Una cosa es la profunda legitimidad que asiste a quienes nos oponemos a una reforma constitucional con nombre propio para prolongar de manera indeseable el mandato de Uribe. Más allá del estribillo de que se trata de la voz soberana del pueblo, sabemos que esos largos períodos, sobre todo en regímenes presidencialistas, son fuente de serios desarreglos institucionales y políticos.
Pero me parece aún más grave que circulen sin beneficio de inventario ideas como las que expresó el respetado ex presidente. Si viene el huracán de la reelección hay que tratar de resistir. Pero a eso no podemos agregar que, además, tiremos al tarro de la basura la paciente construcción de instituciones. Pastrana, por su rango y por su experiencia, sabe cuán difícil es construir instituciones. En el legítimo afán de luchar contra la permanencia de Uribe, tampoco podemos acudir al método de Sansón.
Igual de desacertada es la afirmación de muchos columnistas que, de entrada, parten de la base de que la Corte Constitucional sólo es legítima si tumba el referendo, mientras que si lo mantiene, es espuria y condenable. Es como el jugador de fútbol que, de antemano, dice que el árbitro es bueno, sólo si su equipo gana. De la misma manera que repudiamos algunas movidas bastante dudosas del Gobierno, no aceptamos que se juegue con dados cargados: yo también deseo que se caiga el referendo, pero un demócrata (que creo que es lo que estamos tratando de defender) debe aceptar las reglas de juego. Si ello no es así, ¿entonces cuál es la validez de la causa que auspiciamos?
El mecanismo de elección de los magistrados de la Corte fue fijado en el 91 con gran sabiduría. Armoniza con procedimientos semejantes en países avanzados. Por su propia naturaleza, la Corte está situada en el vórtice de las tres ramas del poder: pertenece a la justicia, examina la validez constitucional de las leyes y controla determinaciones importantes del Gobierno. Por tal razón, tiene plena lógica que sea el Senado el que nombre a magistrados que provienen de ternas de las otras dos cortes y del Presidente.
La crisis actual, que es muy seria, no nos debe llevar a obrar por impulsos de coyuntura, para entrar ahora en el proceso febril de ver cómo nos tiramos algo que es sólido. He criticado el papel del Senado, permeado por politiquería e intereses varios. Pero es allí donde está el mal y no en la supuesta e inexistente primacía del Presidente en el escogimiento de los magistrados, aun si él ha llevado a esa alta dignidad a personas de su confianza.
La Corte merece respeto. Un pacto elemental entre colombianos debería basarse al menos en esto: que el Gobierno no manipule, que no haga despliegues de poder indebido y que, en suma, juegue limpio. Y los opositores deberíamos comprometernos a respetar el fallo de la Corte, cualquiera fuese su decisión. En caso contrario, iremos en camino a la barbarie.
Y si la Corte le da la bendición, entonces tendremos el deber de derrotarlo en las urnas, acudiendo a la abstención activa.
