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Desprecio por la ley

Opinión| 18 Jul 2009 - 1:27 am

Ramiro Bejarano Guzmán

Notas de Buhardilla

Por: Ramiro Bejarano Guzmán
NADA DE LO QUE HACE ESTE GOBIERno corrupto, mafioso y perseguidor, se apega a la ley. Siempre hay un camino del atajo, para que lo impresentable parezca normal, o para que se vean decentes quienes no lo son.

El más reciente ejemplo tiene que ver con las bases militares en Colombia, episodio que el Gobierno pudiendo haber manejado sin suscitar molestias, lo convirtió en un enredo. Nadie se opone a la cooperación americana en la lucha contra el narcotráfico, pero resulta que nuestra Constitución, en los artículos 173 y 237, tiene definido que el tránsito de tropas extranjeras en nuestro territorio tiene que ser autorizado por el Senado y además consultado con el Consejo de Estado.

Tuvo que protestarle al Gobierno el presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de Lafont, para que los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores salieran precipitadamente a decir que sí lo consultarían, antes de concluir el acuerdo sobre presencia militar gringa en tres bases criollas. Pero como primero cae un mentiroso que un cojo, se les olvidó a los ministros que llevan muchos días diciéndonos que ya estaba concluido el acuerdo con los Estados Unidos, de manera que lo que hicieron fue avanzar en esos trámites sin haber oído al Consejo de Estado, ni haber solicitado la autorización del Senado. Cuando se sintieron cogidos, acataron a medias la ley.

Y claro, a un Procurador cómplice, como Alejandro Ordóñez, le importa un pito que se violen normas constitucionales.

El mismo desdén del Gobierno por el derecho se da con su empeño en sacar adelante el referendo reeleccionista, cuyos promotores siguen gozando de impunidad a pesar de los graves delitos de que están acusados.

La última que se ha inventado el Gobierno es el disparate que ha propalado el jefe del transfuguismo político, Rodrigo Rivera, según el cual, los parlamentarios podrían votar el irregular referendo sin verse expuestos a una acusación penal, si lo hacen por orden de las bancadas de cada partido. Es decir, que todos delincan para que no se note, y además por cuenta de los partidos, que no son sujetos de responsabilidad penal.

Y el tema de la elección de Fiscal, salpicado de múltiples dudas, parece no importarle al Gobierno. Cuando esperábamos un comunicado de la Presidencia en el que supuestamente se pronunciaría sobre todos los sucesos que han rodeado este accidentado nombramiento, en vez de una explicación sensata divulgaron un listado de sentencias supuestamente proferidas por uno de los candidatos, sin aclarar que el 90% de esos fallos fueron proyectados por otros funcionarios. Sobre las acusaciones y reparos a los aspirantes, ni pío.

A propósito, es obvio que el doctor Juan Ángel Palacio, acusado por un magistrado auxiliar, tiene derecho a la defensa, pero sobre todo a una que convenza, pues asunto tan grave no puede enterrarse con una decisión tan endeble como la que profirió la Fiscalía, además sin su presencia y la del denunciante.

Lo que sí no puede ocurrir es que el valeroso y recto magistrado auxiliar del Consejo de Estado Hugo Marín termine siendo el chivo expiatorio de este espinoso cuento. Conozco de vista, trato y comunicación a Marín, desde los salones del Externado, donde fue mi discípulo —por cierto destacado—, luego mi subalterno cuando ejercí responsabilidades públicas, después he sido testigo de su rectitud y dedicación en la rama judicial. Si hubiere muchos Marín en la justicia, otra sería la historia.

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Adenda. ¿Quiénes de los ambientalistas a ultranza que hoy se rasgan furiosos las vestiduras por el fusilamiento de los hipopótamos, protestaron por los “falsos positivos”?

notasdebuhardilla@hotmail.com

  • Ramiro Bejarano Guzmán

PARLAMENTO CANADIENSE HIZO ENÉRGICOS CUESTIONAMIENTOS A GOBIERNO COLOMBIANO

RECALCA, Bogotá, junio 1 de 2009

Un vendaval de críticas fue lo que sufrió el gobierno colombiano el pasado 25 de mayo en el parlamento canadiense, al debatirse la ratificación del Tratado de Libre Comercio, obligando al partido Conservador -en el poder- a retirar el proyecto de la agenda legislativa. Todos los escándalos que rodean al gobierno de Uribe Vélez salieron a relucir en el debate.

Serge Cardin, parlamentario del Bloque Quebequense, resaltó que “destacados críticos del gobierno estuvieron bajo vigilancia electrónica, incluso jueces que han condenado a paramilitares y narcotraficantes con posibles vínculos con el gobierno. Además del pisoteo a los derechos humanos, el gobierno de Uribe hace caso omiso a los derechos democráticos también”.

Por su parte, el parlamentario liberal Scott Brison, manifestó estar “preocupado por la sugerencia de que el presidente Uribe puede solicitar una enmienda constitucional sin precedentes para garantizar un tercer mandato consecutivo”, y agregó que “exigirá respuestas al gobierno colombiano, antes de estar dispuestos a apoyar el TLC” refiriéndose al tema de derechos humanos.

Incluso los hijos del primer mandatario colombiano fueron tema de debate; el parlamentario del Nuevo Partido Demócrata, Peter Julian, señaló “las últimas revelaciones por el escándalo de tráfico de influencias de los dos hijos del presidente, Tomás y Jerónimo”. Para Julian “no existe ni una sola respetable organización de derechos humanos que apoye la línea del gobierno”.

Pero lo más significativo fueron los cuestionamientos provenientes del partido liberal, quienes habían manifestado su apoyo a la aprobación del tratado. La parlamentaria de ese partido, Maria Minna, se refirió específicamente al caso de los desplazados en Colombia: “Esto está ocurriendo en las zonas que son ricas en cultivos, ricas en minerales y ricas en petróleo y gas. ¿Qué significa eso? que las compañías canadienses están explorando en estos terrenos, donde las personas han sido obligadas a abandonar sus tierras y, a veces, han sido asesinadas”. La parlamentaria también abordó el tema de los “falsos positivos” y manifestó: “el Presidente Uribe inicialmente había apoyado a los militares diciendo que nada de esto era cierto. Uribe ha negado que la situación existía, y solo actuó cuando fue presionado por Estados Unidos”.

Ante la avalancha de acusaciones, la defensa de los parlamentarios conservadores fue peor que la crítica. Demostrando un absoluto desconocimiento del país, el parlamentario Ron Cannan dijo que cuando estuvo en Colombio vio grandes avances, especialmente en Bogotá: “Es una ciudad muy progresista con una universidad. Tienen la esperanza de aprender de países como Canadá”.

“Colombia es la peor catástrofe en el hemisferio
en términos de derechos humanos”

Ésta fue la conclusión de Serge Cardin, parlamentario del Bloque Quebequense y, por ello, pidió a todos los parlamentarios “votar en contra y rechazar el TLC entre Canadá y Colombia. Creo que esta es una cuestión de dignidad humana”.

Ante tal situación y no contar con las mayorías necesarias para aprobar el proyecto, el partido Liberal -a través de Maria Minna- le pidió al gobierno “retirar el proyecto de ley y, al menos, tomar en cuenta las recomendaciones formuladas por la comisión permanente para hacer una evaluación de los derechos humanos”. Recomendación aceptada por los conservadores, quienes no presentaron el proyecto en la agenda legislativa del 26, 27 y 28 de mayo, donde en cambio se leyeron varias constancias y peticiones de rechazo al TLC. “El Primer Ministro Harper definió que su supervivencia es más valiosa que el TLC”, declararon organizaciones canadienses.

Movimientos sociales canadienses y colombianos han trabajado conjuntamente para presionar al parlamento a rechazar este acuerdo. Estos son: el Consejo Laboral Canadiense, La Chiva, Mingas, SOS Colombia, el Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional - Grupo de Política sobre las Américas, el Consejo de Canadienses, Fronteras Comunes de Canadá, y por Colombia RECALCA, que agrupa a los opositores al TLC.

Peter Julian hizo un llamado a los canadienses para mantener la presión sobre el TLC y seguir enviando “los miles de correos electrónicos y cartas dirigidos a los liberales, porque ellos se equivocan sobre este proyecto de ley. A través de la presión pública, pueden ser obligados a hacer lo correcto, que es votar para que se hunda”.

* Recalca congrega a 50 de las organizaciones sociales y sindicales más importantes del país, para coordinar las estrategias de educación, divulgación y movilización frente a los Tratados de Libre Comercio que impulsa el gobierno nacional.

"Primó la tesis del simple cambio de un articulito" Andrés Pastrana

ELESPECTADOR.COM


Política | 29 Mayo 2009 - 5:35pm

Esta es la nueva misiva enviada por el ex presidente Pastrana a la Corte Constitucional:


Mayo 29 de 2009

Doctor
Nilson Pinilla Pinilla
Presidente
Honorable Corte Constitucional
Ciudad.


Respetado Señor Presidente:

Recibí su comunicación de fecha 28 de mayo.

Los debates en torno a la Constitución son el eje de la política en las democracias modernas. Las opiniones y los fallos de los magistrados, los orígenes y antecedentes de estos, su filosofía y aún su estilo personal son materia de controversia o aplauso. Las decisiones de una corte con mandato de vigilancia y preservación de la constitución pueden llegar a dividir una nación y definir su rumbo político, tal como sucede en Estados Unidos en torno al debate del aborto. Pero una cosa es disentir y otra deslegitimar. Aquí el problema de fondo no es la forma.

Como ciudadano, lo reitero una vez más a la Honorable Corte, disiento respetuosamente de la sentencia que permitió la reelección presidencial, considerado gravísima la omisión del Tribunal cuando desestimó el equilibrio constitucional que se rompía. No creo que haya sido acertado admitir un peso de semejante proporción sin ajustar los correspondientes contrapesos, garantías y salvaguardias. A la par de un trámite maculado por el cohecho –según la Corte Suprema de Justicia- primó la tesis del simple cambio de un articulito propugnada por el Ejecutivo.

Consecuentemente, tampoco considero positiva para la construcción del edificio constitucional la declaración del señor Presidente de la Corte cuando aventura públicamente -en contravía de la jurisprudencia vigente que limita a una sola instancia la reelección presidencial- la tesis de la absoluta soberanía popular como razón para decidir (ratio decidendi) sobre un eventual referendo reeleccionista.

El Presidente de la Corte Constitucional coincide entonces con el Ejecutivo cuando éste asegura: “…este (Colombia) es un país de Estado Social de Derecho y Estado de Opinión, que es la categoría superior del Estado de Derecho”. Así se abona el campo para que prospere la tesis de la hecatombe constitucional según la cual el pueblo es soberano para destruir sus instituciones sin colocar nada en el sitio de lo arrasado.

Desde la cabeza de la Corte, sin expresión contraria a lo expuesto al respecto en mi carta a los señores magistrados, se abre camino a la posibilidad de una tercera elección consecutiva de un presidente. Para efectos prácticos se abren las puertas a la reelección indefinida puesto que una vez más se vislumbra otro cambio cuatrienal de jurisprudencia –a la manera andina- que acentúa la vía autocrática de la Carta. Más peso presidencial sin contrapesos democráticos.

Con el orden constitucional roto a favor de una persona por razón de la vía de hecho de la compra de conciencias, tengo la obligación moral, como ciudadano y como ex Presidente, de defender la Constitución y el Estado Social de Derecho y, por consiguiente, disentir en la forma más respetuosa de la Honorable Corte Constitucional tanto por decisiones pasadas como por las advertencias de su presidente hacia el futuro.

Sin otro particular me suscribo de la Honorable Corte,


Respetuosamente,

Andrés Pastrana Arango

Ex Presidente de la República.

Dirección web fuente:

Rosario de perlas del Procurador

Artículo tomado de lasillavacia.com

Miércoles 27 de mayo de 2009

- Alejandro Ordóñez lleva menos de seis meses como Procurador y ya nos ha heredado un gran cúmulo de saber místico desde el ejercicio de su cargo y desde su libre e iluminada interpretación del derecho. Una tarea educativa que había arrancado en el pasado, en textos magistrales como “Hacia el libre desarrollo de nuestro animalidad” y en su paso por el Consejo de Estado.

- Como homenaje al libre desarrollo de la espiritualidad legalista de nuestro Procurador, La Butaca ha hecho una versión resumida del Rosario Católico inspirado en él y sus sabias decisiones, las cuales son verdaderas perlas.

Alejandro Ordóñez lleva menos de seis meses como Procurador y ya nos ha heredado un gran cúmulo de saber místico desde el ejercicio de su cargo y desde su libre e iluminada interpretación del derecho. Una tarea educativa que había arrancado en el pasado, en textos magistrales como “Hacia el libre desarrollo de nuestro animalidad” y en su paso por el Consejo de Estado.

Como homenaje al libre desarrollo de la espiritualidad legalista de nuestro Procurador, La Butaca ha hecho una versión resumida del Rosario Católico inspirado en él y sus sabias decisiones, las cuales son verdaderas perlas.

Misterios Dolorosos

La coronación de la homofobia

Los caminos del señor Ordónez son inescrutables, en especial aquellos recorridos para difundir su evangelio legal. La publicación del libro sagrado del derecho contemporáneo, titulado magistralmente “El libre desarrollo de la animalidad”, es una de esas herramientas pedagógicas que sólo pudo escribirse en estado de éxtasis profundo. Y aunque toca diversos temas con la misma calidad en su argumentación, nos remitiremos a uno solo.

En las líneas del texto, publicado antes de llegar a la Procuraduría, nuestro apóstol de las buenas costumbres analiza a la luz de los mandatos católicos los fallos más recientes de la Corte sobre el libre desarrollo de la personalidad. Los cuales, según su interpretación, son más bien una puerta abierta al libertinaje que termina “envileciendo a las personas”. ¿De qué libertinaje habla nuestro pastor del derecho? Del obvio, del que se deriva de ser gay, solo por serlo aunque no se ejerza.

Los mandamientos dictados por su fe son claros: otorgar derechos a las uniones de homosexuales es permitir que los seres humanos se dejen arrastrar por sus pasiones y sentidos, mutando en animales (de ahí el maravilloso título). Aclarado este primer misterio, es posible tratar de entender algunos apartados y por fin aclarar por qué en cabeza de nuestro guía, ser gay es equiparable a ser un delincuente, pues uno puede tener inclinaciones lésbicas, por ejemplo, y otro puede tener inclinación a robarse el erario público o a absolver delincuentes. Toda inclinación no puede ser un derecho, según él, y ninguna debería serlo, en realidad. Así que gay es igual a estafador, pero encima animal. Una ecuación compleja, pero divina. Con el DAS a cuestas

La omnipresencia auditiva del DAS y su habilidad para seguir cada conversación de los magistrados, la oposición y la prensa, se cierne sobre el país. Mientras los colombianos no salen de su asombro y los informes oficiales de la investigación al respecto son documentos bajados de la web, la Corte invoca la presencia de un delegado de la ONU para que aclare el tema de las interceptaciones.

Con un contundente “el que quiera más, que le piquen caña", Ordóñez sienta su posición al respecto y aclara que en “menos de lo que canta un gallo” (45 días) se ha adelantado en el tema. Usando un término poco común en su léxico, nuestro pastor aprovecha, de paso, para dejar claro que nuestro Gobierno es activo y por tanto “no ha tomado una posición pasiva en el tema”.

Como un acto de bondad adicional repartió de nuevo bendiciones al ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, al señalar que todavía no se han encontrado méritos para abrir investigación en su contra, pues el Ministerio Público jamás basará sus investigaciones en informes periodísticos.

Misterios Gloriosos

La resurrección del juzgado

Cuando apenas se esparcía la noticia sobre la petición de la Fiscalía de condenar a Álvaro Araújo Castro por concierto para delinquir agravado y constreñimiento electoral por sus presuntos vínculos con paramilitares, la mano salvadora de los condenados apareció para resucitar al juzgado pidiendo que lo declararan inocente.

Esa mano no podría ser otra que la de Ordóñez quien, como vocero divino en los estrados judiciales, justificó su decisión argumentando que la Fiscalía montó un juicio con base en “testigos de oídas” y que sobrevaloró los estudios de la Fundación Nuevo Arcoíris como prueba de la injerencia de ‘Jorge 40’ en la elección de Álvaro Araújo en el Cesar, en 2002.

En su estado máximo de gloria y claridad mental, nuestro procurador señaló que Araújo llegó al Senado porque “recogió los frutos de sus anteriores contiendas electorales y los votos que le dejó la tradición política de su familia”, razón suficiente para que nada más importe. Otra manera de demostrar que sólo en el ventrículo derecho de su corazón, como su fe señala, el perdón tiene cabida.

La venida del espíritu de la exculpación

La venida de Job al Palacio de Nariño arrancó en el sótano del hogar presidencial. Se dice que por allí ingresó el ex paramilitar en compañía del abogado Diego Álvarez. Luego sus pasos lo condujeron a una reunión en la que, además de otros funcionarios de la Presidencia, se encontraba César Mauricio Velásquez, Secretario de Prensa.

El misterio configurado en esa reunión, aún persiste. En particular porque nadie entiende muy bien por qué el Procurador decidió absolver a Velásquez de la responsabilidad disciplinaria por la visitación secreta de Job y su encuentro con él. Nuestro abogado pontífice justificó la exculpación del funcionario diciendo que la participación del investigado se limitó a una presencia fugaz en la tercera reunión (o sea que este fue un rosario de visitas y no un paseo ocasional) y que no estuvo en los encuentros preparatorios.

No sabemos a qué se refiere con fugaz, pero como un acto de fe debemos aceptar, sin hacer preguntas al respecto, que un funcionario presidencial puede verse a escondidas con un paramilitar si el encuentro tarda el mismo tiempo que una misa televisada.

Misterios Luminosos

La transfiguración del verbo

Y una de las misiones encomendadas a Ordóñez, en su paso por el Ministerio Público, fue redefinir el lenguaje… Dar vida a un diccionario escrito y editado por su mano derecha. La definición estrella del Procurador hasta hoy ha sido la del verbo cohechar… Gracias a su conocimiento sumo hemos descubierto que una persona puede ser víctima de cohecho sin que nadie la quiera cohechar.

Se recordará que nuestro Procurador en un estado de iluminación intelectual decidió exonerar a los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, y a otros funcionarios del Gobierno, por el delito de cohecho, mientras que quien recibió las prebendas de su parte a cambio de votar favorablemente el proyecto de reelección fue condenada por la Corte Suprema. Así las cosas, los colombianos por fin entendimos que Yidis Medina se sobornó a sí misma y que en el reino de la Procuraduría cualquier cosa es posible. Su Anuncio del Reino invitando a la objeción

Ya en las páginas de su best seller (mencionado en otros apartados de este Rosario: “El libre desarrollo de la animalidad”), el hombre del Ministerio Público había dejado clara su posición frente a la decisión de la Corte sobre el aborto en circunstancias excepcionales (cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre o es producto de una violación, por ejemplo). Según el Procurador: “las raíces de esta mentalidad anti – vida tiene relación directa con la pérdida del carácter sagrado de toda vida humana y su dignidad, que se traduce en una concepción perversa de la libertad”. Tratando de traducir esto, habría que decir que la mentalidad anti – vida, por un misterio divino, no se aplica a las mujeres cuya existencia está en riesgo por el embarazo.

Una de las personas que Ordóñez cita como fuente en su libro sagrado es Ilva Myriam Hoyos, a quien nombró posteriormente como delegada para la adolescencia, la infancia y la familia en la Procuraduría. Es decir, llegó al Ministerio Público en compañía de una de sus querubines ideológicas, pues la ex decana de la Facultad de Derecho de La Sabana es una mártir opositora a la despenalización del aborto… (se le llama mártir religiosa porque perdió, pero sus poderes siguen intactos).

A estas alturas ya es un misterio el nombramiento de alguien que tiene razones religiosas para negarse a cumplir con los mandatos de la Corte y quien, como lo reportó La Silla Vacía, ya empezó a dar la pelea. Pero la misteriosa mano del Procurador no se detuvo allí, ahora llama a sus funcionarios a proteger a los médicos para que puedan invocar la objeción de conciencia y así no seguir la sentencia expedida por la Corte.

Lo curiosos es que a nuestra luz en el túnel del universo judicial, no le interesa el tema de la objeción sino en este caso y en contravía del país legal que debe defender. No se le ve defendiendo la misma figura en el caso de temas militares (servicio obligatorio y seguimiento de órdenes, por ejemplo). Su más reciente mandamiento ha sido claro: que lo que el Procurador cree y ordena, no lo vulnere la Corte.

Misterios Gozosos

La visitación en helicóptero oficial de los niños Santos

Los niños Santos, los hijos de Juan Manuel y no de Pacho, decidieron emplear los helicópteros del Ministerio de Defensa para armar paseo familiar. Las aeronaves militares surcaron los cielos colombianos con la bendición turística del Ministro y sin el objeto de cumplir ninguna de las misiones para las que fueron adquiridas, hasta el combustible fue proveído por el glorioso gobierno nacional. Ante las denuncias de algunos y la indignación de otros, la Procuraduría debió revisar los hechos.

En un acto misterioso, sólo entendido por los Illuminati, nuestro Procurador, luego de su mística investigación, aclaró que este uso de bienes públicos para gozo familiar no tiene mayor relevancia, ya que el Ministro y su familia deben tener la máxima seguridad posible. Eso sí, no aclaró si ello incluía que los hijos Santos pudieran también hacer uso de cuanta arma, tanque y carro blindado tiene el Ministerio, en caso de tener que protegerse. Ni tampoco si su elástica visión de lo que algunos llaman “peculado por uso” cubre a todos los colombianos o solo a los que se encuentran en el espectro de la diestra de dios padre.

La encarnación paródica de la última soHo-cena

A través de una señal milagrosa, pues no entendemos por qué otra razón la revista SoHo estaría en las inmaculadas manos de nuestro Procurador, los ojos de Ordóñez se encontraron con una imagen infernal: modelos, actrices, activistas y hasta gays departiendo en una última cena, muy al estilo de Jesucristo y sus doce apóstoles. Aún sin llegar a la cabeza del Ministerio Público, nuestro mosquetero de la moral se dispuso a enfrentar una de sus más duras batallas en contra de los medios no santos. Demandó a la revista por considerar que la representación de la imagen religiosa era injuriosa y por meses estuvo convencido de que Daniel Samper, director de SoHo, era básicamente el acólito de Satán. Luego de múltiples protestas y de señalar que las acciones de Ordóñez atentaban contra la libertad de prensa, nuestro supervisor de la iconografía religiosa tuvo que resignarse a perder y olvidarse de revisar las páginas de SoHo en busca de más acciones pecaminosas.

ROBLEDO PRESENTA TUTELA CONTRA EL PRESIDENTE URIBE POR VIOLAR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo Bogotá, 20 de mayo de 2009.

El senador Jorge Enrique Robledo instauró hoy al mediodía una acción de tutela contra el presidente de la República, Álvaro Uribe. La acción fue radicada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

En el curso del debate sobre los negocios de Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, Robledo elevó un derecho de petición en el que le pedía al presidente Uribe informar si sabía que sus hijos tenían intereses económicos en la Zona Franca de Occidente y, en caso de ser positiva la respuesta, si se lo había informado a los integrantes de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas para que procedieran a declararse impedidos. El presidente Uribe contestó con evasivas, limitándose a señalar por conducto del asesor jurídico de la Presidencia, Armando López Cortés: “Es un tema que les compete a ellos (a Tomás y Jerónimo), quienes manejarán directamente frente a cualquier inquietud que se requiera”.

El senador del Polo Democrático interpuso la tutela basado en los artículos 23 de la Constitución y 258 de la Ley 5ª de 1992, que les ordenan a los funcionarios responder sin evasivas las solicitudes de senadores y representantes.

Carta enviada al señor Presidente de la República Doctor Alvaro Uribe Vélez, por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial

Carta Comision Interinstitucional Rama Judicial al Presidente Uribe
20/05/2009

Carta enviada al señor Presidente de la República Doctor Alvaro Uribe Vélez, por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial

Adjuntamos carta enviada

Ver archivo (CARTA DR. ALVARO URIBE VELEZ.doc)

El nuevo Pallomari

Por Daniel Coronell - Revista Semana

OPINIÓN. Son demasiados "hechos aislados" como para creer que ocurrieron al azar. El capitán Lagos tiene claves para armar el rompecabezas.

Sábado 16 Mayo 2009

La justicia colombiana y la comunidad internacional deben velar por la protección del ex jefe de Contrainteligencia del DAS, capitán Jorge Alberto Lagos, quien ha empezado a destapar el alcance de la guerra sucia adelantada desde esa entidad contra la Corte Suprema de Justicia, líderes de la oposición y periodistas.

Lagos y su familia son blancos obvios de quienes buscan ocultar el uso criminal y político que miembros del gobierno le han dado a las herramientas de inteligencia del Estado.

Esta semana, Noticias RCN reveló que el capitán Lagos señaló ante la Fiscalía la identidad de algunos de los directos receptores de la información obtenida ilegalmente. Según su versión, él mismo le entregó reportes detallados de seguimientos al entonces consejero presidencial José Obdulio Gaviria; al secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y a otros dos asesores del Jefe de Estado.

Unas horas antes de la revelación -en una impecable entrevista conducida por Vicky Dávila- la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, admitió por primera vez que las investigaciones, sin orden judicial, a magistrados de la Corte Suprema nacieron de una inquietud del Presidente de la República.

Los eslabones inicial y final de la cadena están a la vista: los seguimientos ilegales surgieron de una preocupación del Presidente, y los informes -algunos de los cuales ignoraba la propia directora del DAS- fueron entregados a altos asesores del mandatario.

Pero ahí no paran las coincidencias. Dentro del mismo plan, José Obdulio Gaviria filtró a medios de comunicación una fotografía en la que supuestamente aparecía el cuestionado empresario Ascencio Reyes en la posesión del fiscal Mario Iguarán. La conjura resultó deslucida porque el hombre que salía en la foto no era Reyes.

Las filtraciones eran parciales y sesgadas. Mientras trataban de poner en la picota a magistrados incómodos para el gobierno, soslayaban la información comprometedora de otros miembros de la rama judicial, considerados aliados incondicionales del Ejecutivo. Cuando todo esto se destape conoceremos, por ejemplo, las relaciones financieras entre Reyes y un tristemente célebre miembro del Consejo Superior de la Judicatura.

Embriagados por el exceso de poder, altos funcionarios de la Presidencia se aliaron con la mafia para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y a sus contradictores.

Un resultado de esta asociación es la carta al Presidente de alias 'Tasmania' con la que el gobierno intentó desacreditar la investigación de la para-política. 'Tasmania' aclaró después que todo era un montaje contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez. Detrás del plan estaban, según él, el abogado de alias el 'Tuso', el ex senador Mario Uribe y Santiago Uribe, el hermano del Presidente. La carta fue recogida por Martha Leal, alta funcionaria del DAS, por orden que Bernardo Moreno le diera a María del Pilar Hurtado.

Otro tanto sucedió con las falsas retractaciones del hoy asesinado Francisco Villalba. La carta en la que retiraba señalamientos al Presidente por la masacre de El Aro resultó escrita por Chucho Sarria, el viudo de la 'Monita retrechera'. Mientras estuvo en la cárcel, Sarria tuvo contacto con el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, a través de una voluntaria llamada María Victoria Millán, compañera de grupo de oración del doctor Del Castillo.

Y eso sin hablar de la reunión con 'Job', de la cual pronto se conocerán nuevos y reveladores antecedentes.

Son demasiados "hechos aislados" como para creer que ocurrieron por azar. El capitán Lagos tiene claves para empezar a armar el rompecabezas.

P.D.: Después de 17 años desaparece de El Colombiano la columna de Javier Darío Restrepo. La vida y el trabajo de Javier Darío son el mejor ejemplo del buen periodismo. Sus opiniones, siempre lúcidas, han sido una guía constante en medio de las tinieblas del unanimismo.

"Plazas Vega continúa dilatando su juicio": víctimas

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En su primera entrevista desde su detención, por los desaparecidos del Palacio de Justicia, el coronel (r)Alfonso Plazas advirtió que se limitó a entregar los rehenes con vida al coronel Edilberto Sánchez Rubiano.
En su primera entrevista desde su detención, por los desaparecidos del Palacio de Justicia, el coronel (r)Alfonso Plazas advirtió que se limitó a entregar los rehenes con vida al coronel Edilberto Sánchez Rubiano.

JUSTICIA
. El coronel (r) Plazas Vega, quien fue llamado a juicio por su presunta participación en las desapariciones del Palacio de Justicia, recusó a la juez que lleva su caso con lo cual su juicio quedó aplazado una vez más.

Martes 19 Mayo 2009

Ya han pasado casi 24 años del episodio conocido como “el holocausto” del Palacio de Justicia, en el que el M-19 se tomó las instalaciones de ese edificio y el Ejército intentó recuperarlo a sangre y fuego. En el hecho conocido como “la retoma del Palacio” murieron 94 personas –entre guerrilleros, magistrados, visitantes y trabajadores del edificio-, y otras 11 están desaparecidas.

El episodio en el que presuntamente personal del Ejército cometió delitos de lesa humanidad continúa siendo un lunar para la justicia colombiana, pese a que en 2005, el Fiscal Mario Iguarán, decidiera reabrir las investigaciones.

El coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, el mayor (r) Óscar William Vásquez y tres suboficiales del Ejército quedaron en libertad el 30 de octubre pasado, por vencimiento de términos, pese a que la Fiscalía había emitido una orden de aseguramiento en su contra; el ex comandante de Inteligencia y Contra Inteligencia, Iván Ramírez, quien está detenido desde enero de este año todavía no ha tenido su primera audiencia; y el juicio al coronel Afonso Plazas Vega, tras dos años y medio de proceso todavía no ha sido fallado.

Este martes, se esperaba que comenzara la etapa final del juicio a Plazas Vega, quien es procesado por su presunta participación en las desapariciones del Palacio de Justicia. El proceso, sin embargo se postergará otros 20 días, pues Plazas Vega recusó a la juez que lleva su caso, María Cristina Trejos. Plazas argumentó que la juez no era imparcial y que no había atendido a sus solicitudes y por eso pidió al Tribunal que decida si ella es o no competente para juzgarlo a él.

No es la primera vez que con recursos jurídicos y administrativos Plazas Vega dilata su proceso. Mese atrás la defensa del coronel intentó apelar a la Justicia Penal Militar para evitar el juicio de la justicia ordinaria. No obstante, en segunda instancia el Consejo Superior de la Judicatura argumentó que por tratarse de delitos de lesa humanidad, Plazas Vega debía ser juzgado por un juez civil, como lo ordena la jurisprudencia internacional. Este año este proceso solo ha tenido dos diligencias.

Sobre el poco avance de la justicia una vez se reabrió la investigación, los familiares de las víctimas han denunciado que se trata de una estrategia de dilación de Plazas Vega, que incluye cambios de abogados, excusas de enfermedad y el intento de que su proceso pase a la justicia militar.

En el mismo sentido el abogado y columnista Ramiro Bejarano ha dicho que lo que buscan los acusados es impedir que la justicia emita un fallo antes de que el Fiscal General Mario Iguarán termine su período. La razón es que con la llegada de un nuevo Fiscal, la actual encargada del caso, la fiscal Ángela Buitrago, podría ser retirada de la investigación.

Para Rene Guarín, hermano de Cristina, la empleada de la cafetería desaparecida, este proceso "nos ha sido esquivo en verdad y justicia por casi 24 años. Sin lugar a dudas es una prueba de paciente lucha por la dignidad en un país que hemos visto desmoronarse durante casi un cuarto de siglo".

Así, tras varios impases para que la justicia defina si Plazas Vega es o no culpable, los familiares de las víctimas esperan que concluya por fin este proceso.

Después de cambiar siete veces de abogado, el coronel Plazas Vega deberá enfrentar tres testimonios claves que lo relacionan con las desapariciones:

El del soldado Edgar Villamizar Espinal quien afirma que en la Escuela de Caballería fueron torturados hasta la muerte 2 empleados de la cafetería: el administrador Carlos Rodriguez Vera y la cajera Cristina Guarin Cortés; el del cabo Tirso Sáenz (detenido en la cárcel de Combita) quien ha afirmado que en un tanque fueron llevados 4 civiles que salieron del Palacio para ser interrogados en la Escuela de Caballería, de la cual Plazas Vega era el comandante; y el del ex asesor de la Alcaldía de Bogotá, en el año 85, Cesar Sánchez Cuesta, quien ha dicho que cuando indagó a Plazas Vega sobre la suerte del administrador de cafetería recibió como respuesta que dejara ese tema quieto por razones de seguridad nacional.

A propósito, Semana.com recuerda cuáles han sido los hechos más importantes a lo largo de la historia de este caso:

CRONOLOGÍA DE LA IMPUNIDAD

Noviembre 6 y 7 de 1985: El M-19 se toma el Palacio de Justicia y el Ejército. La Policía y organismos de seguridad lo “recuperan” con tanques y disparos que dejan 94 muertos y 11 desaparecidos.

Agosto 1 de 1989: Ricardo Gámez, un ex informante del Ejército, radicó una declaración en la Procuraduría General de la Nación en la que afirmó haber sido testigo de las torturas y las desapariciones del Palacio de Justicia. Su testimonio fue desechado por la Procuraduría delegada ante el Ejército y por la Fiscalía, por lo cual no hace parte del proceso. Plazas Vega a afirmado que ese testigo es un mentiroso que “ni fue policía ni trabajó para el Ejército ni en inteligencia”.

Ese mismo año fueron absueltos por la Justicia Militar, en el caso de la desaparición de la guerrillera Irma Franco, el general Jesús Arias Cabrales, entonces comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército, y el coronel retirado Sánchez Rubiano, con el argumento de que su comportamiento fue en debida obediencia y en actos del servicio.

Diciembre 6 de 2005: 20 años después, el Fiscal Mario Iguarán asume nuevamente la investigación por las desapariciones del Palacio de Justicia, luego de que el Consejo de Estado reconoció la responsabilidad del Estado Colombiano en la desaparición de Cristina Guarin Cortés (ver documento adjunto).

Agosto 22 de 2006: La Fiscalía decide vincular al proceso al coronel retirado, Edilberto Sánchez Rubiano, quien era el comandante del B2 y coordinó parte de las operaciones militares. El 15 de noviembre de ese mismo año fue detenido por los mismos hechos.

Febrero 15 de 2007: La Fiscalía vincula al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega al proceso.

Julio 14 de 2007: La Fiscalía ordena la captura de Plazas Vega.

Septiembre 8 de 2007: Plazas Vega admite en entrevista con Semana.com que es posible que haya habido desaparecidos. (Lea aquí la entrevista)

Febrero 12 de 2008: Comienza el juicio de Plazas Vega.

Febrero 18 de 2008: Fue vinculado al proceso el general retirado, Iván Ramirez Quintero, ex comandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici).

Abril 4 de 2008: En entrevista con El Espectador, Plazas Vega asegura que el Ejército llevó a la Casa del Florero personas que salieron vivas del Palacio de Justicia el día de los hechos y que después fueron ejecutadas. (Lea la entrevista aquí)

Mayo 27 de 2008: La Fiscalía ordena la captura del mayor general en retiro Iván Ramirez Quintero.

Junio 26 de 2008: Son vinculados al proceso los generales Rafael Samudio Mollina (ex comandante del Ejército) y Jesús Armando Arias Cabrales (ex comandante brigada 13).

Octubre 9 de 2008: La Fiscalía emite orden de captura contra general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales.

Octubre 28 de 2008: Plazas Vega dice que cadáveres de desaparecidos están en Universidad Nacional. Días después el jefe del Laboratorio de Antropología Física de esa universidad, José Vicente Rodríguez lo desmiente. (Lea el pronunciamiento de Rodríguez).

Octubre 30 de 2008: Quedan libres por vencimiento de términos en el juzgado 51 penal el coronel Sánchez y 4 militares más.

Enero 21 de 2009: Ramírez Quintero es llamado a juicio, mientras está detenido en el Batallón de Ingenieros.

Febrero 13 de 2009: Consejo Superior de la Judicatura niega a Plazas solicitud para ser procesado por justicia penal militar. (Lea la noticia)

Marzo 9 de 2009: Arias Cabrales es llamado a juicio.

Mayo 5 de 2009: Plazas Vega, durante una diligencia judicial golpea a quienes protestaban a la entrada de los juzgados. Ese día presenta una excusa médica para no estar en la diligencia argumentando enfermedad. (Vea el video de la agresión)

Mayo 18 de 2009: En entrevista con María Isabel Rueda, Plazas Vega dice que 10 de las 11 personas contadas como desaparecidas fueron ejecutadas por el M19 en el cuarto piso del Palacio de Justicia. (Lea la entrevista)

Referendos, como el agua y el aceite



Compare usted mismo a a través de un cuadro interactivo las dos iniciativas ciudadanas que se discutirán hoy en el Congreso, una para reelegir a Uribe y la otra para hacer del agua un bien público.

Click al título

05/18/2009

HOY MARTES 12 DE MAYO - DEBATE EN EL SENADO

DEBATE EN EL SENADO
Los NEGOCIOS de los HIJOS del PRESIDENTE

Martes 12 de Mayo
6 PM

Transmisión por Televisión:
Canal Congreso y Canal Institucional

Transmisión Audio por Internet:
http://senadorrobledo.org/?q=taxonomy/term/53

Debate sobre los negocios de Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del presidente Álvaro Uribe, en el Senado de la República.

http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/ediciones33/img/Nota9.jpg

El Senado de la República debatirá el día martes 12 de mayo a las 6:00 pm sobre los negocios de los hijos del presidente Uribe en la Zona Franca de Occidente. Un caso de generación abrupta de ganancias por cambio de norma de uso del suelo, posible tráfico de influencias, abuso de autoridad, prevaricato.



Véalo a través del Canal Institucional o del Canal del Congreso este martes 12 de mayo a las 6:00 pm

TLC Colombia, salvamento voto jaime Araujo - 02




Jaime Araujo Renteria y su salvamento de voto.

TLC Colombia, salvamento voto Jaime Araujo 01



Jaime Araujo Renteria y su salvamento de voto.

Frase Célebre

"El DAS, como el Ejército, la Policía y la Fiscalía, entre otras, son instituciones complejas y cercanas al delincuente, por el mismo cumplimiento de su misión, que las mantiene al borde del abismo. Llámese delito."

Mario Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación
El Tiempo. 26 de abril de 2009. Entrevista con Yamid Amat.

Nosotros nos preguntamos a cuál delincuente se refiere.

Recusaciòn Contra Alejandro Ordóñez

República de Colombia

Corte Constitucional

Presidencia

COMUNICADO No. 19

La Corte Constitucional, en la sesiones de la Sala Plena celebradas los días 21 y 22 de abril de 2009, adoptó las siguientes decisiones:

9. RECUSACION. EXPEDIENTE D-7415 - AUTO 160/09 (22 de abril)

Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

9.1. Decisión

DECLARAR que no es procedente la recusación formulada por la ciudadana Marcela Sánchez Buitrago, contra el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, para conceptuar en el proceso D-7415.

9.2. Razones de la decisión

En primer término, la Corte precisó que el control de constitucionalidad versa sobre asuntos fundamentales que, con un alto grado de generalidad y abstracción, se encuentran plasmados en la Constitución y que el mismo se ejerce, precisamente, a partir de distintas lecturas de la Constitución y a partir de diferentes experiencias jurídicas que dan lugar a diversas convicciones sobre la manera como, en cada caso, debe leerse y aplicarse la Constitución. No obstante, señaló que es claro que en el proceso constitucional, tanto los Magistrados como el Procurador General de la Nación deben obrar con independencia e imparcialidad. Dichos funcionarios tienen un compromiso con la Constitución, cuya guarda se les ha confiado o sobre la cual deben conceptuar, acatándola y respetándola. Para la Corte, no resulta de recibo la pretensión conforme a la cual dicha imparcialidad se ve afectada en razón de las convicciones jurídicas que de manera general tengan, tanto los magistrados de la Corte, como el Procurador, sobre los asuntos objeto de control de constitucionalidad. No puede, por tanto descalificarse como constitutiva de un interés moral inhabilitante, la adhesión pública a determinadas corrientes del pensamiento jurídico o religioso, por más radicales que sean sus expresiones. Por otra parte, no puede pretenderse que sólo las expresiones en un determinado sentido o de un cierto contenido dan lugar a afirmar la existencia de un interés moral, pero que no ocurre lo propio si la posición jurídica se expresa en sentido contrario.

En el presente caso, el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, ha hecho expresión de una convicción jurídica de una determinada concepción del derecho, en las intervenciones y citas a las que puntualmente se refiere la recusante, que efectivamente tiene connotaciones determinantes en relación con los derechos de las parejas homosexuales, pero la Corte no encuentra que esa convicción jurídica, por radical que sea, pueda tenerse como la expresión de un interés moral en cabeza del Procurador General de la Nación en relación con el resultado del proceso de constitucionalidad en el expediente D-7415 en el que se demanda el artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, que establece los requisitos para adoptar un hijo. A juicio de la corporación, ni la pertenencia a una determinada confesión religiosa, ni el conocimiento público de ese hecho, ni la manifestación expresa de las convicciones religiosas, pueden tenerse como la tipificación del interés moral que inhabilita para obrar en los procesos de constitucionalidad.

Por otra parte, ni los conceptos expuestos por el Procurador General de la Nación en una obra académica publicada en el año 2003, ni en las ocasiones y documentos indicados por la recusante, se refirieron al precepto legal demandado en el proceso D-7415, razón por la cual tampoco se configura la causal de impedimento y recusación establecida en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991, de “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”. Por todo lo anterior, la Corte encontró que no puede predicarse la concurrencia en el señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, de las causales de impedimento invocadas para emitir concepto dentro del proceso de constitucionalidad D-7415 y en consecuencia, no procede la recusación formulada en su contra por la ciudadana Marcela Sánchez Buitrago.

9.3. Los magistrados LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, CLARA ELENA REALES GUTIERREZ y HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO manifestaron su salvamento de voto respecto de esta decisión.

El Magistrado VARGAS SILVA consideró que el régimen de impedimentos y recusaciones del Procurador General de la Nación en la acción pública de constitucionalidad, busca asegurar la imparcialidad y la transparencia de ese proceso judicial. Igualmente, salvaguarda a dicho funcionario de aspectos que puedan entorpecer el ejercicio pleno de sus competencias. Para el caso, es claro que el Procurador General había expresado – tanto en una publicación anterior como en la audiencia ante el Congreso, previa a su designación en el cargo – juicios acerca de la ausencia de validez constitucional del reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo. Esta circunstancia era sustento suficiente para tener como probada la causal de recusación de “haber conceptuado sobra la constitucionalidad de la disposición acusada” prevista en el artículo 25 del Decreto 2067/91. Ello, en el entendido que la recusación procedía exclusivamente por dicha causal pues, como acertadamente lo expone la mayoría, la causal fundada en la existencia de interés moral en la decisión resultaba improcedente.

En concepto de la Magistrada REALES GUTIERREZ, el Procurador General debe valorar las condiciones del caso, la validez de la norma acusada, al margen de su ideología, que en este caso expone una concepción fundamentalista, un prejuicio muy marcado contra un sector de la sociedad, que nadie determina que nadie dudaría que vaya a conceptuar de una manera distinta. A su juicio, el Procurador General ya adoptó una posición sobre la materia, por lo que no se aprecia que exista la posibilidad de que haya una valoración de manera imparcial, otra opción frente a la determinación acerca de si frente a la Constitución, las parejas del mismo sexo tienen o no el derecho de adoptar un hijo. Advirtió que en todas sus intervenciones, el doctor Alejandro Ordóñez no separa su visión de jurista de su convicción en un confesión religiosa. Como ser humano puede hacerlo, pero como Procurador no, pues este funcionario debe emitir un concepto sobre la constitucionalidad de la norma acusada con una visión verdaderamente imparcial. En su criterio, la Corte ha debido separarlo de este proceso, pues las opiniones que ha expuesto le impiden emitir un juicio objetivo sobre la constitucionalidad de la norma demandada en este proceso.

Por su parte, el Magistrado SIERRA PORTO consideró que debió prosperar la recusación formulada en contra del Procurador General de la Nación de acuerdo con las causales consignadas en los artículos 25 y 26 del Decreto 2067 de 1991, tanto por “tener interés en la decisión”, como por “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”. En cuanto a la causal descrita en el artículo 25 sobre el interés directo en la decisión, las manifestaciones realizadas por el Procurador sobre la población homosexual, las cuales se encuentran consignadas en entrevistas, alocuciones públicas y en su monografía “Hacia el libre desarrollo de nuestra animalidad. Con los fallos de la Corte Constitucional sobre el libre desarrollo de la personalidad y la ley de unión homosexual”, dejan ver un tratamiento peyorativo y desdeñoso, el cual, en determinadas ocasiones, llega al punto de emplear términos infamantes y deshonrosos, lo que refleja el interés de orden moral que el funcionario tiene sobre el resultado de la decisión. Lo anterior impide que conceptúe con la objetividad e imparcialidad que resulta exigible en su calidad de Jefe del Ministerio Público en el proceso de constitucionalidad de la Ley.

Por otra parte, en lo atinente a la segunda causal destacada en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991, consideró que las manifestaciones públicas realizadas en entrevistas y audiencias públicas del Congreso de la República, en las cuales indicó “que si fuera legislador votaría en contra de proyectos como el aborto, la eutanasia o los derechos patrimoniales de los homosexuales” y que “si fuera magistrado de la Corte Constitucional, las declararía inexequibles”, constituyen un prejuzgamiento sobre el asunto propuesto a esta Corporación y, en consecuencia, impiden que emita un concepto sobre la constitucionalidad de la ley demandada en calidad de Procurador General de la Nación.

Por último, el magistrado SIERRA PORTO manifestó su oposición a la consideración acogida por la Sala Plena, en virtud de la cual las manifestaciones realizadas en entrevistas u obras publicadas no permiten la formulación de recusaciones en contra de los Magistrados o del Procurador General pues supondrían una eventual vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión. Al respectó consideró que el anterior planteamiento llega al absurdo de hacer nugatoria la posibilidad de interponer tales solicitudes de recusación y, en consecuencia, se anula el propósito constitucional de garantizar la objetividad y la imparcialidad de los funcionarios que participan en el proceso de control de constitucionalidad de la Ley que inspira las recusaciones.

NILSON PINILLA PINILLA

Presidente

EL SENADOR ROBLEDO LE PIDE AL PROCURADOR INVESTIGAR AL MINISTRO PLATA POR EL CASO DE LOS HIJOS DEL PRESIDENTE URIBE

Oficina de Prensa, Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 21 de abril de 2009.

El senador Jorge Enrique Robledo solicitó hoy al Procurador General de la Nación investigar al ministro Luis Guillermo Plata en el caso de los hijos del presidente Uribe, pues este alto funcionario dijo desconocer que los hijos del primer mandatario fueran socios de la Zona Franca de Occidente, proyecto cuya gran valorización obedeció en parte a una decisión del ministro Plata.

En la solicitud al Procurador, Robledo pide investigar también a los demás altos funcionarios que participaron en la decisión.

A continuación, el texto del mensaje al Procurador:

Bogotá, 21 de abril de 2009

Doctor

ALEJANDRO ORDÓÑEZ

Procurador General de la Nación Ciudad

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, en distintos medios de comunicación, afirmó que, como integrante de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, no sabía que los señores Tomás y Jerónimo Uribe Moreno fueran copropietarios de los terrenos que hacen parte de la Zona Franca de Occidente.

El estudio de los títulos de la propiedad de los citados terrenos era un requisito de ley para la declaratoria de la Zona Franca de Occidente (artículo 393-2 del Decreto 2685 de 1999). El Ministro Plata se encontraba en la obligación de analizar estos documentos, por lo que debió enterarse de la relación entre los terrenos y los señores Uribe Moreno.

La otra posibilidad es que el ministro Plata sí hubiese sabido que los lotes pertenecían a los hijos del funcionario que lo había nombrado como ministro, es decir, el Presidente de la República, razón por la cual ha debido declararse impedido, omisión que constituye una falta gravísima.

Por estas razones, el señor Ministro de Comercio Exterior, Luis Guillermo Plata, presuntamente incurrió en una falta disciplinaria al omitir su deber de “cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado” (artículo 34 del Código Disciplinario Único).

Le solicito entonces que inicie la investigación disciplinaria pertinente para de determinar si el señor Ministro incumplió sus deberes como funcionario público. Igualmente, le pido que la Procuraduría investigue si el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga, el señor Director de la DIAN, Óscar Franco, la señora exdirectora del Departamento de Planeación Nacional, Carolina Rentería, y Cecilia Álvarez, exministra consejera del Presidente de la República, cumplieron con sus deberes en este mismo caso.

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO

Senador de la República

El fallo que no fue

Revista Semana, Bogotá, abril 4 de 2009

Por considerarlo de importancia para la ciudadanía reproducimos aquí el artículo de Semana sobr el fallo del Procurador y adjuntamos los fallos, tanto el proyectado por Maya como el emitido por Ordoñez, así como la correspondiente comparación de los dos documentos.


La ’Yidis-política’ ha sido sin duda uno de los más grandes escándalos del gobierno del presidente Álvaro Uribe. El país a veces tiende a olvidar que la reforma que permitió la reelección del primer mandatario estaba agonizando en el Congreso y que sólo en los últimos minutos el gobierno logró hacer que dos congresistas dieran una histórica voltereta.

La maniobra se hizo en un abrir y cerrar de ojos. Un día el país amaneció con la noticia de que la reelección estaba muerta, porque la noche anterior la mayoría de los representantes de la comisión primera habían sellado un pacto en su contra -con firma, foto y brindis con champaña- y apenas 48 horas después, los representantes Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, hasta ese momento dos perfectos desconocidos para el país, traicionaron el pacto y la reelección fue aprobada por 17 votos a favor y 16 en contra.

Hoy, cinco años después, la gente todavía no entiende cómo es posible que a Yidis Medina la Corte Suprema le aplique una condena de cuatro años de cárcel por haber ’vendido’ su voto a cambio de prebendas burocráticas, mientras que la contraparte, los que le ’compraron’ el voto, fueron absueltos hace tres semanas por el procurador Alejandro Ordóñez.

Ese fallo del Procurador provocó gran polémica y en varios sectores se entendió como la respuesta de por qué Ordóñez había sido elegido dos meses antes no sólo por un Congreso de mayoría uribista, sino también con el guiño de la Casa de Nariño.

Pero el país no se ha enterado de un detalle aún más sorprendente. El procurador saliente Edgardo Maya le dejó como herencia a su sucesor Ordóñez un fallo de 143 folios, sin firmar, sobre el caso. SEMANA conoció en su totalidad ese documento (ver facsímiles) y llama la atención que teniendo a mano las mismas pruebas, las conclusiones de Maya sean completamente contrarias a las que, dos meses después, llegó Ordóñez.

El fallo de Edgardo Maya afirma que el ministro Diego Palacio y el embajador Sabas Pretelt incurrieron en "faltas gravísimas" en el caso del voto de la entonces congresista Yidis Medina, se les sanciona con destitución y se les inhabilita para ejercer cargos públicos por 10 y 13 años respectivamente.

Las conclusiones del fallo son fulminantes: "el servidor Sabas Pretelt de la Vega incurrió en una indebida participación en política partidista y para ello habría utilizado su cargo, función y jerarquía con el ánimo de influir y participar activamente en la discusión de la reforma constitucional con el único objeto de viabilizar la candidatura por reelección del Presidente de la República, Álvaro Uribe" . Y agrega que "los ofrecimientos y el cumplimiento de los mismos habría puesto a los ministros y al viceministro (Hernán Angarita), sus funciones y su jerarquía al servicio de la señora Yidis Medina Padilla y su propio interés amparada en la contraprestación pactada por la decisión de voto del proyecto de interés para el gobierno".

Esta diferencia tan grande de criterio, entre una y otra Procuraduría, puede tener explicaciones. Las interpretaciones jurídicas no son una ciencia exacta y pueden variar de juez a juez. De hecho, en las más altas instancias de la justicia, como las Cortes, es común que no se pongan de acuerdo todos los magistrados sobre un caso concreto. A pesar de eso, no deja de asombrar o de ser una coincidencia de la historia jurídica de Colombia, que en un caso tan crucial como este dos personas elegidas para tan altas dignidades tengan criterios totalmente opuestos.

Como si fuera poco, un alto porcentaje de los argumentos de ambas sentencias son los mismos, hay decenas de páginas enteras idénticas, y sólo se aprecian diferencias en los 30 folios en los que la Procuraduría analiza los dos cargos más complicados para los ministros Palacio y Pretelt, el primero es en el que los acusa de haber abusado de su cargo para incidir en el voto de Yidis, y el segundo en que los investiga por hacer promesas burocráticas a los congresistas a cambio de su voto.

Ordóñez en estos dos capítulos del fallo, a diferencia de lo que hizo en el resto del mismo, decidió desechar las pruebas que había utilizado Maya y traer a colación otras del extenso arsenal probatorio más útiles para sustentar su tesis. Por ejemplo, para evaluar si a Yidis sí le dieron la notaria en Barranca a cambio de su voto, Ordóñez no tiene en cuenta pruebas documentales como los pagarés firmados por la notaria a Yidis ni tampoco le da importancia a testimonios de los directamente implicados, como la misma notaria, y sólo le dedica dos párrafos del fallo al caso de la notaría trascribiendo una respuesta que dio un amigo muy cercano de Yidis a un interrogatorio que le hizo el embajador Sabas Pretelt (ver recuadro).

Para la Procuraduría de Maya, "se estaría en presencia de una ilicitud sustancial, por el abuso de sus funciones, prerrogativas y cargos al haber ofrecido y otorgado la vinculación de recomendados de la servidora pública Yidis Medina Padilla con ocasión o por razón del trámite de un proyecto legislativo de interés para el gobierno".

¿Qué pasó? ¿Por qué cuando llegó a la Procuraduría Ordóñez no acogió el fallo que había proyectado Maya? ¿Cómo pueden ser tan distintos dos fallos que cuentan con los mismos elementos probatorios?

Sin duda, el caso es una verdadera papa caliente, para estos dos o para cualquier otro procurador. La ’Yidis-política’ es uno de los problemas que más ha mortificado a Álvaro Uribe en sus ya casi siete años de gobierno. Sobre todo, teniendo en cuenta que sigue siendo una amenaza dormida, pues cualquier fallo en contra de sus más leales escuderos podría dejar muy maltrecho el proyecto de una nueva reelección y, por lo tanto, su permanencia en el poder.

Más allá de las razones que tuvo uno u otro Procurador, la pregunta que queda pendiente es cuál de los dos fallos tiene la razón. O por lo menos cuál de los dos convence más desde su lógica jurídica. Puede ser ilustrativo comparar la respuesta que dan a la pregunta de si los dos ministros utilizaron de manera indebida su cargo para incidir sobre Yidis Medina y hacerle cambiar el voto.

En el fallo del despacho de Maya acopian muchas pruebas para demostrar la culpabilidad de los ministros. En una de las argumentaciones llegan a la conclusión de que Yidis no cambió su voto porque creyera que la reelección le convenía al país sino por prebendas, que por altruistas que fueran, eran ajenas al tema que se estaba discutiendo. Es decir, que ella admitió siempre haber cambiado su voto, y en este caso no importaba si era por puestos para ella o por inversión para su región. El gobierno replanteó su programa de inversión "no con base en un estudio adecuado y serio de necesidades e inversión sino para la satisfacción ’politiquera’ de Yidis Medina".

El fallo de Ordóñez analiza este punto desde un ángulo completamente distinto. Se dedica a mostrar las contradicciones en las que incurrió Yidis Medina para descartar la mayor parte de las pruebas. Dice que como ella, cuando hablaba en público, decía que había votado a favor de la reelección porque le prometieron mayor inversión en su región y, cuando hablaba en privado, que por puestos, no es posible saber a cuál de las dos Yidis creerle. Por lo tanto concluye que hay una "duda razonable" y absuelve a Diego Palacio y a Sabas Pretelt no porque sean inocentes, sino porque no puede probar su culpabilidad.

Quienes creen que la telenovela de la ’Yidis-política’ ya se acabó están muy equivocados. Todavía faltan dos capítulos críticos. El de la Fiscalía y el de la Procuraduría con Teodolindo. Por ahora apenas se acabó un capítulo muy a la colombiana: se ha castigado al que peca por la paga pero no al que paga por pecar.

Falta, por ejemplo, el capítulo Teodolindo, que esta semana tuvo un episodio muy movido. Un procurador delegado fue a la Corte Suprema a pedir que en el proceso penal condenen a Teodolindo Avendaño porque "fue parte de un eslabón criminal cuya omisión fue determinante y por esos delitos lo deben condenar". Esto podría interpretarse como un anticipo de que el destino del ex ministro Sabas Pretelt en el proceso Teodolindo en la Procuraduría puede tener un final distinto al que tuvo en el caso de Yidis (ver recuadro).

También falta la decisión de la Fiscalía sobre el embajador Sabas Pretelt y allá el caso también está teniendo el tratamiento de ’papa caliente’. El fiscal Mario Iguarán se declaró impedido por su amistad con el investigado, además de que fue su viceministro. El vicefiscal abrió entonces investigación preliminar hace un año, lo llamó a indagatoria en junio y hoy, a pesar de que es un caso donde ya prácticamente todas las pruebas son de dominio público, no hay ningún pronunciamiento. ¿Están esperando, como lo hizo el procurador Maya, a que se venza el período del Fiscal General en agosto para no tener que cargar con esa ’papa caliente’?

Hay quienes han comenzado a prender las alarmas porque la prescripción de estos delitos (cohecho por dar u ofrecer) se acerca. En un tema tan crítico para el país, y donde se está definiendo la legitimidad de las elecciones, no sólo es preocupante que existan contradicciones tan abismales entre los fallos de tipo penal de la Corte Suprema de Justicia y los de tipo disciplinario de la Procuraduría, sino que ahora aparezca este ’fallo fallido’ que siembra un manto de duda sobre la manera como se está haciendo la investigación de la ’Yidis-política’.

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Proyecto de fallo sobre el caso de la Yidispolítica elaborado durante la procuraduría Maya





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Fallo emitido por la procuraduría de Ordoñez sobre el caso de la Yidispolítica
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Documento comparativo del proyecto de fallo de Maya y del fallo de Ordoñez