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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER-COLOMBIA



Bucaramanga-Colombia. Sábado 29 de Agosto de 2009

EL COLECTIVO INFORMATIVO SUSURRO SE PERMITE INFORMAR A LA OPINION PÚBLICA LOS SIGUIENTES HECHOS:

El día miércoles 26 de agosto de 2009 siendo aproximadamente las 10:00 am se inicio una protesta estudiantil motivada por los "presuntos o supuestos" vínculos del actual rector de la Universidad Industrial de Santander Jaime Alberto Camacho Pico con grupos paramilitares, y por la cancelación de matricula por (2) dos semestres académicos a 6 estudiantes de pregrado, producto de procesos disciplinarios fraudulentos, viciados e ilegítimos.

Un grupo de estudiantes cubiertos su rostro se dirigió hacia la entrada principal de la universidad donde se produjo un enfrentamiento con integrantes del escuadrón móvil antidisturbios-ESMAD y con efectivos de la Policía, el cual duró alrededor de 6 horas. Durante dicho choque ocurrieron graves violaciones de derechos humanos, tal como fue el ingreso de la Policía Nacional por orden del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez al campus universitario en la ciudad de Bucaramanga, disparando gases lacrimógenos de forma indiscriminada y no autorizada por las leyes internacionales (disparan gases lacrimógenos con un ángulo de tiro menor a los 30 grados) y dirigiéndolos especialmente a los cuerpos de estudiantes que se encontraban al interior de la Universidad y en sus alrededores.

Esta violación de DDHH produjo varios heridos que sufrieron contusiones al ser impactados por dichos gases, también hicieron uso de armas no permitidas, tales como el lanzamiento de granadas aturdidoras y artefactos industriales que expulsan balines y perdigones.

En dicho enfrentamiento siendo aproximadamente las 4:00 pm, la estudiante de la Facultad de Ciencias LAURA ISAACS, fue detenida en predios de la Universidad, exactamente en la portería de Carrera 30 (donde no había enfrentamientos con la fuerza pública en ese instante). Al momento de la detención, agentes de la policía dispararon sus armas de fuego en 4 ocasiones como mínimo contra el estudiantado que se encontraba presente y golpearon brutalmente a la estudiante, la cual fue trasladada por miembros de la misma Policía Nacional al Hospital Universitario de Santander de Bucaramanga.

Alrededor de las 4:30 pm cuando ya no se presentaban ningún disturbio, ni enfrentamiento en las afueras de la Universidad, ocurre una persecución por parte de la fuerza pública al interior de la Universidad, siendo detenido arbitrariamente el estudiante de la carrera de Historia DANIEL ALEXANDER RUEDA OTERO, quien también fue golpeado indiscriminadamente, a tal punto que tuvo que ser llevado al Hospital Universitario de Santander-HUS. Dicho estudiante es acusado de terrorismo y de otros delitos, y en este momento se encuentra recluido en la cárcel modelo de la ciudad de Bucaramanga.

Debido a los hechos descritos anteriormente y teniendo en cuenta que la actual rectoría se ha planeado la vergonzosa tarea de continuar con la bandera de la persecución política a toda voz disidente que no esté de acuerdo con su nefasto gobierno universitario. Y que el actual gobierno nacional, junto con los distintos órganos de poder al interior de la universidad (Consejo Superior, Consejo Académico, Consejos de Facultad) no descansarán en ejecutar mas represalias contra el estudiantado y en continuar con el plan de tratar de vestir al movimiento estudiantil como terrorista y guerrillero, un método ya tradicional para seguir desviando y ocultando la realidad de la paramilitarización en nuestro claustro universitario.

Instamos y convocamos a las organizaciones sociales, corporaciones de abogados, organizaciones defensoras de derechos Humanos, ONGS y a los distintos colectivos estudiantiles se exija:

-La libertad inmediata para el estudiante Daniel Alexander Rueda Otero de la carera de Historia, el cual fue retenido y golpeado brutalmente por miembros de la Policía Nacional el día 26 de agosto dentro de la Universidad Industrial de Santander alrededor de las 4:30 pm, siendo trasladado al Hospital Universitario de Santander de Bucaramanga debido a los fuertes golpes ocasionados por efectivos de la Policía.

-Se haga responsable penalmente a los miembros del Consejo Superior y del Consejo Académico de la Universidad Industrial de Santander en cabeza del rector Jaime Alberto Camacho Pico, por lo que pueda acontecer con la vida de los 6 estudiantes que van hacer suspendidos por 2 semestres académicos a partir del mes de octubre de 2009. Estudiantes que fueron mencionados en la conversación entre el rector y el jefe paramilitar de nombre Felix en julio de 2007, y los cuales vienen siendo amenazados y declarados objetivo militar por miembros del denominado grupo paramilitar Águilas Negras.

-Se brinden medidas de protección a cada uno de los miembros de la comunidad universitaria que se encuentran hoy amenazados por estos grupos al margen de la ley.

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[ Se adjuntan imágenes que soportan lo descrito anteriormente ]

Testigo relata el horror de ejecuciones extrajudiciales en Colombia

Un sobreviviente de "los falsospositivos"

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Herido de dos balazos, en la nocturna soledad del monte, el campesino Aladino Ríos tuvo el aplomo de preguntar a sus captores por qué querían matarlo. Ninguno de los militares que participaban en la ejecución se atrevió a responder.

Milagrosamente sobreviviente, todavía espera una respuesta.

Ríos, de 33 años, escapó a una ejecución de falsos positivos a manos de la patrulla militar Berlín II, del Batallón Magdalena, acuartelado en el municipio de Pitalito, bajo las órdenes de la 9na. Brigada del Ejército, comandada por el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca, según lo establecido por la fiscalía.

Su compañero de abducción en la noche del 14 de agosto del 2007, Albeiro Hernández Cerón, de 25 años, fue ejecutado. El cadáver apareció con una pistola que nunca disparó ni era suya, de acuerdo con peritos judiciales.

"Yo estaba vuelto nada'', dijo Ríos, recordando las horas siguientes a su fuga, cuando desangrado y aterrado consiguió encontrar ayuda. "Y el otro muchacho quedó allá, amarrado''.

Según la denuncia ante la fiscalía, la muerte de Hernández, padre de un niño de 3 años y de una niña entonces por nacer, le valió una felicitación a la patrulla militar. Además, los militares le achacaron un historial delictivo que fue posteriormente descartado por la Fiscalía General de la Nación.

El Nuevo Herald entrevistó a Ríos, quien acaba de pedir la protección de Naciones Unidas tras haber narrado su caso a Philip Alston, relator de ese organismo para las ejecuciones extrajudiciales que el 8 de mayo inició en Colombia una visita investigativa de 10 días.

Su excepcional testimonio da fe de primera mano acerca de cómo funcionan por dentro, minuto a minuto, estas operaciones de ejecución extrajudicial: una tragedia que ha enlutado a miles de familias y ha escandalizado a la opinión del mundo. El término ‘‘falso positivo'' fue acuñado por la prensa colombiana. En la jerga militar del país, un "positivo'' es un enemigo dado de baja.

Ríos, padre de dos hijos, nació en el pueblo de Palestina y vivía de labrar la tierra como jornalero y servir de estibador en la plaza del mercado de Pitalito. El día de los hechos fue invitado por un conocido suyo, Alfredo Muñoz Botina, para que lo acompañara a una finca donde podría encontrar trabajo.

Muñoz, dijo Ríos, quedó en recogerlo a las 6:30 p.m. en el sitio conocido como Media Luna. Apareció a las 6:40 en un Renault azul acompañado por tres hombres: su cuñado; Alfonso Sánchez España y Hernández. Todos se conocían previamente. En ese momento, aclaró Ríos, él estaba acompañado también de Natalí Sánchez, quien hoy es testigo de los acontecimientos ante la fiscalía.

Muñoz y sus dos cómplices, según la fiscalía, condujeron a Ríos y Hernández hacia una finca cerca de la gallera de la Portada de Chillurco. Ambos iban confiados de que obtendrían un empleo temporal como labradores. Aproximadamente a 500 metros de la vía central que conduce de San José de Isnos a San Agustín el auto se desvió por una carretera no pavimentada y efectivos del ejército los detuvieron.

"Nos cogen como en forma de atraco, nos bajan al piso, nos retiran de la carretera colocándonos bocabajo a todas las cinco personas que íbamos en el vehículo'', relató Ríos.

Alumbrándoles los rostros con las pantallas de teléfonos celulares, dijo Ríos, les preguntaron los nombres a cada uno. Mientras examinaban su rostro, recordó, los militares se preguntaban: "¿Será que este es? ¿Será que no es?".

"Algunos uniformados decían que parecíamos campesinos'', dijo Ríos.

Unos 10 minutos más tarde los subieron amarrados a un vehículo que recién había llegado. Alrededor de las 9 p.m. fueron obligados a bajar en un paraje de San Vicente de Hornitos. Un cabo les advirtió que los matarían si intentaban escapar.

"Entonces, yo le digo que si va a pasar algo con nosotros que pase de una vez, porque nosotros no debemos nada'', afirmó Ríos.

Los militares, recordó, alegaban que los mantenían amarrados en espera de que llegara una mujer que debía identificarlos. La mujer nunca apareció.

"Nos arriman a un barranco y nos atan con los cordones de los [zapatos], nos quitan el otro amarrado y nos prestan unas capas de las que habitualmente usa el ejército para el frío'', relató.

Cerca de las 10:30 p.m., precisó, se escucharon disparos y gritos lejos en la carretera. Preguntó a un soldado qué había pasado con los otros tres acompañantes y éste contestó que también los tenían detenidos pero aparte. Alrededor de la medianoche, escuchó cuando uno de los soldados dio la orden de que pusieran a su disposición al detenido de menor altura.

"Era yo. Entonces, le dije: ‘Señor, yo estoy amarrado'. Me sacan de los pies, me acomodo los cordones y me sacan cogido de la correa por el lado derecho y cuando vamos saliendo hacia la vía central, me dicen: ‘¿Usted no se quiere ir para la guerrilla?' ''.

Ríos recordó haber contestado: "No, señor. Yo he sido del campo y me ha gustado la vida libre y no he prestado el servicio [militar] siquiera''.

Uno de los militares, entonces, le dijo que alguien le iba a pasar un celular para que le pidiera dinero a su familia.

Ríos repuso: "Señor, pero explíqueme qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que pasa''.

Entonces, le abrieron fuego. Los primeros impactos le fracturaron la clavícula y el omóplato. Desde el suelo, dándose ya por muerto, alzó la cabeza y preguntó al militar que le había disparado con una pistola: "¿Señor, porqué me mata? Yo no debo nada. El señor se queda mirándome, no me dice nada ni me dispara más''.

Al otro lado de la carretera hay un soldado que parece dispuesto a dispararle, recordó Ríos.

"Pienso que me quería disparar nuevamente'', dijo. "Pero no. Se retiran, ni me disparan ni hacen nada''.

Al ver que no volvían a dispararle, toma una decisión crucial: sale corriendo a través de un potrero. Un soldado da la voz de alarma: "¡Se nos voló!''

"Me siguen disparando, pero ya los disparos son con arma larga. Ya es puro [fusil] Galil'', recordó.

Una ráfaga le arranca los testículos. También fue herido en las piernas y en la cabeza.

"La ráfaga viene de atrás para adelante y me vacían los testículos, queda una tronera bastante grande en el pantalón'', comentó Ríos. "[. . .] Cuando ya me siento así yo me deslizo por debajo del cerco y cogí el potrero y corrí aproximadamente cinco o diez metros y me hice detrás de un árbol''.

Los soldados no se esfuerzan demasiado por buscarlo, tal vez creyéndolo muerto. Uno de ellos, sin embargo, se detiene a pocos pasos, tratando de escuchar, de ver una hoja moviéndose en la oscura maleza. Ríos permaneció escondido por un tiempo detrás de un árbol. Cerca de las 12:30 a.m. salió a la carretera más cercana.

"Me orienté con miedo y sin miedo, como fuera'', dijo.

Días después, acompañado por investigadores de la fiscalía, calculó que había caminado cuatro kilómetros hasta llegar a la casa de Ana Gloria Muñoz.

"Me iba a echar para el hospital, pero yo le pedí el favor de que me dejara ahí'', contó Ríos. "Le conté lo que me había pasado''.

Ana Gloria le dijo: "Usted se muere''.

Ríos respondió: "Si usted me va a colaborar [ayudar], me hace el favor y me deja aquí''.


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Frase Del Día

El ex detective Luis Ignacio Zapata le explicó sencillamente a la Fiscalía: “Noguera nos manifestó que no persiguiéramos a las autodefensas sino a la guerrilla, que era una orden presidencial”.

El DAS, una olla podrida


http://elespectador.com/impreso/temadeldia/articuloimpreso143071-el-das-una-olla-podrida

El nuevo Pallomari

Por Daniel Coronell - Revista Semana

OPINIÓN. Son demasiados "hechos aislados" como para creer que ocurrieron al azar. El capitán Lagos tiene claves para armar el rompecabezas.

Sábado 16 Mayo 2009

La justicia colombiana y la comunidad internacional deben velar por la protección del ex jefe de Contrainteligencia del DAS, capitán Jorge Alberto Lagos, quien ha empezado a destapar el alcance de la guerra sucia adelantada desde esa entidad contra la Corte Suprema de Justicia, líderes de la oposición y periodistas.

Lagos y su familia son blancos obvios de quienes buscan ocultar el uso criminal y político que miembros del gobierno le han dado a las herramientas de inteligencia del Estado.

Esta semana, Noticias RCN reveló que el capitán Lagos señaló ante la Fiscalía la identidad de algunos de los directos receptores de la información obtenida ilegalmente. Según su versión, él mismo le entregó reportes detallados de seguimientos al entonces consejero presidencial José Obdulio Gaviria; al secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y a otros dos asesores del Jefe de Estado.

Unas horas antes de la revelación -en una impecable entrevista conducida por Vicky Dávila- la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, admitió por primera vez que las investigaciones, sin orden judicial, a magistrados de la Corte Suprema nacieron de una inquietud del Presidente de la República.

Los eslabones inicial y final de la cadena están a la vista: los seguimientos ilegales surgieron de una preocupación del Presidente, y los informes -algunos de los cuales ignoraba la propia directora del DAS- fueron entregados a altos asesores del mandatario.

Pero ahí no paran las coincidencias. Dentro del mismo plan, José Obdulio Gaviria filtró a medios de comunicación una fotografía en la que supuestamente aparecía el cuestionado empresario Ascencio Reyes en la posesión del fiscal Mario Iguarán. La conjura resultó deslucida porque el hombre que salía en la foto no era Reyes.

Las filtraciones eran parciales y sesgadas. Mientras trataban de poner en la picota a magistrados incómodos para el gobierno, soslayaban la información comprometedora de otros miembros de la rama judicial, considerados aliados incondicionales del Ejecutivo. Cuando todo esto se destape conoceremos, por ejemplo, las relaciones financieras entre Reyes y un tristemente célebre miembro del Consejo Superior de la Judicatura.

Embriagados por el exceso de poder, altos funcionarios de la Presidencia se aliaron con la mafia para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y a sus contradictores.

Un resultado de esta asociación es la carta al Presidente de alias 'Tasmania' con la que el gobierno intentó desacreditar la investigación de la para-política. 'Tasmania' aclaró después que todo era un montaje contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez. Detrás del plan estaban, según él, el abogado de alias el 'Tuso', el ex senador Mario Uribe y Santiago Uribe, el hermano del Presidente. La carta fue recogida por Martha Leal, alta funcionaria del DAS, por orden que Bernardo Moreno le diera a María del Pilar Hurtado.

Otro tanto sucedió con las falsas retractaciones del hoy asesinado Francisco Villalba. La carta en la que retiraba señalamientos al Presidente por la masacre de El Aro resultó escrita por Chucho Sarria, el viudo de la 'Monita retrechera'. Mientras estuvo en la cárcel, Sarria tuvo contacto con el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, a través de una voluntaria llamada María Victoria Millán, compañera de grupo de oración del doctor Del Castillo.

Y eso sin hablar de la reunión con 'Job', de la cual pronto se conocerán nuevos y reveladores antecedentes.

Son demasiados "hechos aislados" como para creer que ocurrieron por azar. El capitán Lagos tiene claves para empezar a armar el rompecabezas.

P.D.: Después de 17 años desaparece de El Colombiano la columna de Javier Darío Restrepo. La vida y el trabajo de Javier Darío son el mejor ejemplo del buen periodismo. Sus opiniones, siempre lúcidas, han sido una guía constante en medio de las tinieblas del unanimismo.

"Plazas Vega continúa dilatando su juicio": víctimas

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En su primera entrevista desde su detención, por los desaparecidos del Palacio de Justicia, el coronel (r)Alfonso Plazas advirtió que se limitó a entregar los rehenes con vida al coronel Edilberto Sánchez Rubiano.
En su primera entrevista desde su detención, por los desaparecidos del Palacio de Justicia, el coronel (r)Alfonso Plazas advirtió que se limitó a entregar los rehenes con vida al coronel Edilberto Sánchez Rubiano.

JUSTICIA
. El coronel (r) Plazas Vega, quien fue llamado a juicio por su presunta participación en las desapariciones del Palacio de Justicia, recusó a la juez que lleva su caso con lo cual su juicio quedó aplazado una vez más.

Martes 19 Mayo 2009

Ya han pasado casi 24 años del episodio conocido como “el holocausto” del Palacio de Justicia, en el que el M-19 se tomó las instalaciones de ese edificio y el Ejército intentó recuperarlo a sangre y fuego. En el hecho conocido como “la retoma del Palacio” murieron 94 personas –entre guerrilleros, magistrados, visitantes y trabajadores del edificio-, y otras 11 están desaparecidas.

El episodio en el que presuntamente personal del Ejército cometió delitos de lesa humanidad continúa siendo un lunar para la justicia colombiana, pese a que en 2005, el Fiscal Mario Iguarán, decidiera reabrir las investigaciones.

El coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, el mayor (r) Óscar William Vásquez y tres suboficiales del Ejército quedaron en libertad el 30 de octubre pasado, por vencimiento de términos, pese a que la Fiscalía había emitido una orden de aseguramiento en su contra; el ex comandante de Inteligencia y Contra Inteligencia, Iván Ramírez, quien está detenido desde enero de este año todavía no ha tenido su primera audiencia; y el juicio al coronel Afonso Plazas Vega, tras dos años y medio de proceso todavía no ha sido fallado.

Este martes, se esperaba que comenzara la etapa final del juicio a Plazas Vega, quien es procesado por su presunta participación en las desapariciones del Palacio de Justicia. El proceso, sin embargo se postergará otros 20 días, pues Plazas Vega recusó a la juez que lleva su caso, María Cristina Trejos. Plazas argumentó que la juez no era imparcial y que no había atendido a sus solicitudes y por eso pidió al Tribunal que decida si ella es o no competente para juzgarlo a él.

No es la primera vez que con recursos jurídicos y administrativos Plazas Vega dilata su proceso. Mese atrás la defensa del coronel intentó apelar a la Justicia Penal Militar para evitar el juicio de la justicia ordinaria. No obstante, en segunda instancia el Consejo Superior de la Judicatura argumentó que por tratarse de delitos de lesa humanidad, Plazas Vega debía ser juzgado por un juez civil, como lo ordena la jurisprudencia internacional. Este año este proceso solo ha tenido dos diligencias.

Sobre el poco avance de la justicia una vez se reabrió la investigación, los familiares de las víctimas han denunciado que se trata de una estrategia de dilación de Plazas Vega, que incluye cambios de abogados, excusas de enfermedad y el intento de que su proceso pase a la justicia militar.

En el mismo sentido el abogado y columnista Ramiro Bejarano ha dicho que lo que buscan los acusados es impedir que la justicia emita un fallo antes de que el Fiscal General Mario Iguarán termine su período. La razón es que con la llegada de un nuevo Fiscal, la actual encargada del caso, la fiscal Ángela Buitrago, podría ser retirada de la investigación.

Para Rene Guarín, hermano de Cristina, la empleada de la cafetería desaparecida, este proceso "nos ha sido esquivo en verdad y justicia por casi 24 años. Sin lugar a dudas es una prueba de paciente lucha por la dignidad en un país que hemos visto desmoronarse durante casi un cuarto de siglo".

Así, tras varios impases para que la justicia defina si Plazas Vega es o no culpable, los familiares de las víctimas esperan que concluya por fin este proceso.

Después de cambiar siete veces de abogado, el coronel Plazas Vega deberá enfrentar tres testimonios claves que lo relacionan con las desapariciones:

El del soldado Edgar Villamizar Espinal quien afirma que en la Escuela de Caballería fueron torturados hasta la muerte 2 empleados de la cafetería: el administrador Carlos Rodriguez Vera y la cajera Cristina Guarin Cortés; el del cabo Tirso Sáenz (detenido en la cárcel de Combita) quien ha afirmado que en un tanque fueron llevados 4 civiles que salieron del Palacio para ser interrogados en la Escuela de Caballería, de la cual Plazas Vega era el comandante; y el del ex asesor de la Alcaldía de Bogotá, en el año 85, Cesar Sánchez Cuesta, quien ha dicho que cuando indagó a Plazas Vega sobre la suerte del administrador de cafetería recibió como respuesta que dejara ese tema quieto por razones de seguridad nacional.

A propósito, Semana.com recuerda cuáles han sido los hechos más importantes a lo largo de la historia de este caso:

CRONOLOGÍA DE LA IMPUNIDAD

Noviembre 6 y 7 de 1985: El M-19 se toma el Palacio de Justicia y el Ejército. La Policía y organismos de seguridad lo “recuperan” con tanques y disparos que dejan 94 muertos y 11 desaparecidos.

Agosto 1 de 1989: Ricardo Gámez, un ex informante del Ejército, radicó una declaración en la Procuraduría General de la Nación en la que afirmó haber sido testigo de las torturas y las desapariciones del Palacio de Justicia. Su testimonio fue desechado por la Procuraduría delegada ante el Ejército y por la Fiscalía, por lo cual no hace parte del proceso. Plazas Vega a afirmado que ese testigo es un mentiroso que “ni fue policía ni trabajó para el Ejército ni en inteligencia”.

Ese mismo año fueron absueltos por la Justicia Militar, en el caso de la desaparición de la guerrillera Irma Franco, el general Jesús Arias Cabrales, entonces comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército, y el coronel retirado Sánchez Rubiano, con el argumento de que su comportamiento fue en debida obediencia y en actos del servicio.

Diciembre 6 de 2005: 20 años después, el Fiscal Mario Iguarán asume nuevamente la investigación por las desapariciones del Palacio de Justicia, luego de que el Consejo de Estado reconoció la responsabilidad del Estado Colombiano en la desaparición de Cristina Guarin Cortés (ver documento adjunto).

Agosto 22 de 2006: La Fiscalía decide vincular al proceso al coronel retirado, Edilberto Sánchez Rubiano, quien era el comandante del B2 y coordinó parte de las operaciones militares. El 15 de noviembre de ese mismo año fue detenido por los mismos hechos.

Febrero 15 de 2007: La Fiscalía vincula al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega al proceso.

Julio 14 de 2007: La Fiscalía ordena la captura de Plazas Vega.

Septiembre 8 de 2007: Plazas Vega admite en entrevista con Semana.com que es posible que haya habido desaparecidos. (Lea aquí la entrevista)

Febrero 12 de 2008: Comienza el juicio de Plazas Vega.

Febrero 18 de 2008: Fue vinculado al proceso el general retirado, Iván Ramirez Quintero, ex comandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici).

Abril 4 de 2008: En entrevista con El Espectador, Plazas Vega asegura que el Ejército llevó a la Casa del Florero personas que salieron vivas del Palacio de Justicia el día de los hechos y que después fueron ejecutadas. (Lea la entrevista aquí)

Mayo 27 de 2008: La Fiscalía ordena la captura del mayor general en retiro Iván Ramirez Quintero.

Junio 26 de 2008: Son vinculados al proceso los generales Rafael Samudio Mollina (ex comandante del Ejército) y Jesús Armando Arias Cabrales (ex comandante brigada 13).

Octubre 9 de 2008: La Fiscalía emite orden de captura contra general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales.

Octubre 28 de 2008: Plazas Vega dice que cadáveres de desaparecidos están en Universidad Nacional. Días después el jefe del Laboratorio de Antropología Física de esa universidad, José Vicente Rodríguez lo desmiente. (Lea el pronunciamiento de Rodríguez).

Octubre 30 de 2008: Quedan libres por vencimiento de términos en el juzgado 51 penal el coronel Sánchez y 4 militares más.

Enero 21 de 2009: Ramírez Quintero es llamado a juicio, mientras está detenido en el Batallón de Ingenieros.

Febrero 13 de 2009: Consejo Superior de la Judicatura niega a Plazas solicitud para ser procesado por justicia penal militar. (Lea la noticia)

Marzo 9 de 2009: Arias Cabrales es llamado a juicio.

Mayo 5 de 2009: Plazas Vega, durante una diligencia judicial golpea a quienes protestaban a la entrada de los juzgados. Ese día presenta una excusa médica para no estar en la diligencia argumentando enfermedad. (Vea el video de la agresión)

Mayo 18 de 2009: En entrevista con María Isabel Rueda, Plazas Vega dice que 10 de las 11 personas contadas como desaparecidas fueron ejecutadas por el M19 en el cuarto piso del Palacio de Justicia. (Lea la entrevista)

Agresión de la policia londinense fue la causa de la muerte del ciudadano en las protestas del G-20



The Guardian obtuvo esta filmación sobre Ian Tomlinson, en una protesta en Londres del G20 poco antes de morir. Muestra a Tomlinson, que no formaba parte de la manifestación, siendo atacado vilmente por detrás y empujado al suelo por la policía. Minutos más tarde moriría debido a un ataque cardíaco producto de esta agresión.