema de Justicia, el ex funcionario reveló que sí se entregaron notarias a cambio de votar a favor de la primera iniciativa reeleccionista, que permitió que Álvaro Uribe continuara en la Presidencia en 2006.

Dentro de la declaración se mencionaron los nombres de Senadores y Representantes a la Cámara. La denuncia está siendo valorada por un magistrado que en los próximos días se pronunciará acerca del nuevo polémico caso.

Hasta el momento, en cuanto a éstas, se conoce que Teodolindo Avendaño recibió un beneficio a cambio de la reelección, a través de la Notaría 67 de Bogotá, que estuvo en manos de Luis Camilo O'meara. La Corte ya condenó a Avendaño por este hecho. Igual, que la reconocida Yidis Medina, quien también fue condenada.

Vale la pena recordar que todos los notarios de la Yidispolítica se rajaron en el examen que se adelantó en el marco del proceso de elección de meritocracia que hizo el Gobierno Nacional.

La lista de congresistas

Algunos de los senadores que habría mencionado:

1. Mauricio Pimiento
2. Roberto Gerlein
3. Hernán Andrade
4. Luis Alfredo Ramos
5. Mario Uribe Escobar
6. Nancy Patricia Gutiérrez

Algunos de los representantes que habría mencionado:

1. Yids Medina
2. Teodolindo Avendaño
3. Tony Jozame
4. Santiago Castro

Política |27 Jun 2009 - 7:34 am

Gobierno niega “sobornos” a cambio de la reelección

Por: Elespectador.com

La Presidencia así le restó veracidad a las afirmaciones del ex Superintendente de Notariado, Manuel Cuello Baute, acerca de entrega de notarias a cambio de la primera reelección.

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Nota | Política

Denuncian entrega de notarias a cambio de la reelección

Ya hay respuesta. El Gobierno desmintió al ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, quien ahora abre un nuevo escenario dentro de la bien conocida 'Yidispolítica'. Él dijo que 34 congresistas se vieron beneficiados con la entrega de 79 notarias a cambio del voto en favor de la primera reelección presidencial.

"Este Gobierno no soborna". Esa afirmación se desprende de un comunicado que emitió la Casa de Nariño tras conocer la denuncia de Cuello.

Además, asegura que "es un Gobierno transparente, que persuade y ha eliminado el clientelismo y los auxilios parlamentarios".

A la vez, la Presidencia recordó que "antes del concurso público de méritos adelantado por este Gobierno para la designación de notarios, los gobiernos nombraban libremente en estos cargos a personas idóneas y afines a la administración de turno".

"En la información que publican los medios, aparecen en su mayoría dirigentes políticos regionales que han apoyado desde un principio a este Gobierno, sin que para ese apoyo hayan exigido prebendas", concluye el Ejecutivo.

La denuncia del ex superintendente de Notariado está siendo analizada ante la Corte Suprema de Justicia.

Hasta el momento, en cuanto a notarias, se conoce que Teodolindo Avendaño recibió un beneficio a cambio de la reelección, a través de la Notaría 67 de Bogotá, que estuvo en manos de Luis Camilo O'meara. La Corte ya condenó a Avendaño por este hecho. Igual, que la reconocida Yidis Medina, quien también fue condenada por una notaria en Barrancabermeja.

La lista de congresistas de Cuello

Algunos de los senadores que habría mencionado:

Mauricio Pimiento
Roberto Gerlein
Hernán Andrade
Luis Alfredo Ramos
Mario Uribe Escobar
Nancy Patricia Gutiérrez

Algunos de los representantes que habría mencionado:

Yids Medina
Teodolindo Avendaño
Tony Jozame
Santiago Castro

Política |27 Jun 2009 - 8:27 am

Tomás y Jerónimo Uribe niegan tráfico de notarias

Por: Elespectador.com

El ex supernotariado, Manuel Cuello, los relacionó en su lista de entrega de prebendas a cambio de beneficios para el Gobierno.

Adelantándose a cualquier publicación del fin de semana, los hermanos Uribe Moreno negaron tráfico de influencias a través de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, al parecer, fueron relacionados en la lista del ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, acerca de entrega de éstas a cambio de favores al Gobierno.

Por eso, en un escueto comunicado, los Uribe Moreno aseguran:

1. No tramitamos puestos, prebendas o notarías ante el Estado.
2. Jamás hemos llamado a funcionario público alguno a intrigar puestos, prebendas o notarías".

• Elespectador.com | Elespectador.com

Rosario de perlas del Procurador

Artículo tomado de lasillavacia.com

Miércoles 27 de mayo de 2009

Alejandro Ordóñez lleva menos de seis meses como Procurador y ya nos ha heredado un gran cúmulo de saber místico desde el ejercicio de su cargo y desde su libre e iluminada interpretación del derecho. Una tarea educativa que había arrancado en el pasado, en textos magistrales como “Hacia el libre desarrollo de nuestro animalidad” y en su paso por el Consejo de Estado.

Como homenaje al libre desarrollo de la espiritualidad legalista de nuestro Procurador, La Butaca ha hecho una versión resumida del Rosario Católico inspirado en él y sus sabias decisiones, las cuales son verdaderas perlas.

Alejandro Ordóñez lleva menos de seis meses como Procurador y ya nos ha heredado un gran cúmulo de saber místico desde el ejercicio de su cargo y desde su libre e iluminada interpretación del derecho. Una tarea educativa que había arrancado en el pasado, en textos magistrales como “Hacia el libre desarrollo de nuestro animalidad” y en su paso por el Consejo de Estado.

Como homenaje al libre desarrollo de la espiritualidad legalista de nuestro Procurador, La Butaca ha hecho una versión resumida del Rosario Católico inspirado en él y sus sabias decisiones, las cuales son verdaderas perlas.

Misterios Dolorosos

La coronación de la homofobia

Los caminos del señor Ordónez son inescrutables, en especial aquellos recorridos para difundir su evangelio legal. La publicación del libro sagrado del derecho contemporáneo, titulado magistralmente “El libre desarrollo de la animalidad”, es una de esas herramientas pedagógicas que sólo pudo escribirse en estado de éxtasis profundo. Y aunque toca diversos temas con la misma calidad en su argumentación, nos remitiremos a uno solo.

En las líneas del texto, publicado antes de llegar a la Procuraduría, nuestro apóstol de las buenas costumbres analiza a la luz de los mandatos católicos los fallos más recientes de la Corte sobre el libre desarrollo de la personalidad. Los cuales, según su interpretación, son más bien una puerta abierta al libertinaje que termina “envileciendo a las personas”. ¿De qué libertinaje habla nuestro pastor del derecho? Del obvio, del que se deriva de ser gay, solo por serlo aunque no se ejerza.

Los mandamientos dictados por su fe son claros: otorgar derechos a las uniones de homosexuales es permitir que los seres humanos se dejen arrastrar por sus pasiones y sentidos, mutando en animales (de ahí el maravilloso título). Aclarado este primer misterio, es posible tratar de entender algunos apartados y por fin aclarar por qué en cabeza de nuestro guía, ser gay es equiparable a ser un delincuente, pues uno puede tener inclinaciones lésbicas, por ejemplo, y otro puede tener inclinación a robarse el erario público o a absolver delincuentes. Toda inclinación no puede ser un derecho, según él, y ninguna debería serlo, en realidad. Así que gay es igual a estafador, pero encima animal. Una ecuación compleja, pero divina. Con el DAS a cuestas

La omnipresencia auditiva del DAS y su habilidad para seguir cada conversación de los magistrados, la oposición y la prensa, se cierne sobre el país. Mientras los colombianos no salen de su asombro y los informes oficiales de la investigación al respecto son documentos bajados de la web, la Corte invoca la presencia de un delegado de la ONU para que aclare el tema de las interceptaciones.

Con un contundente “el que quiera más, que le piquen caña", Ordóñez sienta su posición al respecto y aclara que en “menos de lo que canta un gallo” (45 días) se ha adelantado en el tema. Usando un término poco común en su léxico, nuestro pastor aprovecha, de paso, para dejar claro que nuestro Gobierno es activo y por tanto “no ha tomado una posición pasiva en el tema”.

Como un acto de bondad adicional repartió de nuevo bendiciones al ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, al señalar que todavía no se han encontrado méritos para abrir investigación en su contra, pues el Ministerio Público jamás basará sus investigaciones en informes periodísticos.

Misterios Gloriosos

La resurrección del juzgado

Cuando apenas se esparcía la noticia sobre la petición de la Fiscalía de condenar a Álvaro Araújo Castro por concierto para delinquir agravado y constreñimiento electoral por sus presuntos vínculos con paramilitares, la mano salvadora de los condenados apareció para resucitar al juzgado pidiendo que lo declararan inocente.

Esa mano no podría ser otra que la de Ordóñez quien, como vocero divino en los estrados judiciales, justificó su decisión argumentando que la Fiscalía montó un juicio con base en “testigos de oídas” y que sobrevaloró los estudios de la Fundación Nuevo Arcoíris como prueba de la injerencia de ‘Jorge 40’ en la elección de Álvaro Araújo en el Cesar, en 2002.

En su estado máximo de gloria y claridad mental, nuestro procurador señaló que Araújo llegó al Senado porque “recogió los frutos de sus anteriores contiendas electorales y los votos que le dejó la tradición política de su familia”, razón suficiente para que nada más importe. Otra manera de demostrar que sólo en el ventrículo derecho de su corazón, como su fe señala, el perdón tiene cabida.

La venida del espíritu de la exculpación

La venida de Job al Palacio de Nariño arrancó en el sótano del hogar presidencial. Se dice que por allí ingresó el ex paramilitar en compañía del abogado Diego Álvarez. Luego sus pasos lo condujeron a una reunión en la que, además de otros funcionarios de la Presidencia, se encontraba César Mauricio Velásquez, Secretario de Prensa.

El misterio configurado en esa reunión, aún persiste. En particular porque nadie entiende muy bien por qué el Procurador decidió absolver a Velásquez de la responsabilidad disciplinaria por la visitación secreta de Job y su encuentro con él. Nuestro abogado pontífice justificó la exculpación del funcionario diciendo que la participación del investigado se limitó a una presencia fugaz en la tercera reunión (o sea que este fue un rosario de visitas y no un paseo ocasional) y que no estuvo en los encuentros preparatorios.

No sabemos a qué se refiere con fugaz, pero como un acto de fe debemos aceptar, sin hacer preguntas al respecto, que un funcionario presidencial puede verse a escondidas con un paramilitar si el encuentro tarda el mismo tiempo que una misa televisada.

Misterios Luminosos

La transfiguración del verbo

Y una de las misiones encomendadas a Ordóñez, en su paso por el Ministerio Público, fue redefinir el lenguaje… Dar vida a un diccionario escrito y editado por su mano derecha. La definición estrella del Procurador hasta hoy ha sido la del verbo cohechar… Gracias a su conocimiento sumo hemos descubierto que una persona puede ser víctima de cohecho sin que nadie la quiera cohechar.

Se recordará que nuestro Procurador en un estado de iluminación intelectual decidió exonerar a los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, y a otros funcionarios del Gobierno, por el delito de cohecho, mientras que quien recibió las prebendas de su parte a cambio de votar favorablemente el proyecto de reelección fue condenada por la Corte Suprema. Así las cosas, los colombianos por fin entendimos que Yidis Medina se sobornó a sí misma y que en el reino de la Procuraduría cualquier cosa es posible. Su Anuncio del Reino invitando a la objeción

Ya en las páginas de su best seller (mencionado en otros apartados de este Rosario: “El libre desarrollo de la animalidad”), el hombre del Ministerio Público había dejado clara su posición frente a la decisión de la Corte sobre el aborto en circunstancias excepcionales (cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre o es producto de una violación, por ejemplo). Según el Procurador: “las raíces de esta mentalidad anti – vida tiene relación directa con la pérdida del carácter sagrado de toda vida humana y su dignidad, que se traduce en una concepción perversa de la libertad”. Tratando de traducir esto, habría que decir que la mentalidad anti – vida, por un misterio divino, no se aplica a las mujeres cuya existencia está en riesgo por el embarazo.

Una de las personas que Ordóñez cita como fuente en su libro sagrado es Ilva Myriam Hoyos, a quien nombró posteriormente como delegada para la adolescencia, la infancia y la familia en la Procuraduría. Es decir, llegó al Ministerio Público en compañía de una de sus querubines ideológicas, pues la ex decana de la Facultad de Derecho de La Sabana es una mártir opositora a la despenalización del aborto… (se le llama mártir religiosa porque perdió, pero sus poderes siguen intactos).

A estas alturas ya es un misterio el nombramiento de alguien que tiene razones religiosas para negarse a cumplir con los mandatos de la Corte y quien, como lo reportó La Silla Vacía, ya empezó a dar la pelea. Pero la misteriosa mano del Procurador no se detuvo allí, ahora llama a sus funcionarios a proteger a los médicos para que puedan invocar la objeción de conciencia y así no seguir la sentencia expedida por la Corte.

Lo curiosos es que a nuestra luz en el túnel del universo judicial, no le interesa el tema de la objeción sino en este caso y en contravía del país legal que debe defender. No se le ve defendiendo la misma figura en el caso de temas militares (servicio obligatorio y seguimiento de órdenes, por ejemplo). Su más reciente mandamiento ha sido claro: que lo que el Procurador cree y ordena, no lo vulnere la Corte.

Misterios Gozosos

La visitación en helicóptero oficial de los niños Santos

Los niños Santos, los hijos de Juan Manuel y no de Pacho, decidieron emplear los helicópteros del Ministerio de Defensa para armar paseo familiar. Las aeronaves militares surcaron los cielos colombianos con la bendición turística del Ministro y sin el objeto de cumplir ninguna de las misiones para las que fueron adquiridas, hasta el combustible fue proveído por el glorioso gobierno nacional. Ante las denuncias de algunos y la indignación de otros, la Procuraduría debió revisar los hechos.

En un acto misterioso, sólo entendido por los Illuminati, nuestro Procurador, luego de su mística investigación, aclaró que este uso de bienes públicos para gozo familiar no tiene mayor relevancia, ya que el Ministro y su familia deben tener la máxima seguridad posible. Eso sí, no aclaró si ello incluía que los hijos Santos pudieran también hacer uso de cuanta arma, tanque y carro blindado tiene el Ministerio, en caso de tener que protegerse. Ni tampoco si su elástica visión de lo que algunos llaman “peculado por uso” cubre a todos los colombianos o solo a los que se encuentran en el espectro de la diestra de dios padre.

La encarnación paródica de la última soHo-cena

A través de una señal milagrosa, pues no entendemos por qué otra razón la revista SoHo estaría en las inmaculadas manos de nuestro Procurador, los ojos de Ordóñez se encontraron con una imagen infernal: modelos, actrices, activistas y hasta gays departiendo en una última cena, muy al estilo de Jesucristo y sus doce apóstoles. Aún sin llegar a la cabeza del Ministerio Público, nuestro mosquetero de la moral se dispuso a enfrentar una de sus más duras batallas en contra de los medios no santos. Demandó a la revista por considerar que la representación de la imagen religiosa era injuriosa y por meses estuvo convencido de que Daniel Samper, director de SoHo, era básicamente el acólito de Satán. Luego de múltiples protestas y de señalar que las acciones de Ordóñez atentaban contra la libertad de prensa, nuestro supervisor de la iconografía religiosa tuvo que resignarse a perder y olvidarse de revisar las páginas de SoHo en busca de más acciones pecaminosas.

Referendos, como el agua y el aceite

Compare usted mismo a a través de un cuadro interactivo las dos iniciativas ciudadanas que se discutirán hoy en el Congreso, una para reelegir a Uribe y la otra para hacer del agua un bien público.

Click al título

05/18/2009

Antanas Mockus se pregunta si la ética es para los de ruana

Jerónimo Uribe (izq), hijo menor del Presidente, está dispuesto a debatir su derecho a crear empresas. Tomás Uribe, junto con su hermano, han defendido en varios escenarios la legalidad del negocio. Fotos: Abel Cárdenas / Cambio

La sociedad se enteró. Estamos ante un caso de generación abrupta de ganancias por cambio de norma de uso del suelo: un alcalde reglamenta el uso de la tierra mediante un plan parcial, y lotes de uso agrícola acaban convertidos en tierra de uso industrial. Luego una comisión del alto Gobierno autoriza establecer en esos predios una zona franca que se caracteriza por una alta exención de impuestos para los negocios que se instalen en el futuro allí. En los dos plumazos, o en el segundo, los lotes multiplican su valor por 100. Si la disculpa es que por eludir costos de escritura y predial los lotes aparecen inicialmente subvalorados, las preguntas son cuál fue el precio real inicial y de dónde salió tanto dinero.

Entre los beneficiados por el aumento de valor están los hijos del Presidente, que hacen el negocio mediante figuras jurídicas como la fiducia y el patrimonio autónomo. Si no fueran hijos del Presidente sino especuladores que compran y venden terrenos que se valorizan vía cambio de norma, no habría escándalo o el escándalo llevaría a retomar la discusión de la reforma urbana. Según la Ley 388 del 97, Ley de desarrollo territorial, no reglamentada en este aspecto por la mayoría de los concejos municipales, entre el 30 y el 50 por ciento del incremento de valor de las tierras por decisiones administrativas debería ser pagado al municipio para ser invertido en obras públicas y vivienda de interés social.

¿Deben los hijos del Presidente renunciar al derecho de hacer el mismo tipo de negocio que hacen muchos ciudadanos? Uno de los hijos dijo que este tipo de asuntos se los contaba al papá. El papá dijo en radio que los hijos se defenderán ellos solos. ¿Sabían, cuando compraron, que ahí se haría una zona franca? Parece que sí. ¿Cómo lo supieron? El Ministro de Comercio, miembro de la Comisión Intersectorial que autoriza zonas francas, dijo escuetamente: "Se cumplieron todos los requisitos". Preguntas clave: ¿Sabía alguien dentro de la Comisión que los solicitantes directos o indirectos eran los hijos del Presidente? En caso de saberlo, ¿actuaron sin tenerlo en cuenta, con neutralidad, como si se tratara de la solicitud de un ciudadano cualquiera? Estas preguntas no han sido contestadas.

Como mínimo fue una imprudencia y algunas imprudencias generan consecuencias imprevistas. Precisamente son imprudencias porque generan consecuencias imprevistas. Y esta imprudencia que salió a la luz pública debe haber generado algo de miedo a la ley, algo de culpa, algo de vergüenza. Eso en los gobernantes. Y perplejidad, sentimiento de impotencia o indignación, en la ciudadanía. Cabe creer que en la familia y en la Comisión hubo y hay conflicto moral. Lo que significa oportunidad para reflexionar, aprender y descubrir caminos.

¿Debe el Presidente presentar explicaciones? Creo, no soy abogado, que jurídicamente no está obligado. Pero, ¿lo está moralmente? Sin lugar a dudas. Uribe presentará explicaciones si lo considera indispensable desde el punto de vista práctico, no por principio. ¿Y lo haría para qué? Para proteger su obra de gobierno, para proteger la honra de su familia, para no dejar cabos sueltos.

Y los ciudadanos, ¿qué haremos? ¿Extender un acogedor manto de indulgencia? ¿Comprender estas cosas como "normales", es decir resignarnos? ¿Dejar el tema en manos de la Justicia y esperar una probable absolución? ¿Pronunciarnos masivamente?

El Presidente podría salir y decir: "Yo no les hubiera dejado hacer a mis hijos tan buen negocio, ni siquiera si les hubiera caído del cielo". A lo cual sus hijos, para ayudarle, podrían responder donando lo tan fácilmente ganado a una causa social, no por mal habido sino por demasiado fácilmente obtenido. Es el tipo de heroísmo estético que esperaría de mi familia.

Pero no depender de la generosidad de cada cual, hay un buen camino: reglamentar en cada municipio la Ley 388 que desarrolla el segundo parágrafo del artículo 82 de la Constitución: "Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común".

Invito a los ciudadanos a entender el tema y sus implicaciones, y a hacerle seguimiento al veredicto de la Justicia.

Un maestro agricultor del norte de Cundinamarca llamó por la mañana el sábado pasado para consultarme sobre si debía o no sacar ventaja de una opción que tenía de usar terrenos para criar novillos, aprovechando la cercanía de un pariente con un gobernante local. Le contesté: "Haga lo que su conciencia le diga". Me agradeció. Antes me había dicho que le temía también a la vergüenza, al qué dirán. ¿La ética será solo para los de ruana?

Por Antanas Mockus,
ex alcalde Bogotá.

Partidos de oposición citarán a debate.

Gómez Méndez habla de implicaciones políticas y jurídicas de negocios de hijos del presidente Uribe.

Los dueños de la tierra ganarán por cada lote vendido

La versión de Tomás Uribe

TRAS DE COTUDOS CON PAPERAS!!!

Hijos del presidente tienen intereses en tierras de zona franca

Sobrados de lote

Por Daniel Coronell

OPINIÓN. En agosto de 2007, el alcalde emitió un decreto que expandió una zona industrial e incluyó los lotes en cuestión. Lo que antes se vendía por hectáreas se empezó a cotizar por metros.

Sábado 18 Abril 2009

Los hijos del Presidente se han enriquecido por decisiones tomadas por funcionarios, algunos de los cuales son subalternos directos de su padre. El asunto desborda el ámbito de las actividades privadas de los señores Tomás y Jerónimo Uribe y hace necesario que expliquen, por ejemplo, cuánto entrará a sus bolsillos por cuenta de la creación de la nueva Zona Franca de Occidente.

El 18 de diciembre del año pasado, el director de la Dian expidió una resolución declarando "Zona Franca Permanente" un terreno de 32 hectáreas en predios de dos fincas de Mosquera (Ver documento). Dos años antes -en diciembre de 2006- esas propiedades habían sido adquiridas por una fiducia constituida por Residuos Ecoeficiencia, sociedad controlada por los hermanos Uribe, dueños de más del 60 por ciento de la compañía.

La junta de Residuos Ecoeficiencia -entre cuyos miembros, además de los hermanos Uribe, figuran como suplentes el padre y el hermano de la Primera Dama- autorizó al representante legal, Tomás Uribe Moreno (Ver documento), para suscribir un contrato con Fiduciaria Colpatria "para la compra de los terrenos El Paraíso y San Laureano en Mosquera (Cundinamarca)".

En virtud de ese contrato nació el "Patrimonio Autónomo FC-Lotes Mosquera", que compró las dos propiedades por un valor que sobrepasa los 8.600 millones de pesos. (Ver documento).

Allí funciona la planta de Residuos Ecoeficiencia, pero a los terrenos restantes no se les veía mayor utilización. Dos determinaciones tomadas meses después por el municipio de Mosquera, cuyo alcalde era el constructor Álvaro Rozo Castellanos, abrieron la perspectiva del negocio.

En Agosto de 2007, el alcalde emitió un decreto que -según documentos de la DIAN- expandió una zona industrial e incluyó los lotes en cuestión. Lo que antes se vendía por hectáreas se empezó a cotizar por metros cuadrados.

En octubre de 2007, otra vez la alcaldía de Álvaro Rozo, a través de la Secretaría de Planeación, autorizó la subdivisión de los lotes pedida por Tomás Uribe. La resolución tuvo que ser corregida porque arrancaba afirmando "los señores Residuos Ecoeficiencia en su condición de propietarios", cuando legalmente el dueño era el Patrimonio Autónomo FC-Lotes Mosquera. (Ver documento).

Más allá de ese detalle, un tiempo después empezaron los cambios en la propiedad de esas tierras.

En marzo de 2008, el Patrimonio Autónomo le vendió a Inversiones ALC uno de los lotes producto de la subdivisión, por 702 millones de pesos, un precio de ganga si se tiene en cuenta la extensión y la ubicación del terreno.

Nada tendría esto de particular si no fuera porque los accionistas de ALC son tres hijos, dos hermanos y otro familiar del ahora ex alcalde de Mosquera Álvaro Rozo Castellanos, cuyas decisiones ayudaron tanto al proyecto. (Ver documento).

En los documentos comerciales consta que el ex alcalde de Mosquera fue socio fundador de la compañía ALC. (Ver documento).

En el terreno de la familia del ex alcalde Rozo, desde ya se anuncia la construcción del Parque Industrial Santo Domingo. Su mayor atractivo, según la página web de Inversiones ALC, consiste en que "quedará ubicado al frente de la futura Zona Franca de Occidente".

Residuos Ecoeficiencia, la compañía controlada por Tomás y Jerónimo, autorizó cambios en el contrato fiduciario FC-Lotes Mosquera. Gracias a esos cambios, los terrenos fueron entregados en comodato a una nueva sociedad llamada Zona Franca de Occidente (ZFO). (Ver documento).

Con los papeles en regla, ZFO solicitó a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas su concepto para la aprobación del proyecto. Esa comisión está integrada por altos subalternos del Presidente. Son ellos el Ministro de Comercio, el Ministro de Hacienda, la Directora del Departamento Nacional de Planeación, el director de la Dian y el Ministro Consejero de la Presidencia de la República.

Según informe de la secretaría técnica, en sesión del 28 de julio de 2008: "La Comisión decidió aprobar por consenso el Plan Maestro de Desarrollo General y emitir concepto FAVORABLE para la declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente".

El expediente pasó a la DIAN, que tenía que autorizar, en últimas, la declaración del área como zona franca.

Todo esto sucedía en diciembre del año pasado. Mientras la Dian revisaba los requisitos, la junta de Residuos Ecoeficiencia se reunía para tomar importantes decisiones. Una de ellas fue la de escindir la sociedad para crear dos compañías nuevas.

Residuos Ecoeficiencia dio a luz a las empresas Ecoindustry S. A. y Yogur S. A. Los socios eran los mismos: Tomás Uribe, Jerónimo Uribe, Salvarte y Udo Johann Scheuten, un empresario de Medellín, de 30 años de edad. El único accionista que no fue convidado para hacer parte de las nuevas compañías fue una sociedad llamada Achlys Investment Corporation, conformada en Panamá con 10.000 dólares de capital, cuyos socios no aparecen en el registro mercantil panameño y cuyo representante se mantiene oculto en las actas. (Ver documento).

En la escisión, Tomás y Jerónimo Uribe, junto con su socio Udo Scheuten, decidieron transferir algunos activos de Residuos Ecoeficiencia a Yogur S. A. Entre esos activos estaban los derechos fiduciarios de FC-Lotes Mosquera. Esos derechos en los libros de Ecoeficiencia estaban valorados en 33.926.553 pesos, pero cuando entraron a Yogur S. A. pasaron a costar 3.092.998.621 pesos. Es decir, de acuerdo con la contabilidad, en unas horas el valor de esa inversión se multiplicó por 100. Una utilidad cercana al 10.000 por ciento. (Ver documento).

La compañía Yogur se constituyó el 17 de diciembre de 2008; un día después, la Dian emitió la resolución que convirtió los lotes del fideicomiso de la sociedad de los Uribe en la Zona Franca de Occidente.

El doctor Juan Pablo Rivera Cabal, gerente de la Zona Franca de Occidente, me dijo en una entrevista desde Estados Unidos que el negocio se había hecho a través de una fiducia y que "los dueños de la tierra son los hijos del Presidente; unos señores Duque de Medellín, muy prestantes; Francisco Díaz, de Corona, y dos hermanos de apellido Angarita, Guillermo y Alejandro".

Con excepción de Tomás y Jerónimo Uribe, todos los demás -a través de diversas empresas- poseen una tercera compañía llamada Tierras Mosquera S. A., que a su vez es dueña de la mitad de la Zona Franca de Occidente. En la telaraña societaria aparece otra compañía panameña -de las de 10.000 dólares y socios desconocidos- llamada Artlist Investment Corporation.

El doctor Rivera Cabal, quien tiene la esperanza de vender la totalidad de la zona en el curso de este año, señaló que, aun antes de iniciarse el proyecto, sabía que la empresa de Tomás y Jerónimo Uribe controlaba los predios clave: "Sí señor. Desde el comienzo lo supimos y dijimos que nos interesaría trabajar si se manejaba desde el punto de vista empresarial privado".

El presidente Uribe conoce al gerente de ZFO y fue orador en el aniversario de la Zona Franca de Bogotá, dirigida también por el doctor Rivera. Allí dijo: "Apreciados usuarios de esta Zona Franca: todo lo que ustedes inviertan en este año y en los años venideros tendrá una deducción del 40 por ciento. Eso equivale a que de cada 100 pesos que ustedes inviertan, el Estado les contribuye con 12,8"

El gerente de la nueva zona franca explicó cómo les pagará a los dueños de los terrenos. "Recibirán un porcentaje por la venta de cada lote. Tendrán ingresos por la tierra, pero no por los edificios que se construyan". También dijo que hay un "precio piso", cuyos montos y porcentajes no puede informar porque hacen parte de la confidencialidad del negocio.

Un negocio que no termina para la empresa de los Uribe, porque su fideicomiso se reservó varios terrenos vecinos de la Zona Franca. (Ver documento).

Sin embargo, Tomás Uribe sostiene una cosa diferente. En conversación telefónica me aseguró que "el beneficio es muy relativo porque hace dos años habríamos podido vender los lotes a mejor precio". También afirmó que ellos nunca pidieron la aprobación de la Zona Franca. Pero resulta inocultable que se beneficiaron de la decisión, al punto de que recibirán un porcentaje por cada lote que allí se venda.

Residuos Ecoeficiencia fue constituida con 10 millones de pesos en el año 2003, cuando los hermanos Uribe aún eran estudiantes universitarios. Ahora el capital pagado de sus empresas sobrepasa los 1.000 millones de pesos, dos de ellas tienen superávit de capital que suman 4.200 millones, y son dueños del 12 por ciento de Promotora Gransabana, una empresa que -cómo no, a través de otro fideicomiso- compró otro lote, éste ubicado en Tocancipá y avaluado preliminarmente en 22.000 millones de pesos.

Y apenas vamos por la mitad del segundo mandato de su papá.

Que el presidente Uribe explique si desconocía los fabulosos negocios de su familia

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 19 de abril de 2009

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¿Negocio o negociado? Valorización de 100 veces. La gran ganancia aparece porque se cambian las normas y se urbanizan tierras rurales. Alcalde de Mosquera y ministros las claves del negocio. ‘Llevaron’ en la ganancia a la familia del alcalde. Debate en el Senado

De acuerdo con documentadas informaciones del periodista Daniel Coronell publicadas en Semana de hoy, los dos hijos del presidente Uribe, su suegro y uno de sus cuñados valorizaron más de 100 veces, con utilidades del orden del 10.000 por ciento, 32 hectáreas en la sabana de Bogotá, gracias a decisiones del alcalde de Mosquera y de los ministros de Comercio y Hacienda, los directores de Planeación y la DIAN y el ministro Consejero de la Presidencia de la República.

“Esta probado que los familiares del Presidente Uribe ‘llevaron’ en el negocio a la familia del alcalde de Mosquera”, explicó el senador Jorge Enrique Robledo.

Ante la gravedad de los hechos, el senador del Polo Democrático Alternativo anunció que citará debate en la plenaria del Senado sobre este caso, que “tienen tantas señas de constituir un negociado a partir del tráfico de influencias”. “¿No es curioso que unos muchachos se hayan convertido en multimillonarios de la noche a la mañana? Que el presidente Uribe –agregó el senador– explique si desconocía estos negocios de sus familiares. ¿Él, que está en todo, no sabía nada?”.

El senador Robledo –quien como arquitecto y profesor universitario conoce bien los mecanismos de valorización de la tierra– explicó que los familiares del Presidente compraron tierras rurales de relativamente bajo costo y las valorizaron muchísimo, porque, primero, el alcalde de Mosquera se las declaró industriales y, segundo, los ministros del gobierno se las convirtieron en Zona Franca Permanente. “El suelo vale según lo que se pueda hacer sobre él –explicó–, y es un gran negocio urbanizar tierra rural, que se compra por hectáreas y se vende por metros, y más si la declaran zona franca, que tiene especiales gabelas del gobierno”.

EL SENADOR ROBLEDO LE PIDE AL PROCURADOR INVESTIGAR AL MINISTRO PLATA POR EL CASO DE LOS HIJOS DEL PRESIDENTE URIBE

Oficina de Prensa, Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 21 de abril de 2009.

El senador Jorge Enrique Robledo solicitó hoy al Procurador General de la Nación investigar al ministro Luis Guillermo Plata en el caso de los hijos del presidente Uribe, pues este alto funcionario dijo desconocer que los hijos del primer mandatario fueran socios de la Zona Franca de Occidente, proyecto cuya gran valorización obedeció en parte a una decisión del ministro Plata.

En la solicitud al Procurador, Robledo pide investigar también a los demás altos funcionarios que participaron en la decisión.

A continuación, el texto del mensaje al Procurador:

Bogotá, 21 de abril de 2009

Doctor

ALEJANDRO ORDÓÑEZ

Procurador General de la Nación Ciudad

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, en distintos medios de comunicación, afirmó que, como integrante de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, no sabía que los señores Tomás y Jerónimo Uribe Moreno fueran copropietarios de los terrenos que hacen parte de la Zona Franca de Occidente.

El estudio de los títulos de la propiedad de los citados terrenos era un requisito de ley para la declaratoria de la Zona Franca de Occidente (artículo 393-2 del Decreto 2685 de 1999). El Ministro Plata se encontraba en la obligación de analizar estos documentos, por lo que debió enterarse de la relación entre los terrenos y los señores Uribe Moreno.

La otra posibilidad es que el ministro Plata sí hubiese sabido que los lotes pertenecían a los hijos del funcionario que lo había nombrado como ministro, es decir, el Presidente de la República, razón por la cual ha debido declararse impedido, omisión que constituye una falta gravísima.

Por estas razones, el señor Ministro de Comercio Exterior, Luis Guillermo Plata, presuntamente incurrió en una falta disciplinaria al omitir su deber de “cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado” (artículo 34 del Código Disciplinario Único).

Le solicito entonces que inicie la investigación disciplinaria pertinente para de determinar si el señor Ministro incumplió sus deberes como funcionario público. Igualmente, le pido que la Procuraduría investigue si el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga, el señor Director de la DIAN, Óscar Franco, la señora exdirectora del Departamento de Planeación Nacional, Carolina Rentería, y Cecilia Álvarez, exministra consejera del Presidente de la República, cumplieron con sus deberes en este mismo caso.

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO

Senador de la República

'Don Berna' asegura que Auc apoyó a campaña de Uribe en 2001

JUSTICIA Y PAZ. La abogada del ex jefeparamilitar le dijo al juez estadounidense, poco antes de que los sentenciara por narcotráfico, que su cliente había apoyado la campaña del Presidente y las muchos otros, pero no dio pruebas. También dijo que seguirá colaborando con Justicia y Paz.

Miércoles 22 Abril 2009

Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ´Don Berna´.

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• 31 años de cárcel en Estados Unidos para "Don Berna"

Con la aseveración de que las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) contribuyeron económica y políticamente en el 2001 a la campaña del entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, elegido a la postre Presidente del República, el confeso narcotraficante y jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna', anunció que apenas ha contado el 10 por ciento de lo que sabe y dijo estar dispuesto a seguir colaborando con Justicia y Paz.

La afirmación fue hecha a través de su abogada defensora, Margaret M. Shalley, durante la audiencia de sentencia condenatoria este miércoles en la Corte del Distrito Sur de New York, luego de que el juez federal Richard M. Berman le diera la palabra momentos antes de imponer una pena de 31 años de prisión a Murillo Bejarano y el pago de cerca de 4 millones de dólares.

Shalley leyó un extenso documento en el que presentó a Murillo Bejarano como un “patriota, un hombre que ha sido víctima de la violencia en Colombia”, quien había aportado mucho dinero a la elección del Presidente y había apoyado en el proceso electoral de las Auc, consideradas terroristas por el gobierno de Estados Unidos desde septiembre de 2001.

Es difícil saber aún, hasta donde el confeso narcotraficante, ex Inspector General de las Auc y sanguinario jefe de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, dijo la verdad o hasta donde fabricó esta versión con la pretensión de que el juez Berman atenuara su pena a último momento.

Hasta ahora que se sepa, 'Don Berna' no ha aportado a la justicia colombiana ni a la estadounidense pruebas contundentes de esta presunta colaboración con la campaña presidencial o la de otros candidatos, como tampoco ha dado pruebas de otras acusaciones que ha hecho en contra del general Mario Montoya, y contra el alcalde de Medellín.

En un escrito enviado el pasado 8 de abril, desde su lugar de reclusión en la Metropolitan Correctional Center de New York, donde está preso desde el 13 de mayo de 2008, cuando fue extraditado por decisión del gobierno colombiano, Murillo Bejarano dijo que había acordado con la Fiscalía General de la Nación participar con su versión de los hechos en los procesos por parapolítica que involucran a las ex congresistas Nancy Patricia Gutiérrez y Zulema del Carmen Zuleta Corrales.

De acuerdo con lo consignado en esa misiva, “las autoridades colombianas han solicitado que el señor Murillo Bejarano dé sus declaraciones lo más pronto posible a fin de facilitar la investigación”.

El testimonio del jefe paramilitar en esos procesos fue acordado el pasado 3 de abril durante la visita que le hiciera el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana. Su participación ahora depende, según lo declarado ante el juez federal, de los acuerdos entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos sobre los procedimientos técnicos para realizar una teleconferencia.

En ese mismo escrito, Shalley dijo que por “la voluminosa cantidad de información que posee” su cliente, su participación en el Proceso de Justicia y Paz podría durar dos años, “eso si comparece 2 ó 3 días por mes”.

Shalley, coordinadora del equipo de abogados que defiende a Murillo Bejarano en ese país, notificó al juez Berman que su cliente iniciará desde Estados Unidos las versiones libres en el proceso de Justicia y Paz el próximo 19 de mayo y continuará durante los días 20 y 21 siguientes.

Se presume que uno de los primeros temas que aborde sea el de Comuna 13 de Medellín, y explique no solo los detalles de su presunta colaboración con oficiales militares y policía durante la Operación Orión, sino que aporte también pruebas acerca de la estrategia de guerra que dejó por lo menos 72 desaparecidos entre octubre de 2002 y diciembre de 2003 en ese sector de la ciudad.

Además, se espera que precise los apoyos que recibieron sus bloques, en especial el Cacique Nutibara, que operó en Medellín y el área metropolitana, por parte de empresarios, comerciantes y políticos, y le responda a por lo menos 13.000 víctimas registradas en las bases de datos estatales y que alegan haber sido afectadas por hombres bajo su mando.

Roxanna Altholtz, directora adjunta de la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad California Berkeley, y quien representó durante el proceso a la madre de un joven desaparecido por hombres al mando de alias don Berna en la comuna 13 de Medellín, días después de finalizada la Operación Orión, declaró que los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz deben aprovechar esas primeras versiones para obtener detalles de la colaboración de Murillo con la fuerza pública y obtener información sobre el alcance y los detalles del apoyo que le dio a la campaña de Uribe Vélez en el año 2001.

“Para nuestra cliente, la persona que estamos representando, la prioridad era la verdad. Entonces, vamos a quedar satisfechos una vez que Murillo hable sobre lo que conoce de las matanzas de comuna 13. También vamos a quedar satisfechos si él, de hecho, cumple esa pena de 31 años”, declaró Altholz.

De acuerdo con esta jurista, la pena impuesta a 'Don Berna' es negociable, siempre y cuando brinde información sobre su participación en el negocio de narcotráfico y el Departamento de Justicia norteamericano lo acepte. “Nuestra tarea será monitorear este proceso de cerca”, dijo la jurista.

Iván Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas del Crímenes de Estado (Movice), destacó desde New York la aseveración hecha por la abogada defensora de Murillo Bejarano sobre los aportes de las Auc a la campaña de Uribe Vélez y aseveró que “es de mucho peso”.

“Es una afirmación muy grave que debe ser verificada por parte de las autoridades judiciales en Colombia”, reiteró Cepeda. “Y se suma a múltiples hechos que se han venido denunciando y que ya han sido judicializados en el país. No hay que olvidar que en Colombia ya hay sentencias condenando a importantes aliados políticos del presidente Uribe”.

Para este defensor de derechos humanos, lo importante es que la verdad comienza a aparecer como resultado del trabajo que han hecho en Estados Unidos las víctimas y sus abogados.

“Lo dijimos desde el momento que fueron extraditados los jefes paramilitares a este país: vamos a seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación en todos los escenarios posibles hasta que en Colombia pueda hacerse plena claridad sobre lo que ha significado la historia de sangre y de muerte de las Auc”, concluyó Cepeda.

Realizado en conjunto con la Agencia de Prensa, IPC.

El fallo que no fue

Revista Semana, Bogotá, abril 4 de 2009

Por considerarlo de importancia para la ciudadanía reproducimos aquí el artículo de Semana sobr el fallo del Procurador y adjuntamos los fallos, tanto el proyectado por Maya como el emitido por Ordoñez, así como la correspondiente comparación de los dos documentos.

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La ’Yidis-política’ ha sido sin duda uno de los más grandes escándalos del gobierno del presidente Álvaro Uribe. El país a veces tiende a olvidar que la reforma que permitió la reelección del primer mandatario estaba agonizando en el Congreso y que sólo en los últimos minutos el gobierno logró hacer que dos congresistas dieran una histórica voltereta.

La maniobra se hizo en un abrir y cerrar de ojos. Un día el país amaneció con la noticia de que la reelección estaba muerta, porque la noche anterior la mayoría de los representantes de la comisión primera habían sellado un pacto en su contra -con firma, foto y brindis con champaña- y apenas 48 horas después, los representantes Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, hasta ese momento dos perfectos desconocidos para el país, traicionaron el pacto y la reelección fue aprobada por 17 votos a favor y 16 en contra.

Hoy, cinco años después, la gente todavía no entiende cómo es posible que a Yidis Medina la Corte Suprema le aplique una condena de cuatro años de cárcel por haber ’vendido’ su voto a cambio de prebendas burocráticas, mientras que la contraparte, los que le ’compraron’ el voto, fueron absueltos hace tres semanas por el procurador Alejandro Ordóñez.

Ese fallo del Procurador provocó gran polémica y en varios sectores se entendió como la respuesta de por qué Ordóñez había sido elegido dos meses antes no sólo por un Congreso de mayoría uribista, sino también con el guiño de la Casa de Nariño.

Pero el país no se ha enterado de un detalle aún más sorprendente. El procurador saliente Edgardo Maya le dejó como herencia a su sucesor Ordóñez un fallo de 143 folios, sin firmar, sobre el caso. SEMANA conoció en su totalidad ese documento (ver facsímiles) y llama la atención que teniendo a mano las mismas pruebas, las conclusiones de Maya sean completamente contrarias a las que, dos meses después, llegó Ordóñez.

El fallo de Edgardo Maya afirma que el ministro Diego Palacio y el embajador Sabas Pretelt incurrieron en "faltas gravísimas" en el caso del voto de la entonces congresista Yidis Medina, se les sanciona con destitución y se les inhabilita para ejercer cargos públicos por 10 y 13 años respectivamente.

Las conclusiones del fallo son fulminantes: "el servidor Sabas Pretelt de la Vega incurrió en una indebida participación en política partidista y para ello habría utilizado su cargo, función y jerarquía con el ánimo de influir y participar activamente en la discusión de la reforma constitucional con el único objeto de viabilizar la candidatura por reelección del Presidente de la República, Álvaro Uribe" . Y agrega que "los ofrecimientos y el cumplimiento de los mismos habría puesto a los ministros y al viceministro (Hernán Angarita), sus funciones y su jerarquía al servicio de la señora Yidis Medina Padilla y su propio interés amparada en la contraprestación pactada por la decisión de voto del proyecto de interés para el gobierno".

Esta diferencia tan grande de criterio, entre una y otra Procuraduría, puede tener explicaciones. Las interpretaciones jurídicas no son una ciencia exacta y pueden variar de juez a juez. De hecho, en las más altas instancias de la justicia, como las Cortes, es común que no se pongan de acuerdo todos los magistrados sobre un caso concreto. A pesar de eso, no deja de asombrar o de ser una coincidencia de la historia jurídica de Colombia, que en un caso tan crucial como este dos personas elegidas para tan altas dignidades tengan criterios totalmente opuestos.

Como si fuera poco, un alto porcentaje de los argumentos de ambas sentencias son los mismos, hay decenas de páginas enteras idénticas, y sólo se aprecian diferencias en los 30 folios en los que la Procuraduría analiza los dos cargos más complicados para los ministros Palacio y Pretelt, el primero es en el que los acusa de haber abusado de su cargo para incidir en el voto de Yidis, y el segundo en que los investiga por hacer promesas burocráticas a los congresistas a cambio de su voto.

Ordóñez en estos dos capítulos del fallo, a diferencia de lo que hizo en el resto del mismo, decidió desechar las pruebas que había utilizado Maya y traer a colación otras del extenso arsenal probatorio más útiles para sustentar su tesis. Por ejemplo, para evaluar si a Yidis sí le dieron la notaria en Barranca a cambio de su voto, Ordóñez no tiene en cuenta pruebas documentales como los pagarés firmados por la notaria a Yidis ni tampoco le da importancia a testimonios de los directamente implicados, como la misma notaria, y sólo le dedica dos párrafos del fallo al caso de la notaría trascribiendo una respuesta que dio un amigo muy cercano de Yidis a un interrogatorio que le hizo el embajador Sabas Pretelt (ver recuadro).

Para la Procuraduría de Maya, "se estaría en presencia de una ilicitud sustancial, por el abuso de sus funciones, prerrogativas y cargos al haber ofrecido y otorgado la vinculación de recomendados de la servidora pública Yidis Medina Padilla con ocasión o por razón del trámite de un proyecto legislativo de interés para el gobierno".

¿Qué pasó? ¿Por qué cuando llegó a la Procuraduría Ordóñez no acogió el fallo que había proyectado Maya? ¿Cómo pueden ser tan distintos dos fallos que cuentan con los mismos elementos probatorios?

Sin duda, el caso es una verdadera papa caliente, para estos dos o para cualquier otro procurador. La ’Yidis-política’ es uno de los problemas que más ha mortificado a Álvaro Uribe en sus ya casi siete años de gobierno. Sobre todo, teniendo en cuenta que sigue siendo una amenaza dormida, pues cualquier fallo en contra de sus más leales escuderos podría dejar muy maltrecho el proyecto de una nueva reelección y, por lo tanto, su permanencia en el poder.

Más allá de las razones que tuvo uno u otro Procurador, la pregunta que queda pendiente es cuál de los dos fallos tiene la razón. O por lo menos cuál de los dos convence más desde su lógica jurídica. Puede ser ilustrativo comparar la respuesta que dan a la pregunta de si los dos ministros utilizaron de manera indebida su cargo para incidir sobre Yidis Medina y hacerle cambiar el voto.

En el fallo del despacho de Maya acopian muchas pruebas para demostrar la culpabilidad de los ministros. En una de las argumentaciones llegan a la conclusión de que Yidis no cambió su voto porque creyera que la reelección le convenía al país sino por prebendas, que por altruistas que fueran, eran ajenas al tema que se estaba discutiendo. Es decir, que ella admitió siempre haber cambiado su voto, y en este caso no importaba si era por puestos para ella o por inversión para su región. El gobierno replanteó su programa de inversión "no con base en un estudio adecuado y serio de necesidades e inversión sino para la satisfacción ’politiquera’ de Yidis Medina".

El fallo de Ordóñez analiza este punto desde un ángulo completamente distinto. Se dedica a mostrar las contradicciones en las que incurrió Yidis Medina para descartar la mayor parte de las pruebas. Dice que como ella, cuando hablaba en público, decía que había votado a favor de la reelección porque le prometieron mayor inversión en su región y, cuando hablaba en privado, que por puestos, no es posible saber a cuál de las dos Yidis creerle. Por lo tanto concluye que hay una "duda razonable" y absuelve a Diego Palacio y a Sabas Pretelt no porque sean inocentes, sino porque no puede probar su culpabilidad.

Quienes creen que la telenovela de la ’Yidis-política’ ya se acabó están muy equivocados. Todavía faltan dos capítulos críticos. El de la Fiscalía y el de la Procuraduría con Teodolindo. Por ahora apenas se acabó un capítulo muy a la colombiana: se ha castigado al que peca por la paga pero no al que paga por pecar.

Falta, por ejemplo, el capítulo Teodolindo, que esta semana tuvo un episodio muy movido. Un procurador delegado fue a la Corte Suprema a pedir que en el proceso penal condenen a Teodolindo Avendaño porque "fue parte de un eslabón criminal cuya omisión fue determinante y por esos delitos lo deben condenar". Esto podría interpretarse como un anticipo de que el destino del ex ministro Sabas Pretelt en el proceso Teodolindo en la Procuraduría puede tener un final distinto al que tuvo en el caso de Yidis (ver recuadro).

También falta la decisión de la Fiscalía sobre el embajador Sabas Pretelt y allá el caso también está teniendo el tratamiento de ’papa caliente’. El fiscal Mario Iguarán se declaró impedido por su amistad con el investigado, además de que fue su viceministro. El vicefiscal abrió entonces investigación preliminar hace un año, lo llamó a indagatoria en junio y hoy, a pesar de que es un caso donde ya prácticamente todas las pruebas son de dominio público, no hay ningún pronunciamiento. ¿Están esperando, como lo hizo el procurador Maya, a que se venza el período del Fiscal General en agosto para no tener que cargar con esa ’papa caliente’?

Hay quienes han comenzado a prender las alarmas porque la prescripción de estos delitos (cohecho por dar u ofrecer) se acerca. En un tema tan crítico para el país, y donde se está definiendo la legitimidad de las elecciones, no sólo es preocupante que existan contradicciones tan abismales entre los fallos de tipo penal de la Corte Suprema de Justicia y los de tipo disciplinario de la Procuraduría, sino que ahora aparezca este ’fallo fallido’ que siembra un manto de duda sobre la manera como se está haciendo la investigación de la ’Yidis-política’.

Proyecto de fallo sobre el caso de la Yidispolítica elaborado durante la procuraduría Maya

Fallo emitido por la procuraduría de Ordoñez sobre el caso de la Yidispolítica

Documento comparativo del proyecto de fallo de Maya y del fallo de Ordoñez

Así cuadraron las cuentas

http://www.semana.com/noticias-nacion/cuadraron-cuentas/122200.aspx

Luis Guillermo Giraldo, el cerebro del referendo, ideó una forma para lograr aportes individuales que lo puede enredar a él, a sus compañeros del Comité Promotor y a los donantes en eventuales responsabilidades penales

REFERENDO. Estas son las maromas con que los organizadores del referendo buscan justificar la violación de los topes electorales, la misma que los tiene en la mira de las autoridades.

Sábado 28 Marzo 2009

Ya está claro que los promotores del referendo para la reelección se rajaron en gramática. La manera como redactaron la pregunta a la cual la gente debe responder 'Sí' o 'No' tiene en entredicho la reelección de Álvaro Uribe para 2010. También se ha destapado que esos mismos promotores también tienen serias fallas de contabilidad.

La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral tomó una decisión que podría calificarse de valiente en el actual contexto político del país y abrió investigación a los promotores por la posible violación de los topes individuales previstos por la ley para la financiación del referendo.

Más allá de los topes, al ponerles la lupa a cientos de documentos recogidos en el expediente, se puede trazar un mapa de todas las acrobacias que han tenido que desplegar para tratar de hacer aparecer como legales las cuantiosas contribuciones recibidas.

El 17 de julio del año pasado Luis Guillermo Giraldo concretó la fórmula para financiar la costosa recolección de firmas. Se había puesto como meta recoger cinco millones de ellas para que no quedara duda de que los colombianos querían convocar un referendo para reelegir a Uribe. Eso le costaba 2.000 millones de pesos. Para ajustarse a los topes que impone la ley tenía dos alternativas. La primera, que cerca de 700 personas se metieran la mano al bolsillo y le dieran tres millones de pesos cada una. Y la segunda, buscarle una presentación acorde con la ley al dinero que ya habían aportado un puñado de amigos contratistas, comerciantes e industriales en donaciones de 20 millones a 150 millones de pesos.

La decisión fue presentarlo como un préstamo. Para eso aprovechó que el equipo que le estaba haciendo fuerza al referendo que hasta ese momento era uno solo, en el papel podía verse como dos distintos: por una parte la Asociación Colombia Primero y por otra el Comité de Promotores para la Reelección. Ambos eran presididos por Giraldo y tenían casi los mismos miembros. Ese día Giraldo autorizó un préstamo que para todo efecto práctico era, como se dice coloquialmente, de 'yo con yo'. Como presidente de la Asociación convocó a su junta directiva y le solicitó "autorización para dar un préstamo al Comité, a fin de formalizar las gestiones que se han venido adelantando". Así consta en las actas de la Asociación.

Ese mismo día, ésta firmó un 'contrato de préstamo' con el Comité de Promotores con unas gabelas muy especiales: no tenía un monto definido, el dinero ni siquiera tenía que pasar por manos del Comité porque la Asociación podría pagar directamente sus cuentas, el Comité no tendría que cancelar ningún tipo de interés y podría pagar el préstamo hasta un año después de que la Asociación se lo cobrara.

Hay dos detalles que han despertado inquietud sobre lo que verdaderamente se estaba haciendo. Por un lado, quien firma el préstamo por parte de la Asociación no es Giraldo como su presidente o representante legal que era en ese momento, sino Doris Ángel, como representante legal suplente. Giraldo habría podido firmarlo, pero el contrato quedaba con la firma de él estampada en dos partes: como quien da el dinero y como quien lo recibe. El otro aspecto, y quizás el más importante, es que la Asociación para ese momento, es decir, antes de que se concediera el préstamo, ya había desembolsado 1.180 millones de pesos de la campaña de recolección de firmas, según consta en su contabilidad. ¿Cómo van a justificar que el gasto de estos 1.180 millones de pesos se ajusta a los topes electorales sin préstamo de por medio? ¿Cómo se soporta ese desembolso sin que la junta de la Asociación lo hubiera autorizado? ¿En realidad era la Asociación la encargada de recoger la mayor parte del dinero para el referendo y la idea de la triangulación llegó tarde?

En la práctica, a la campaña del referendo sólo entraron 68 millones de pesos en efectivo y cheques, y 38 pagarés a su favor por 74 millones de pesos (que luego se endosaron a la Asociación y nadie ha hecho efectivos). Los otros cerca de 2.000 millones que se gastaron, se canalizaron a través de la Asociación.

El 11 de agosto, los promotores de la reelección con Luis Guillermo Giraldo a la cabeza, entregaron poco más de cinco millones de firmas en la Registraduría. El 2 de septiembre era el plazo máximo de rendición de cuentas. Ese día aplicaron la estrategia y presentaron una cuenta de cobro de la Asociación al Comité por un préstamo de 1.903 millones de pesos y un pagaré de Giraldo como vocero del Comité por ese mismo valor. Pero las autoridades electorales no cayeron en la maraña contable, construida para desviar la atención de los recursos realmente recibidos.

En la sorprendente contabilidad del referendo también aparece otro detalle que deja abiertos interrogantes. Se trata de un "evento artístico cultural en apoyo de la reelección presidencial", realizado el 28 de julio en el Hotel Dann de Bogotá. Los 500 invitados pagaban un bono de medio millón de pesos y a cambio les entregarían un cuadro del maestro Pío Uribe. También se rifaría otra obra del mismo artista avaluada en 15 millones de pesos. Es decir, se trataba de un aporte en especie equivalente a 265 millones de pesos, que no aparece en la contabilidad. Además, ese día sólo aparecen ingresos por cerca de 19 millones de pesos ¿Qué sucedió con el resto? ¿Acaso la asistencia fue baja? Más llamativo aún, en la contabilidad figura que al maestro le dieron 20 millones, es decir a razón de 40.000 pesos por cuadro.

Más allá de los malabares del préstamo, en cuanto a las donaciones hechas a la Asociación también hay reparos. Si se acepta que esas donaciones eran aportes que hacían particulares a una organización sin ánimo de lucro, lo mínimo que debían cumplir era un requisito en notaría que se conoce como escritura pública de insinuación notarial. Cuando las autoridades revisaron este punto encontraron que de las decenas de donaciones sólo una, la de RCN, se hizo antes de la entrega del dinero, el resto fueron posteriores, incluso algunas con ocho meses de retraso, cuando las autoridades indagaron sobre el tema.

Las dudas sobre este punto, que algunos pueden considerar menor, podría enredarles la vida a los aportantes si se llega a comprobar que se orquestó un tinglado para evadir el control de las autoridades. No sólo habrían violado los topes, sino que podrían iniciarse procesos contra ellos, al igual que contra los miembros del Comité de Promotores del referendo, por fraude procesal.

El otro hecho que sorprende en la documentación que han entregado los promotores del referendo para explicar sus actuaciones tiene que ver con los certificados que la Asociación Colombia Primero les ha dado a sus aportantes para efectos tributarios. En ellas (ver facsímil) dicen que el objeto de Colombia Primero es, entre otras "fomentar la solidaridad a favor de los discapacitados como consecuencia de la violencia y el conflicto armado en Colombia" y "prestar ayuda económica y sicológica a los afectados y a las viudas y huérfanos que ha dejado el conflicto". SEMANA buscó en la Cámara de Comercio los registros de esta Asociación y encontró que el principal objeto es ciertamente distinto al mencionado. Dice: "El fomento de todo tipo de actividades cívicas, culturales, ideológicas, sociales, investigativas, de iniciativas populares, de participación ciudadana y comunitaria, que se dirijan hacia la promoción de la democracia". ¿Qué buscaban los organizadores del referendo con este tipo de certificaciones? ¿Sería esta la forma de sustentar que los aportes que la Asociación recibió no eran para la recolección de firmas sino para las víctimas de la violencia?.

El manejo financiero de la campaña de recolección de firmas para el referendo no brilló propiamente por su trasparencia. El hecho de que la ley imponga unos topes para los aportes individuales no es un mero capricho del legislador, tiene una razón de ser fundamental y es que la convocatoria de un referendo -y más si se trata de uno como este que transforma la historia de las costumbres políticas en el país- tiene que surgir de un auténtico clamor del pueblo y no como resultado de una campaña montada por ciertos poderes económicos.

Con el buen desempeño del presidente Álvaro Uribe en las encuestas, es muy probable que se podrían recoger los millones de firmas necesarios para el referendo, sin tener que acudir a estos abultados aportes. Pero lo que no se puede admitir es que una iniciativa que propende por la democracia burle las normas mínimas del derecho.