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Carta abierta de la Alianza Social Continental a los presidentes de UNASUR

CARTA ABIERTA DE LA ASC A LOS PRESIDENTES DE UNASUR
ACERCA DE LAS BASES MILITARES EN COLOMBIA


Enviamos a continuación la carta entregada por la ASC a los presidentes de UNASUR, acerca de las bases militares de EE.UU. en Colombia.

Carta abierta de la Alianza Social Continental a los presidentes de UNASUR


LUIZ INACIO LULA DA SILVA
Presidente de la Republica de Brasil
RAFAEL CORREA
Presidente de la Republica de Ecuador
HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS
Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela
MICHEL BACHELET
Presidenta de la Republica de Chile
CRISTINA KIRCHNER
Presidenta de la Republica de Argentina
EVO MORALES
Presidente de la Republica de Bolivia
TABARE VASQUEZ
República de Uruguay
FERNANDO LUGO
Presidente de la Republica de Paraguay
ALAN GARCIA
Presidente de la República de Perú.
BHARRAT JAGDEO
República de Guayana
RONALD VENETIAAN
República de Suriname

Nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestras inquietudes sobre los acontecimientos recientes que en nuestra opinión afectan la estabilidad del continente y las perspectivas de integración materializadas en procesos como el de UNASUR.

El gobierno de Uribe Vélez de Colombia anunció recientemente la decisión de otorgar a las tropas de EE UU, el permiso de operación sobre 7 bases militares en el territorio nacional, en un acuerdo que permitiría cualquier clase de operaciones en el interior y exterior del país. Esto significa, junto con el despliegue de la IV flota, el incremento de la presencia militar de Estados Unidos en una región estratégica desde la cual se pueden lanzar operaciones sobre todo el continente. Colombia al signar este acuerdo dará inmunidad a los militares y contratistas estadounidenses, con lo cual se les garantiza la impunidad y se los coloca por fuera de los controles judiciales nacionales e internacionales. Al mismo tiempo el uso de las bases significan una intervención en los asuntos internos de Colombia y una amenaza contra los procesos democráticos en toda la región. Por ejemplo la presencia de la base militar Soto Cano en Honduras ha sido utilizada por los golpistas de ese país para demostrar el apoyo estadounidense al golpe militar.

Esta utilización, que da amplias facilidades al ejército estadounidenes se constituye en una interferencia en los procesos de integración, un estímulo a las corrientes que quieren desestabilizar los procesos democráticos y una fuente de conflictos en una región que ha hecho avances en el logro de su autonomía y en la búsqueda de caminos propios para su desarrollo. Las declaraciones en Brasil del asesor de seguridad de la Casa Blanca de que “nuestra misión es ayudar en el entrenamiento de sus fuerzas de frontera” y sobre que el gobierno de Venezuela no hizo mucho para combatir la presencia de las FARC en dicho país, demuestran el propósito de Estados Unidos de terciar en las diferencias y contradicciones entre los países de la región.

La presencia de estas bases se ha justificado con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, pero en realidad representan una pieza del dispositivo militar global de Estados Unidos y patrocinan un enfoque militar y unilateral de estos problemas, impidiendo el tratamiento social, político, autónomo y multilateral de tales problemas. Enfoques, que con el Plan Colombia y la Iniciativa Merida, han demostrado su ineficacia y su alto potencial de desestabilización regional y cuya aplicación en Colombia y en las zonas fronterizas ha contribuido a agravar la crisis humanitaria, ambiental y social de vastas regiones. Estas bases, junto con los Tratados de Libre Comercio, se constituyen en nuevos obstáculos para avanzar en la integración sudamericana tan apreciada por los pueblos de la región.

El planteamiento del gobierno de Uribe sobre que Unasur no tiene competencia para analizar este problema, no es más que otro esfuerzo de ese gobierno de sabotear cualquier esfuerzo de integración latinoamericano y facilitar la interferencia de Estados Unidos en los procesos de la región. Por el contrario, consideramos que la próxima reunión de Unasur, debe pronunciarse al respecto, rechazar la instalación de estas y cualquier base militar en Suramérica, condenar la interferencia en los asuntos de la integración regional y avanzar en la búsqueda de soluciones políticas a través del dialogo de los diferentes asuntos de controversia entre los países dentro del espíritu de convivencia pacífica, ayuda mutua y respeto a la soberanía, la cual se vulnera al entregar el territorio Colombiano a las operaciones militares estadounidenses y no con la discusión fraternal en el seno de Unasur.

Igualmente les solicitamos, recibir a una delegación de los movimientos sociales del continente para expresarles estas inquietudes y permitir que el proceso de construcción de Unasur, cuente con las opiniones de los mismos.


Alianza Social Continental
Enrique Daza
Secretario

Camino de la incertidumbre

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La sensación que se vive en Colombia es que los temas de la agenda nacional ya no son los de la amenaza del paramilitarismo y las Farc, sino que estos se han convertido simplemente en el instrumento de política externa e interna, para el desarrollo de hechos mucho más complejos que nadie sabe hacia dónde pueden conducirnos.

El primero es el de las relaciones con Estados Unidos e Israel, por una parte y, Ecuador y Venezuela, por la otra. Es una réplica, en pequeño, de la Guerra Fría que se vivió hasta la caída del Muro de Berlín, cuando el mundo evolucionó del bipolarismo que alineó al mundo, entre el socialismo liderado por la Unión Soviética y, el capitalismo, por Estados Unidos.

Colombia ha ingresado de lleno al espacio de la confrontación, que no de la conciliación, con el acuerdo de permitir la utilización de las bases militares por parte de los norteamericanos, lo que es percibido por otros países de la región con gobiernos de izquierda, como el preludio de una agresión militar.

Para justificar este hecho, se desarrolla una guerra mediática para presentar a Venezuela y Ecuador como apéndices de las debilitadas Farc, a partir de hechos aislados y que se pretenden mostrar como parte de las políticas de Estado de esos países.

No podemos olvidar que Venezuela y, en menor medida, Ecuador, tienen un potencial petrolífero muy importante en la región y son estratégicos para la política energética norteamericana. Ahora surge un nuevo actor, a partir de la visita que realizará por primera vez en treinta años a nuestros países el Canciller de Israel, para tratar de equilibrar las relaciones en aumento de Brasil y Venezuela con su 'archienemigo' el Gobierno de Irán.

El segundo, es consecuencia del anterior y tiene una profunda influencia sobre la política interna nacional, ya no se trata tan solo de la 'Seguridad Democrática' de Colombia, sino de la 'seguridad regional' suramericana. Uribe y su Gobierno pretenden convertirse en el adalid en esta parte del mundo de la política, como parte de un 'círculo virtuoso' en la lucha contra el 'terrorismo'. Se juega al nacionalismo y a crear un 'Estado de Opinión' que haga inevitable su continuidad en el poder.

Frente a esta geopolítica, los diferentes actores nacionales se convierten en marionetas: los actores económicos ven deteriorar su situación, impotentes frente a las relaciones con los países vecinos, inquietudes que serían mitigadas con la aprobación del Tratado de Libre Comercio por intereses estratégicos de Estados Unidos.

Los actores políticos con multitud de candidatos y 'candidotes', ya no saben ni siquiera qué hablar o qué decir. Se quedan sin discurso y deberán limitarse a los nuevos temas de la agenda y, los actores sociales sin organizaciones fortalecidas, poco aportan a la discusión nacional. Los intelectuales, condenados a la misantropía: hablan, pero nadie los escucha.

¿Cuándo nos metimos en tamaño embrollo de una tramoya regional donde somos actores de reparto movidos por los hilos de una geopolítica de inmensos intereses? Mientras tanto, el 'gringo ahí', promoviendo los conflictos entre pueblos hermanos, simplemente para mantener estables sus intereses en la región. Yo no sé si es el camino a la locura. Por mi parte, debo confesarlo, llevo un semestre hablando solo.

Germán Umaña Mendoza

La ayuda


Por Antonio Caballero

OPINIÓN. El aumento de la ayuda norteamericana que tan contento tiene a este gobierno sólo servirá para agravar la guerra que vivimos.

Sábado 18 Julio 2009

Primero dijo el entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos que el gobierno no les daría una base militar a los Estados Unidos. Aquí mismo comenté que esa era la prueba de que pensaba darles varias. Y así ha sido. El actual ministro de Defensa, general Freddy Padilla, informa que son tres: Malambo, Apiay y Palanquero. Agrega que, si por el gobierno fuera, serían por lo menos cinco: "Nosotros hemos solicitado -dijo- entregar también Larandia y Tolemaida". Y al parecer serán en realidad siete, contando las bases navales de Cartagena y Bahía Málaga, que recibirán "visitas" de los buques de guerra norteamericanos. Agrega el general que no es necesario ni siquiera consultar al Congreso (lo cual, en el lenguaje de este gobierno, significa que no van a comprar congresistas con embajadas y notarías), porque "los expertos en esta materia consideran que no se trata de nada nuevo". Y es verdad: la entrega de las bases forma parte de la larga tradición cipaya de abyección ante el imperio de todos los gobiernos de Colombia. Tanto es así que ni siquiera sorprende que esa haya sido la manera escogida por el de Álvaro Uribe para celebrar el bicentenario de la independencia del imperio anterior. Pero lo cierto es que da vergüenza ajena. Tanta, que por contraste parece menos grotesca la idea municipal de los globos aerostáticos con anuncios publicitarios.

Y explica el Presidente, como siempre, que la entrega de las bases a los norteamericanos tiene por objeto conseguir "que nos ayuden en esta batalla contra el terrorismo y el narcotráfico".

Como siempre, digo, porque esa es la excusa (también tradicional) que alega el gobierno para cualquiera de sus actos. Para subir los impuestos o para bombardear a los vecinos, para no llevar a juicio a los paramilitares o para no compensar a sus víctimas. Para lo que le convenga o para lo que se le ocurra. Parece como si no se hubiera dado cuenta de algo que ha sido de sobra comprobado en la historia ya larga de esos dos fenómenos: que ambos son generados en buena medida por la ayuda norteamericana.

En el caso del narcotráfico la evidencia es tan clara que ha acabado por convencer incluso a personas que, en su momento de poder local, se inclinaron ante la presión imperial de los Estados Unidos para combatirlo a sabiendas de que ese combate es la mejor manera de fortalecerlo: es el caso de los ex presidentes Gaviria de Colombia, Zedillo de México y Cardoso de Brasil, firmantes de un reciente documento en el que reconocen que la guerra contra la droga ha sido no sólo inútil sino contraproducente. Ha destruido física y moralmente los países a la vez que conseguía que aumentara el consumo del producto y el poder y la riqueza de las mafias que lo manejan.

En el caso del terrorismo, antes llamado subversión, la relación de causa a efecto también es notoria aunque esté velada por la ideología. No sólo en Colombia, sino en todos los países que han conocido el fenómeno este ha sido fortalecido por el antiamericanismo, fruto a su vez de la "ayuda" procurada a sus gobiernos por los Estados Unidos para combatirlo. Y así es tanto en los países en los que la subversión, hoy llamada terrorismo, ha sido derrotada (la Argentina o Chile), como en los que ha triunfado (Cuba o la Nicaragua de la primera victoria sandinista). Y esto no sólo en América sino en Asia y en África, de Vietnam al Congo, e inclusive en la Europa de la Guerra Fría. Para no hablar del Oriente Medio.

De manera que el aumento de la ayuda norteamericana que tan contento tiene a este gobierno sólo servirá para agravar la guerra en que vivimos. Lo cual explica, de rebote, el contento del gobierno: él vive de que esa guerra se mantenga. Si en Colombia hubiera paz, no habría Uribe.

Me viene a la memoria el razonamiento con el cual la señora Jeanne Kirkpatrick, asesora de Seguridad de Ronald Reagan, trató de persuadir al gobierno de Costa Rica de que aceptara la ayuda norteamericana para armar un ejército, inexistente en el país desde los años cincuenta. "Lo necesitarán -les dijo la consejera de Reagan- para combatir la subversión". "Es que en Costa Rica no hay subversión", le respondieron. Y ella concluyó: "La habrá en cuanto tengan un ejército".

Julio y Uribe

Opinión| 17 Jul 2009 - 10:08 pm

Álvaro Camacho Guizado

Julio y Uribe

Por: Álvaro Camacho Guizado
EN LO QUE VA CORRIDO DE ESTE MES se han presentado diferentes sucesos que deben tener preocupado al presidente Uribe.

En algunos no porque sienta que ha actuado mal, sino porque con ellos se ha dibujado un panorama del país que contradicen lo que él ha expresado como su ideal de “patria”.

En primer lugar, se ha producido un nuevo “falso positivo”. No se trata esta vez de matar jóvenes inocentes para hacerlos pasar por subversivos. No, ahora se trata de dar la orden de matar a un hipopótamo, también inocente, porque los responsables del Ministerio del Medio Ambiente no sabían qué hacer con él. Se pretendió obviar el problema con una solución bárbara, que se disfrazó de un acto de protección a unos campesinos que se quejaron de que el animal había matado unas vacas, pero que no querían que se matara a ‘Pepe’, como lo habían bautizado en un acto que refleja cierta compasión.

En segundo, la terna enviada a la Corte para la elección del Fiscal General. Según expertos juristas, ninguno de los tres candidatos cuenta con mérito. Uno de ellos ha sido denunciado por ejercer tráfico de influencias; otro por haber auspiciado la práctica de los “falsos positivos”, y la tercera por su falta de experiencia en el poder judicial y por mostrar como méritos que fue asesora del presidente cuando era gobernador de Antioquia y ser asesora del Ministro de Transporte. Su selección por parte del Presidente mostró que es más importante tener amigos que jueces en el poder judicial.

El tercero, el anuncio de que el mandatario ofrece al gobierno de Estados Unidos tres bases aéreas, y le ofrece otras dos como ñapa, muestra que los esfuerzos para congraciarse con Obama y lograr que el Congreso de ese país conceda el TLC no encuentran límites en la dignidad y la soberanía.

Ni en la lógica: si el presidente insiste en que el gobierno va ganando la guerra contra las Farc, y que el narcotráfico se ha reducido (así lo informó el ex ministro Santos), no se ve por qué se necesitan bases militares estadounidenses. No importa tampoco que la decisión no sea consultada con el Congreso de la República, ni con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Basta que sea una decisión presidencial. Y punto.

Cuando en América Latina se respiran ciertos aires de independencia y alguna altivez frente a los Estados Unidos, Uribe se ubica en el viejo modelo de subordinación a la potencia, lo que sin duda obstaculizará las relaciones con los demás gobiernos de la región. Eso de tratar de establecer un rotundo contraste con el presidente de Ecuador puede servir para satisfacer el fanatismo de los enemigos de Chávez, Correa y Evo, pero no nos acerca a otros presidentes más sensatos. Al contrario, menos confiarán en Uribe como aliado.

Estos hechos del mes no se pueden utilizar para criticar a Uribe porque no ha cumplido con su programa original de 2002, el Manifiesto Democrático de los Cien Puntos. Cualquiera que lo lea se da cuenta de que en él el candidato no se compromete de manera explícita con la protección del medio ambiente (lo que incluye no matar animales inocentes); tampoco se la juega por la independencia de la Rama Judicial (sólo promete más celeridad en la aplicación de la justicia). Y menos en la garantía de gobernar un país soberano, con una política exterior independiente y digna.

  • Álvaro Camacho Guizado

QUE SE ESTABLEZCA SI LA DRUMMOND ES RESPONSABLE POR LA MUERTE DEL TRABAJADOR DAGOBERTO CLAVIJO, PIDE ROBLEDO

Oficina de Prensa, Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 25 de marzo de 2009


El senador Jorge Enrique Robledo pidió al gobierno investigar si la trasnacional norteamericana Drummond Limited es responsable por el trágico accidente en el que pereció hace unos días el obrero Dagoberto Clavijo y se solidarizó con la protesta que adelantan hoy los trabajadores en las minas Pribbenow y El Descanso de La Loma, Cesar. Les exigió además a las autoridades desmilitarizar las dos minas, no judicializar a los huelguistas y tomar urgentes medidas para evitar más muertes.

Dagoberto Clavijo pereció el 19 de marzo, a las cinco de la tarde. Solo llevaba 32 días al servicio de la trasnacional, operaba el camión 2280, un tanquero de proporciones gigantescas, y murió cuando el vehículo se precipitó por uno de los niveles de la mina. En los últimos años suman ya tres los operarios víctimas de accidentes fatales con este tipo de camiones.

Sintraminergetica, el sindicato que agrupa a los obreros, se declaró en asamblea permanente reclamando que el Ministerio de Protección Social adelante una vigilancia constante y efectiva para hacer que la Drummond se ciña a las normas de seguridad industrial y se eviten así nuevas tragedias. En respuesta, el gobierno ordenó militarizar las minas y la trasnacional está incoando denuncios penales contra los dirigentes y activistas. En la protesta están participando también obreros de Glencore, Fenoco y Carbograneles.

Este infortunado accidente, dijo Robledo, guarda estrecha relación con modalidades de enganche del personal que evaden el contrato de trabajo directo para eludir las prestaciones sociales, el adiestramiento adecuado de los operarios y la dedicación de personal suficiente que vele por la seguridad industrial y la salud ocupacional.

“Los obreros del carbón tienen toda mi solidaridad y la de mi partido, el Polo Democrático Alternativo”, concluyó el senador Robledo.

¿El Estado 51?

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No se trata de satanizar la ayuda de Estados Unidos, pero tampoco de que haya intromisión en los asuntos internos
No se trata de satanizar la ayuda de Estados Unidos, pero tampoco de que haya intromisión en los asuntos internos


POLÍTICA INTERNACIONAL. Pocas veces en la historia de Colombia, Estados Unidos había metido tanto sus narices en las políticas internas. Y lo increíble: con el visto bueno del Estado.

Sábado 21 Marzo 2009

Desde cuando Colombia aceptó los 25 millones de dólares de Estados Unidos para "eliminar todas las desavenencias producidas por los acontecimientos políticos ocurridos en Panamá en 1903" como parte del tratado Urrutia-Thompson de 1914, el gobierno de Washington D. C. se ganó un puesto de honor en la mesa de la política colombiana. Un lugar que no ha abandonado, como se demostró la semana pasada. El domingo el gobierno tuvo que recular luego de que el vicepresidente Francisco Santos propuso darle santa sepultura al Plan Colombia. El alto funcionario se quejaba de que los pocos dólares que recibía de ayuda no justificaban el maltrato que se le daba al país en ciertos círculos de Washington. Pero fue rápidamente desautorizado por el canciller Jaime Bermúdez: "Hay que continuar con el Plan Colombia. Este Plan se necesita para poder consolidar los resultados en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo".

Días antes, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, había anunciado el traslado de los equipos y las aeronaves norteamericanos de la base de Manta (Ecuador) a territorio colombiano. El miércoles Colombia amaneció con la noticia de que el senador Patrick Leahy había congelado 72 millones de dólares de ayuda militar, debido a su preocupación por los "falsos positivos". El jueves se informó que Estados Unidos solicitará en extradición a David Murcia, de DMG. Esa andanada informativa, lejos de ser excepcional, refleja el grado de injerencia que hoy tienen las tres ramas del poder de Estados Unidos en Colombia, posiblemente la mayor en toda la historia de las relaciones entre los dos países.

La influencia estadounidense no es nueva, pero pocas veces ha afectado tanto el diario devenir de los colombianos como se está viviendo hoy en día. Si el pilar de cualquier Estado es la justicia, ésta en Colombia se escribe en inglés. El sistema penal acusatorio, que se instrumentó en los últimos años, no sólo está inspirado en el norteamericano, sino que fue promovido y financiado por Washington. Los fiscales colombianos son instruidos por sus pares estadounidenses.

Allí no se limita su participación. Según le confirmaron a SEMANA fuentes de la Fiscalía, los funcionarios norteamericanos tienen un papel protagónico en varios frentes críticos como el uso de polígrafos para determinar la idoneidad de fiscales colombianos. En los casos que le interesan a Estados Unidos -narcotráfico, derechos humanos- intervienen directamente agentes del FBI o del Departamento de Justicia.

La justicia penal militar se está transformando a imagen y semejanza de la que se aplica en el Pentágono mediante la capacitación de jueces y fiscales colombianos.

La extradición, otrora una herramienta excepcional para combatir a los grandes capos de la droga (cartel de Medellín y Cali), es hoy utilizada de manera indiscriminada. Ya van más de 800 extraditados desde 2002, de los cuales sólo un pequeño porcentaje calificaría bajo el rubro de demasiado poderosos o peligrosos para ser juzgados en Colombia: la raison d'etre con la cual se justificó su instrumentación en el país.

También son frecuentes los viajes del fiscal general, Mario Iguarán, o de otros funcionarios de la rama judicial a Washington, no sólo para reunirse con sus pares en el Departamento de Justicia - algo lógico-, sino para presentar descargos y explicaciones a congresistas y sus asesores.

La rendición de cuentas a los congresistas gringos no es fortuita: las instituciones colombianas, entre ellas la Fiscalía, reciben anualmente más de 500 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses. La recepción de esa plata es lo que les da carta blanca a los políticos norteamericanos para entrometerse en los asuntos colombianos. Y lo hacen con gusto: no sólo en justicia, sino en asuntos de derechos humanos, seguridad nacional, política social y hasta en cómo se debe regir las relaciones laborales en Colombia.

Gracias a la llamada enmienda Leahy, aprobada en 1997 durante el gobierno de Samper, se puede negar el envío de ayuda a unidades militares de las cuales se sospecha de violaciones de derechos humanos. La norma es tan vaga y sujeta a interpretaciones que cualquier miembro de la fuerza pública es vulnerable de ser sindicado de ser un malhechor. El problema radica en que Leahy, por ser el presidente del Comité de Apropiaciones, puede él solo frenar el desembolso de recursos, como ocurrió la semana pasada con los 72 millones de dólares del Plan Colombia. Es más, normalmente quien decide es su asesor Tim Reiser, encargado de hacerles seguimiento a los temas colombianos. Así, las fuerzas militares pueden llegar a estar al vaivén de un staffer de Congreso, quien reside en Washington.

Leahy no es único legislador que ejerce esa facultad de vigilancia o de influencia. El congresista Gregory Meeks convenció al gobierno de Uribe de que si les ponía atención a los afrocolombianos, el black caucus (agrupación que reúne a 41 representantes negros) apoyaría el TLC. Eso explicó el nombramiento de la Ministra de Cultura y un viceministro de Protección en junio de 2007, según le confirmaron a SEMANA fuentes de ambos gobiernos. No es gratuito, además, que haya una partida de 15 millones de dólares del Plan Colombia que debe ser invertida en las comunidades afrocolombianas del Pacífico.

En la delicada esfera de la seguridad nacional, la participación norteamericana, aunque discreta, se manifiesta en la presencia de militares y contratistas de ese país en lugares estratégicos: las bases de Tres Esquinas, Apiay, Tolemaida, Arauca y Buenaventura. Muchos equipos donados no pueden ser movidos o utilizados sin la autorización previa de Estados Unidos. De trasladarse las aeronaves y equipos estadounidense de Manta a Colombia, ¿se les permitirá esa misma autonomía?

Es tanta la integración colombo-estadounidense en asuntos de defensa, que el gobierno colombiano utiliza muchas veces el mismo sistema de compras del Pentágono (se logran economías de escala, según le explicó a SEMANA un ex funcionario de seguridad).

El llamado 'Plan de Consolidación' en las áreas antes controladas por la guerrilla tiene un fuerte componente norteamericano. Muchos de los recursos provienen de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID). Esta impronta les permite a los funcionarios estadounidenses tener voz y voto sobre cómo y dónde se gasta la plata.

Esta norteamericanización de Colombia precede al gobierno de Uribe. La guerra contra el narcotráfico y las Farc llevó a los gobiernos a acercarse más a Washington; pero la actual administración ha ido más lejos que sus antecesores. El gobierno colombiano firmó un acuerdo que otorga inmunidad a personal oficial estadounidense implicado en crímenes de lesa humanidad para que no sean juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI), sino por jueces de su país.

Pero tal vez la mayor señal de que Colombia cada vez se parece más a un apéndice de Estados Unidos es la actuación de los llamados opositores. El senador liberal Juan Fernando Cristo, por ejemplo, acaba de regresar de un periplo a Washington

D. C. donde explicó y pidió apoyo para la ley de víctimas. Piedad Córdoba quiere entregarle las llaves del acuerdo humanitario al congresista demócrata Jim McGovern. Los sindicatos colombianos se aliaron con sus similares norteamericanos contra el TLC porque éste les quitaría empleos a los trabajadores estadounidenses. Y gracias a la presión de los sindicatos gringos, se cambió la ley de huelga en Colombia.

Son múltiples las áreas donde la ayuda económica de los Estados Unidos significa una influencia de ese país en los asuntos internos que son estratégicos para Colombia. Frente a esta situación, no se trata de satanizar la cooperación de Washington, que sin duda ha sido beneficiosa para Colombia en aspectos tan importantes como los derechos humanos, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. Pero tampoco es conveniente que muchas decisiones de seguridad nacional y de política interna tengan que ser autorizadas por funcionarios estadounidenses, como muchas veces ocurre, y que constituye una intromisión en los asuntos internos de un país que lesiona la soberanía nacional.

La doctrina

Por Antonio Caballero


OPINIÓN. La doctrina de la "defensa propia" de Santos no es de él, ni de Uribe, ni de Bush y ni siquiera de Israel. su verdadero inventor es Adolfo Hitler

Sábado 7 Marzo 2009

Para el gobierno de Álvaro Uribe sólo importa la que llama "seguridad democrática", y esta se reduce a la guerra de aniquilamiento contra las Farc. Eso para lo cual el Presidente fue elegido y reelegido y que en estos seis años no ha logrado todavía, después de haber anunciado, y sin duda creído, que lo conseguiría en dieciocho meses. Por ciego. Por no querer ver, por no poder ver (su ideología se lo impide) que el problema no es exclusivamente militar, sino social, económico y político. A causa de esa ceguera voluntaria y obsesiva a Uribe sólo le importa, digo, la "seguridad democrática", y a ella dedica todos los recursos y supedita todas las demás funciones del Estado: la justicia, la economía, y, claro está, la diplomacia.

Por eso, salvo en las contadas ocasiones en que se ha visto forzado a aceptar la colaboración de algún gobierno extranjero en algo relacionado con el conflicto armado -la ayuda del venezolano o del francés en las liberaciones de secuestrados, por ejemplo- la diplomacia de Uribe no ha tenido sino un foco de atención: los Estados Unidos. Más restringidamente todavía, el gobierno que presidía George W. Bush. Al Congreso norteamericano lo ignora, y al partido demócrata, cuando estaba en la oposición, lo despreciaba. Todavía no se repone -y debe ser el único que no previó jamás esa posibilidad- de la elección de Barack Obama. Lo demás ni siquiera existe: ni los vecinos -Venezuela y Ecuador-, ni la OEA, ni la ONU: incómodas organizaciones, como creía él con Bush, "irrelevantes". Ni Suiza, ni la China: nadie. Por eso usa la Cancillería y el servicio exterior como un basurero. Sólo cuentan los Estados Unidos, que en buena parte le financian la guerra; y, en lo anímico, el feroz Israel, que le da la pauta. La doctrina.

Dijo hace unos días el ministro de Defensa Juan Manuel Santos que perseguir a la guerrilla fuera de las fronteras "es un acto de legítima defensa y una doctrina cada vez más aceptada por la comunidad y el derecho internacional". No es así. Al revés: cada vez menos. Esa doctrina ya no la acepta ni siquiera el que más la ha usado, que es el gobierno de los Estados Unidos: fue explícitamente rechazada por Obama cuando sustituyó a Bush, cosa que sucedió en buena medida como consecuencia de la sima de soledad y desprestigio en que esa doctrina había sumido a su país. Sólo la practica Israel, pero no con la aceptación sino ante la reprobación casi universal; y sólo puede darse ese lujo porque le dan su respaldo irrestricto los Estados Unidos, como se lo da una madre al hijo calavera. La practica Israel, criminal e irresponsablemente, hoy en Palestina, ayer en el Líbano, tal vez mañana en Irán, y en todos los casos con resultados contraproducentes: el incremento del terrorismo árabe, antiisraelí y antinorteamericano.

Cuando la quiso practicar también Uribe por mano del ministro Santos, hace un año en el bombardeo al campamento de 'Raúl Reyes' en territorio ecuatoriano, y la hizo defender por boca de su entonces canciller Fernando Araújo, todos los países americanos (salvo los Estados Unidos de Bush) la censuraron unánimes. Hasta el punto de que el Presidente se vio obligado a firmar en Santo Domingo, en fila con todos sus colegas de América Latina y tragándose la rabia, una condena explícita a la violación de las fronteras ajenas.

La desacreditada doctrina que ahora propone Santos no es sólo suya. Es también la de Uribe. El cual finge desautorizar a su Ministro y "le da un tirón de orejas", como dice la prensa, y lo obliga a reunirse con el Canciller para que hagan las paces. (Una digresión: ¿no les da vergüenza a estos ministros de Uribe que su patrón los trate como a niños, o a veces como a perros? ¿No tienen dignidad? Pero eso sí: no renuncian hasta que los echan). Le da un tirón de orejas que el Ministro acepta sumisamente, agradecido: parece un ministro cubano. Pero a continuación lo confirma en su cargo y lo insta a seguir cumpliendo su "exitosa tarea" de imponer la "seguridad democrática" de bombardeos en la frontera y falsos positivos en el interior, de recompensas y sobornos, de manos cortadas y operaciones 'Jaque' montadas, de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, de espionaje a los adversarios y hasta a los partidarios, incluido el propio Santos: autochuzadas telefónicas.

Así que la doctrina Santos de la "defensa propia" no es de Santos. Pero aunque sea de Uribe, tampoco es invento de Uribe. Ni de Bush. Y ni siquiera de Israel. Todos ellos la han practicado, resumida en una fórmula brutal y sin escrúpulos: todo está permitido. Pero su verdadero inventor es otro: Adolfo Hitler.

Y ni siquiera a Hitler le fue bien con ella.
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