Dosis de personalidad
Editorial| 27 Mar 2009 - 11:00 pm
Aunque el llamado era a portar una dosis de personalidad, una dosis de aquello que las personas consumen para el gozo normal y cotidiano de sus vidas, la mayoría de los presentes interpretó que el guiño obvio de la iniciativa era contra el deseo del gobierno Uribe de penalizar la dosis mínima. Como tal, las prédicas en pro del consumo de drogas ilícitas no se hicieron esperar. Aunque pocos, no faltó quienes hicieron caso omiso de las instrucciones de los organizadores y, en franca actitud desafiante, encendieron sus dosis mínimas de marihuana. Y nada ocurrió. No hubo asesinatos, robos o cataclismos. La jornada transcurrió de manera pacífica.
A pesar de la lluvia, acudieron al evento cientos de personas, en su mayoría jóvenes, en compañía de artistas, políticos, escritores e intelectuales. Cada asistente con su dosis de personalidad, decididos todos a inmortalizar el momento en una foto. Decididos, pues, a “salir del clóset”, a dejar atrás la doble moral de quien predica en lo público y transgrede en lo privado, y a aceptar abiertamente que consumen —o defienden el consumo— de la dosis mínima.
La manifestación puso de presente que el consumo de sustancias psicoactivas es interpretado, en su mayoría, desde el lente de las libertades individuales. En 1994 la Corte Constitucional se basó en estos argumentos para despenalizar el porte y consumo de la dosis mínima, aduciendo que “…el legislador puede prescribirme la forma en que debo comportarme con otros, pero no la forma en que debo comportarme conmigo mismo, en la medida en que mi conducta no interfiere con la órbita de acción de nadie”. Según la jurisprudencia de la Corte, la acción de consumir sustancias alteradoras del estado de la conciencia, tanto legales como ilegales, es un acto que pertenece a la esfera privada de las personas. Es innegable, como lo han señalado los detractores de la dosis personal, que los actos de una persona bajo la influencia de sustancias psicoativas pueden tener efectos adversos sobre los derechos de terceros. Sin embargo, la mirada de la Corte se centra en el acto de consumir. Las consecuencias sobre el comportamiento de ese consumo son puntos independientes. Como dice la misma Corte, “a una persona no pueden castigarla por lo que posiblemente hará, sino por lo que efectivamente hace”.
En la misma línea, toma fuerza la posición de que el consumo de drogas y la lucha contra el narcotráfico son temas independientes e inconexos. Y la pierde el usual argumento, expresado en este diario por el candidato presidencial Andrés Arias, de que “no puede ser que Colombia sea el país que ha hecho el sacrificio más grande en la lucha contra el narcotráfico. Todo para que en la calle se permita la venta dosificada de drogas”. Pretender restringir las libertades individuales otorgadas por el Estado para establecer una mayor coherencia con una política de gobierno viola los principios más básicos de la Constitución.
Por lo demás, quedó demostrado que la movilización ciudadana, esa capacidad de organización no partidista que pretende exigir y hacerse notar en defensa de una causa específica, no le es ajena a nuestros jóvenes colombianos tan fácilmente tildados de apáticos y escapistas. El Gobierno puede hacer caso omiso del debate sobre las libertades para imponer, de paso, su propia versión de lo que son y deben ser los ciudadanos “buenos”, pero difícilmente pasará por encima de una juventud que haciendo uso de nuevas formas de organización virtual y con propuestas atractivas para los medios masivos de comunicación, probó que está dispuesta a pasar a la resistencia civil por medios pacíficos.
Rector de la UPC espera notificación de la Procuraduría
El rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, el ingeniero Abdo Barrera Mejía todavía no ha sido notificado de la decisión de la Procuraduría Regional del Cesar, la que ordenó la apertura de una indagación preliminar contra él y los miembros del Consejo Superior Universitario, por haberlo elegido sin presuntamente cumplir todos los requisitos para ese cargo.
El Rector se encuentra en Venezuela en labores de capacitación ya que está estudiando en una universidad de ese país y su regreso será la próxima semana.
La decisión del Organismo de Control se hizo ante una denuncia instaurada por José Rafael Sierra Lafourie, quien señaló que tanto los miembros del Consejo Superior como el Rector encargado habrían violado los estatutos internos al posesionar a este último sin que tuviese la experiencia académica mínima de cinco años.
Vanguardia logró contactar al consejero Emiliano Piedrahita Porras, quien señaló que respetaba la decisión de la Procuraduría, pero no la compartía porque el Rector encargado cumple los requisitos para ese cargo, ya que la experiencia de tipo académica no es solamente la que tiene como docente sino por otros desempeños.
Entre esas otras funciones mencionó que ha hecho parte de los equipos de investigación de varios proyectos y también ha estado al frente de los Ceres de Codazzi y Aguachica, además de desarrollar actividades con pares académicos.
En relación con la experiencia administrativa de Abdo Barrera, señaló que en su hoja de vida se reseña un tiempo muy superior al mínimo exigido.
Piedrahita indicó que estará presto, junto a los demás consejeros, a atender los llamados que les haga el Organismo de Control.
Vinculados
Los consejeros vinculados al proceso son: Ernesto Orozco Durán, Carlos Gilberto Hernández Martínez, Adaluz Almenarez Campo, Emiliano Piedrahita Porras, Víctor Vega Berbén y Elberto Pumarejo Cotes.
Siguen amenazas
El consejero de la UPC Emiliano Piedrahita denunció que sigue recibiendo amenazas de muerte mediante llamadas telefónicas y que las autoridades todavía no implementan un mecanismo de seguridad que pueda garantizarle la tranquilidad.
Dijo que aún no les han asignado ninguna escolta personal y lo que les ha suministrado la Policía Nacional es una persona a la que denominan ‘padrino’, pero que hace presencia por su lugar de residencia cada dos o tres días.
Indagación preliminar contra Consejo Superior y rector encargado de la UPC
Ordenó la Procuraduría
La Procuraduría Regional del Cesar ordenó la apertura de una indagación preliminar contra los miembros del Consejo Superior Universitario y el Rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, quienes habrían violado los estatutos internos al posesionar a este último sin el cumplimiento de los requisitos.
Abdo Enrique Barrera Mejía, ingeniero industrial, fue posesionado a mediados de febrero de este año.
http://elpilon.com.co/noticias/not00024383.htm