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No se llamen a engaños con lo sucedido en la UTP

martes 25 de agosto de 2009





OCE-Risaralda, Pereira, agosto de 2009



El pasado 18 de agosto, en confusos hechos, una estudiante resultó lesionada por el estallido de un artefacto explosivo. Es deber de la comunidad educativa expresar su rotundo rechazo ante este nuevo episodio que, además de atentar contra la integridad física de un miembro de la comunidad universitaria, sólo sirve para sembrar zozobra, generar temores en estudiantes, profesores y trabajadores que se inhiben de participar en justas acciones de protesta contra la inmensa cantidad de decisiones, del gobierno nacional y de la dirección universitaria en la UTP, que afectan las condiciones de trabajo y el bienestar de los universitarios, cercenan la democracia y lesionan los intereses educativos del pueblo colombiano.



Las acciones anónimas, individuales y aisladas de movilización universitaria alguna, que han ocurrido últimamente en la universidad, bien podrían ser obra de quienes consideran equivocadamente que con estos hechos presionarán cambios favorables a la democracia y propiciarán la recuperación de los derechos conculcados. No obstante lo anterior, queda un enorme manto de dudas acerca de los patrones que rodearon los hechos del 18 de agosto. Resulta sospechoso el peculiar despliegue de operativos con que se atendieron los sucesos y las circunstancias que los rodearon. No sería raro que lo ocurrido sea obra de provocadores de los organismos de seguridad del estado para justificar el apuntalamiento de la militarización de los claustros universitarios que está en marcha, como lo ratificó la semana anterior en Manizales, el presidente Álvaro Uribe Vélez, al manifestar de manera pública y amenazante que mantendrá a la policía al interior de las Universidades del país, con su presencia intimidatoria.



Llamamos la atención a la comunidad para estar atentos a este tipo de hechos y estar prestos a enfrentarlos con la acción colectiva, con la certeza de que la política de seguridad democrática está ávida de cualquier pretexto para avanzar en la arremetida reaccionaria de la administración Uribe; por ende el estudiantado debe enarbolar las banderas de la resistencia civil descartando cualquier acción que diezme la capacidad acumulativa del movimiento estudiantil o colme de prerrogativas a la administración de Luis Enrique Arango, para que su política pase inadvertida. Hoy más que nunca la Universidad requiere de la organización y la movilización masiva. Se halla sumergida en la debacle financiera, los programas sociales no aumentan a la par con el número de gente en las aulas, la situación económica de más del 50% del estudiantado es de pobreza, crece el número de estudiantes que deben caminar largas distancias para asistir a la universidad así como los que asisten sin alimentarse debidamente.



Cada vez es mayor la cifra de personas que reciben un -no- como respuesta a su solicitud de ayuda económico-social o en el “mejor” de los casos se los pone en la eterna lista de espera; menos esperanzador resulta el programa de bono alimenticio, que a efectos de la política de cobertura irresponsable implementada por el rector, atiende cada día un porcentaje menor de educandos, mientras el sistema de comedor privado que opera en la institución responde con el incremento de los precios. Tampoco escapan a las problemáticas de los universitarios las cifras de desempleo que padece el departamento, donde los padres o hermanos que financian los estudios de muchos estudiantes se han quedado sin ingreso para sostener sus hogares.



De tal forma, estudiantes, profesores, trabajadores y comunidad en general, que ésta es la verdadera y principal situación que agobia a quienes hacen parte de la UTP. Por ello la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, convoca a la lucha masiva, civil y democrática, ratificando como siempre su enfático repudio a peroratas que apelen a mecanismos violentos los cuales operan en contra de los intereses de los estudiantes, sin perder de vista a la política uribista como el principal artífice de la degradación académica y financiera de la educación superior.



Contra la degradación de la educación superior… ¡Resistencia civil y democrática!

CUMBRE NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS

CUMBRE NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS

BOGOTA, AGOSTO 20,21 Y 22 DE 2009.

AL PUEBLO COLOMBIANO.

Convocatoria a la acción política y movilización social

Esta Cumbre Social y Política, realizada exitosamente en Bogotá del 20 al 22 de agosto con la participación de 1030 delegados de todo el país, marca un punto alto en los pasos que debemos dar para la construcción de la unidad de las fuerzas sociales y políticas, tal como se expresa en los acuerdos alcanzados:

I. Colombia ha sido afectada por la crisis económica mundial pero además, como lo expresamos en la convocatoria a esta Cumbre, sufre cuatro tragedias:

1) la económica signada por los efectos perversos de la aplicación del neoliberalismo, la inequidad económica y la excesiva concentración de la riqueza y de la tierra que nos ha llevado a ser uno de los países en el mundo con mayor desigualdad y exclusión económica y social. Estos efectos se han agravado con la profundización de los TLC con Estados Unidos, Canadá y Unión Europea, rechazados por unanimidad en esta Cumbre Nacional.

2) la social, marcada por el aumento atroz de la pobreza, la miseria y la exclusión que afecta a gran parte de la población colombiana y más intensamente a mujeres, jóvenes, afro-descendientes e indígenas; marcada también por el crecimiento del desempleo, la pauperización del trabajador colombiano ante la pérdida de garantías laborales, el desmonte sistemático de los derechos pensionales, el paquete legislativo del gobierno y una criminal política agroindustrial destinada a liquidar al campesinado, desplazarlo por la violencia o a empujarlo a aumentar los cordones de miseria de las grandes ciudades;

3) la humanitaria, con la guerra y las violaciones crónicas a las normas del Derecho Internacional Humanitario que se contabiliza en la última década en más de cuatro millones de personas víctimas del desplazamiento forzado, miles de crímenes de Estado (mal llamados falsos positivos), miles de homicidios entre la población civil, desaparecidos y secuestrados, asesinatos masivos y sistemáticos contra poblaciones indígenas, afro-colombianos, campesinos y pobladores del campo y millares de detenciones masivas y arbitrarias; violaciones aberrantes contra los derechos de las mujeres, niñas y niños en medio del conflicto, persecución y homicidios de líderes sindicales, políticos, comunales, campesinos y defensores de derechos humanos, violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la política de seguridad y confianza inversionista, y

4) la tragedia política, atravesada por la toma del Estado y los partidos por mafias del narcotráfico y paramilitares, hoy llamadas bandas criminales, que han llevado hasta ahora a involucrar a 81 parlamentarios en el proceso de la parapolítica, a tener municipios e incluso departamentos enteros bajo el dominio militar y criminal de las mafias y a infiltrar organismos como el DAS y la fiscalía y ponerlos al servicio del hampa en detrimento de los derechos de los ciudadanos que deberían proteger.

Hemos constatado el incremento de la pobreza y la exclusión que se han extendido con las nefastas políticas neoliberales y el autoritarismo que condensa el proyecto de Estado Comunitario y su seguridad antidemocrática.

La magnitud de las luchas sociales de los pobladores de todos los rincones de Colombia evidencian que éstas siguen su curso ascendente como lo ilustran la resistencia de los corteros de caña del Valle del Cauca, la amplia movilización de la juventud y de la sociedad en contra de la guerra, la Minga Indígena y Popular, las luchas de Asonal judicial, de trabajadores del carbón, campesinos, afro descendientes, educadores, organizaciones de víctimas y muchas otras. Luchas que expresan alto grado de inconformidad con la situación actual y disposición para transformar condiciones de trabajo y vida al mismo tiempo que para lograr los cambios estructurales que necesita el país.

Este ambiente social va en contravía de las encuestas, denota un acelerado desprestigio del gobierno y el mayor conocimiento de las reformas y los cambios estructurales que requiere Colombia, con visión de lo social al servicio de las mayorías y del desarrollo sostenible y equitativo del país.

La crisis económica ha puesto de manifiesto con crudeza los factores esenciales que entraban el desarrollo y generan pobreza. Llamamos desde esta Cumbre a sumar esfuerzos para plantear iniciativas y acciones que pongan a pagar la crisis a sus causantes y a impedir que sus costos se descarguen sobre los sectores populares.

II- Nos ponemos de acuerdo y asumimos compromisos para:

  • Construir y aclimatar la paz con justicia social por la vía de la democracia y la equidad. Promover acciones y acuerdos humanitarios y escenarios hacia la solución política del conflicto armado interno y los conflictos sociales y políticos. Apoyar iniciativas como las de Colombianos y Colombianas por la Paz y otras que propenden por el diálogo por la paz y la democracia, y la búsqueda inmediata de un cese de hostilidades bilateral o simultáneo.
  • Asumir con más fuerzas la defensa del medio ambiente y persistir en la búsqueda de la soberanía alimentaria para defender la calidad de vida de todos los colombianos. Apoyar las exigencias de reparación integral a las víctimas y en particular el reclamo por más de 8 millones de hectáreas despojadas mediante la violencia por narcotraficantes, paramilitares y promotores de negocios legales e ilegales.
  • Rechazar la presencia de bases extranjeras y la entrega de las bases de las Fuerzas Armadas para operaciones del Comando Sur, que es un camino que escala el conflicto, lo internacionaliza, lesiona la soberanía y la necesidad de la unidad latinoamericana y de una nueva política concertada y multilateral de seguridad en la región.
  • Apoyar una agenda de lucha contra el narcotráfico que se aparte de la fracasada “guerra contra el narcotráfico” y privilegie un enfoque de salud y contra los carteles internacionales del tráfico y lavado, rechace la criminalización de los campesinos o de los adictos y consumidores, suspenda la erradicación forzada, las fumigaciones y la utilización de la estrategia antidroga como instrumento de seguridad continental.
  • Lucharemos por la generación de empleo digno, por el respecto a las libertades políticas y los derechos humanos defendiendo un plan económico y social de desarrollo democrático que no descargue los costos de la crisis en el pueblo.

Estos objetivos inaplazables nos llevan a pensar y actuar para fortalecer la unidad de acción social, popular y política, a fortalecer el tejido formado por todos los hilos sociales y políticos que surgen del esfuerzo histórico por el progreso y la democracia, por la libertad y la autodeterminación de nuestros pueblos.

Alzamos nuestra voz diciendo que estamos contra el referendo reeleccionista, contra la perpetuación del Presidente Uribe en el gobierno y ratificamos la urgencia de una gran convergencia progresista y democrática que permita elegir en el 2010 un gobierno de carácter democrático y popular, con un programa político, para los cambios de fondo que necesita el país.

III- Para el logro de los propósitos que nos unifican nos comprometemos a sacar adelante las siguientes acciones políticas y de movilización social:

  1. Organizar y preparar acciones de protesta y paros cívicos regionales y locales en defensa de los intereses económicos y sociales de todos los sectores del pueblo. Respaldar las movilizaciones convocadas para los próximos meses por el movimiento sindical, indígena y popular, en particular la Jornada Nacional de Lucha convocada por CGD, CUT, FECODE y la CPC el 26 de agosto; la Movilización Nacional contra las bases norteamericanas el 9 de septiembre y la Jornada Mundial, continental y nacional por el Trabajo Decente el 7 de octubre. La Cumbre compromete su respaldo y solidaridad con las luchas sociales que se libran en el país.
  2. Respaldar el llamado de la Gran Coalición Democrática formulado en su Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas del 17 de abril en Bogotá para preparar un paro cívico nacional.
  3. Unir esfuerzos para producir un vuelco en la política con una candidatura presidencial que proyecte soluciones de fondo a las angustias crecientes en las mayorías populares.
  4. Sumar energías para lograr que el tratado sobre las bases militares norteamericanas en Colombia sea echado atrás y para ello realizar una jornada nacional de lucha el próximo 9 de septiembre.
  5. Trabajar por afianzar y fortalecer la unidad de todos los pueblos de nuestra América que hoy siguen levantándose contra la tiranía y la opresión para triunfar como lo hicieron hace 200 años ante el imperio español.
  6. Vamos con entusiasmo a realizar en todos los departamentos Cumbres o encuentros de Organizaciones sociales y políticas, para informar del desarrollo y decisiones de esta Cumbre nacional y asumir los compromisos con la movilización social y política.
  7. Las conclusiones consensuadas a las que llegaron las mesas temáticas de trabajo en esta Cumbre forman parte de este pronunciamiento y nos comprometen en su desarrollo y ejecución. Ellas sintetizan los acuerdos y el ambiente unitario de esta Cumbre nacional.
  8. Las conclusiones de la Cumbre Social y Política y su materialización honran la memoria del compañero Apecides Alvis Fernández quien murió en medio de nuestras deliberaciones cumpliendo con su compromiso unitario. Igualmente honramos la memoria de los dirigentes sindicales, sociales y políticos asesinados y desaparecidos por el autoritarismo del régimen colombiano.

CUMBRE NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS.

Bogotá, agosto 22 de 2009.

¡Bienvenidos a Univalle Compañeros!

ORGANIZACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES OCE

REGIONAL VALLE

ocecali@hotmail.com - www.ocecali.tk - 300 823 87 44


¡Bienvenidos a Univalle Compañeros!

Cercanos a celebrar los 200 años de nuestra independencia del imperio español, el Gobierno Colombiano, autorizó sin vacilamiento alguno y de forma desafiante, la presencia oficial y permanente en territorio colombiano del ejército más poderoso del mundo. No serán una ni dos, sino 7 las bases militares norteamericanas que empezaran a operar por toda la geografía nacional y desde las cuales se pretende desestabilizar a los demás países hermanos, hecho que se constituye en una amenaza abierta para todo el sur del continente.

El presidente Álvaro Uribe Vélez, dispuesto a todo por mantener el respaldo de la potencia norteamericana, no escatima en servilismo y busca por la vía militar finiquitar su grosera tarea de entregar completamente la dignidad de los colombianos y la soberanía de nuestro país. En su intentona para quedar bien con su “amigo” extranjero no se alcanza a percatar que la empantanada interna construida por él no es tan simple de resolver. Su falta de respeto por las normas constitucionales, la corruptela que carcome las fuerzas Uribistas (incluidos sus hijos) y la sistemática utilización de la violencia Estatal contra las gentes y organizaciones que luchan de manera civil contra sus políticas, son practicas que no pasan ya como marginales sino como políticas medulares de su gobierno.

Ya no resulta tan descabellado pensar que muy pronto Colombia se convertirá en una sub-base Yankee y que nuestra nación terminará aislada del resto de países del continente, convirtiéndose en la única nación del sur de América dominada económica, política y militarmente por los Estados Unidos.

Lo que sucede en nuestra Universidad Pública.

Las políticas de dominación dictadas desde el norte también se sienten en nuestra Universidad. Los compromisos adquiridos por los prestamos de organismos multilaterales de crédito han significado “una desaceleración del gasto publico”. Por esta razón todos los decretos y normas expedidos por el gobierno de Uribe han sido solo recortes presupuestales que afectan inevitablemente la calidad de la Educación Publica.

En el Caso concreto de la Universidad del Valle, la nación solo ha incrementado, en los últimos 10 años, su presupuesto en un 6%, siendo éste el principal rubro de financiación. Por el contrario, la llamada autofinanciación, que es la búsqueda de recursos propios (la venta de servicios, los diplomados, convenios, contratos y asesorías con entes externos), ha crecido en un 26% en el mismo periodo. Estas dos cifras evidencian que en Univalle se cumple con creces la política de autofinanciación definida en la mal llamada “revolución educativa” del ministerio de educación nacional.

Esta política, de enviarle la responsabilidad de educar el pueblo a los departamentos y municipios, ha contado con la deshonrosa colaboración de mandatarios y rectores. La situación es tan grave en univalle que la Universidad está a punto de renunciar a que las sedes Regionales sean financiadas por el gobierno central y andan mirando bajo qué figura financiera (seccionales) se las entregan a los municipios, todos ellos con déficit fiscal.

La cobertura ha aumentado en estos últimos diez años en un 32%, lo que significa que el valor per cápita por estudiantes ha disminuido considerablemente. Los efectos de esto: hacinamiento en salones de clase, disminución de los profesores nombrados y aumento de profesores hora cátedra, es decir, degradación de la calidad académica.

¿Frente a tal grado de cosas qué podemos hacer?

Pensamos que el estudiante Univalluno tiene el deber de utilizar herramientas de lucha que sean amplias y democráticas. Por herramientas democráticas entendemos aquellas que no se apartan del sentir de la mayoría del estudiantado y aquellas que encarnan las reivindicaciones mas sentidas del gremio estudiantil. La amplitud tiene que ver con el grado de participación y el método persuasivo para que cada estudiante asuma como propia cada batalla.

El semestre pasado tuvimos ejemplo de esto: los estudiantes se armaron de argumentos y de fuerzas para echar atrás una medida administrativa que pretendía anualizar las carreras de la Universidad del Valle. Sin desesperaciones y con mucha seriedad dieron la pelea y la ganaron. Muchos estudiantes pudieron ingresar este semestre a Univalle por esta victoria. (Que no fue fácil)

La Organización Colombiana de Estudiantes –OCE– da la bienvenida a todos los estudiantes y hace un llamado para que sigamos construyendo los Consejos Estudiantiles por facultades y programas, mecanismos que no son impulsados adecuadamente por la administración y se construyeron con fuertes luchas estudiantiles.

POR UNA EDUCACION CIENTIFICA, NACIONAL Y AL SERVICIO DEL PUEBLO!

ocecali@hotmail.com NO A LAS BASES MILITARES GRINGAS! www.ocecali.blogspot.com

Carta abierta de la Alianza Social Continental a los presidentes de UNASUR

CARTA ABIERTA DE LA ASC A LOS PRESIDENTES DE UNASUR
ACERCA DE LAS BASES MILITARES EN COLOMBIA


Enviamos a continuación la carta entregada por la ASC a los presidentes de UNASUR, acerca de las bases militares de EE.UU. en Colombia.

Carta abierta de la Alianza Social Continental a los presidentes de UNASUR


LUIZ INACIO LULA DA SILVA
Presidente de la Republica de Brasil
RAFAEL CORREA
Presidente de la Republica de Ecuador
HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS
Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela
MICHEL BACHELET
Presidenta de la Republica de Chile
CRISTINA KIRCHNER
Presidenta de la Republica de Argentina
EVO MORALES
Presidente de la Republica de Bolivia
TABARE VASQUEZ
República de Uruguay
FERNANDO LUGO
Presidente de la Republica de Paraguay
ALAN GARCIA
Presidente de la República de Perú.
BHARRAT JAGDEO
República de Guayana
RONALD VENETIAAN
República de Suriname

Nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestras inquietudes sobre los acontecimientos recientes que en nuestra opinión afectan la estabilidad del continente y las perspectivas de integración materializadas en procesos como el de UNASUR.

El gobierno de Uribe Vélez de Colombia anunció recientemente la decisión de otorgar a las tropas de EE UU, el permiso de operación sobre 7 bases militares en el territorio nacional, en un acuerdo que permitiría cualquier clase de operaciones en el interior y exterior del país. Esto significa, junto con el despliegue de la IV flota, el incremento de la presencia militar de Estados Unidos en una región estratégica desde la cual se pueden lanzar operaciones sobre todo el continente. Colombia al signar este acuerdo dará inmunidad a los militares y contratistas estadounidenses, con lo cual se les garantiza la impunidad y se los coloca por fuera de los controles judiciales nacionales e internacionales. Al mismo tiempo el uso de las bases significan una intervención en los asuntos internos de Colombia y una amenaza contra los procesos democráticos en toda la región. Por ejemplo la presencia de la base militar Soto Cano en Honduras ha sido utilizada por los golpistas de ese país para demostrar el apoyo estadounidense al golpe militar.

Esta utilización, que da amplias facilidades al ejército estadounidenes se constituye en una interferencia en los procesos de integración, un estímulo a las corrientes que quieren desestabilizar los procesos democráticos y una fuente de conflictos en una región que ha hecho avances en el logro de su autonomía y en la búsqueda de caminos propios para su desarrollo. Las declaraciones en Brasil del asesor de seguridad de la Casa Blanca de que “nuestra misión es ayudar en el entrenamiento de sus fuerzas de frontera” y sobre que el gobierno de Venezuela no hizo mucho para combatir la presencia de las FARC en dicho país, demuestran el propósito de Estados Unidos de terciar en las diferencias y contradicciones entre los países de la región.

La presencia de estas bases se ha justificado con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, pero en realidad representan una pieza del dispositivo militar global de Estados Unidos y patrocinan un enfoque militar y unilateral de estos problemas, impidiendo el tratamiento social, político, autónomo y multilateral de tales problemas. Enfoques, que con el Plan Colombia y la Iniciativa Merida, han demostrado su ineficacia y su alto potencial de desestabilización regional y cuya aplicación en Colombia y en las zonas fronterizas ha contribuido a agravar la crisis humanitaria, ambiental y social de vastas regiones. Estas bases, junto con los Tratados de Libre Comercio, se constituyen en nuevos obstáculos para avanzar en la integración sudamericana tan apreciada por los pueblos de la región.

El planteamiento del gobierno de Uribe sobre que Unasur no tiene competencia para analizar este problema, no es más que otro esfuerzo de ese gobierno de sabotear cualquier esfuerzo de integración latinoamericano y facilitar la interferencia de Estados Unidos en los procesos de la región. Por el contrario, consideramos que la próxima reunión de Unasur, debe pronunciarse al respecto, rechazar la instalación de estas y cualquier base militar en Suramérica, condenar la interferencia en los asuntos de la integración regional y avanzar en la búsqueda de soluciones políticas a través del dialogo de los diferentes asuntos de controversia entre los países dentro del espíritu de convivencia pacífica, ayuda mutua y respeto a la soberanía, la cual se vulnera al entregar el territorio Colombiano a las operaciones militares estadounidenses y no con la discusión fraternal en el seno de Unasur.

Igualmente les solicitamos, recibir a una delegación de los movimientos sociales del continente para expresarles estas inquietudes y permitir que el proceso de construcción de Unasur, cuente con las opiniones de los mismos.


Alianza Social Continental
Enrique Daza
Secretario

QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UIS


Oficina de Prensa, Senador Jorge Enrique Robledo, 18 de junio de 2009

“La cancelación del semestre en la Universidad Industrial de Santander es una decisión profundamente antidemocrática que desconoce los más elementales derechos los estudiantes”, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo.

La medida, adoptada arbitrariamente por el Consejo Académico de la Universidad, reprime las justas protestas del estudiantado contra las irregularidades que se han presentado en la Institución.

La decisión tiene el oscuro propósito de ocultar las gravísimas acusaciones de las que ha sido objeto el rector Jaime Alberto Camacho, escándalo que incluso ha llevado al gobernador de Santander, Horacio Serpa, a exigir su separación del cargo. Por estos hechos los estudiantes legítimamente exigen la renuncia del directivo.

“El derecho a la huelga y a la protesta está reconocido en el ordenamiento jurídico colombiano y debe ser respetado por las directivas de la universidad”, concluyó el Senador del Polo Democrático Alternativo.

Robledo expresó su solidaridad a los estudiantes del la UIS y reiteró su preocupación por el recorte de garantías de quienes se oponen a las políticas del actual gobierno.

Carta/protesta por interceptación de llamadas telefonicas de las afiliadas CTC y CUT en Colombia

Víctor Báez Mosqueira, Secretario General, Confederación SWindical de Trabajadores de las Américas, CSA, Sao Paulo, mayo 11 de 2009



Señor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de La República Bogotá, Colombia

Señor Presidente:

La Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) expresión continental de la Confederación Sindical Internacional (CSI) que en la región representa a más de 50 millones de trabajadores/as expresa su profundo rechazo por las irregularidades cometidas desde el Departamento Administrativo de Seguridad DAS con interceptaciones de comunicaciones “chuzadas” entre los que se mencionan a Organizaciones Sindicales Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC.

Hemos sido informados que en las últimas semanas, se ha dado una gran difusión por los medios de comunicación con declaración de altos funcionarios del Gobierno de Colombia, sobre las interceptaciones telefónicas del DAS a las personas posibles opositores del Gobierno y a funcionarios de este, pero especialmente de las Altas Cortes, al Vicepresidente de la República y a Organizaciones Sociales.

La cadena radical Caracol ha difundido un extenso listado de personajes a los que les han interceptado sus comunicaciones “chuzadas”, entre los que se mencionan a los Organizaciones Sindicales CUT y CTC.

Según se pudo establecer, algunos de los agentes del DAS que prestaban servicios de escoltas, presentaban informes de las conversaciones y reuniones de las personas que estaban a su cuidado, e incluso en algunos casos llegaron a grabar las conversaciones.

De acuerdo con el informe de más de 300 páginas realizado por investigadores de la Fiscalía, las comunicaciones del vicepresidente Francisco Santos y de su familia, estaban "chuzadas" y en el mismo paquete las comunicaciones de organizaciones como la Asamblea por la Paz, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y las Organizaciones Sindicales Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC.

También se venían realizando interceptaciones ilegales a las comunicaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.

La vicepresidencia de la República y las organizaciones sindicales formaban parte del mismo paquete de "chuzadas", porque una de sus principales funciones es tener contacto con todo tipo de organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos.

Señor Presidente:

La CSI/CSA rechaza más este atentado contra las libertades en Colombia y demanda la aclaración inmediata sobre estas denuncias. Igualmente, solicitamos que adelante inmediatamente las investigaciones necesarias y pertinentes para dar con los responsables materiales e intelectuales de estas violaciones y que los castigue de acuerdo a la ley.

Solicitamos a usted y a todo su Gobierno las garantías necesarias para la realización de la labor de los/as defensores de los derechos humanos lo que incluye los/as dirigentes y miembros de las organizaciones sindicales de Colombia.

Un gobierno para los ricos


La prensa nacional divulgó la semana pasada un decreto que el Gobierno mantenía en reserva y que se refiere a la obligatoriedad en Colombia de utilizar, a partir de 2012, en todos los vehículos de menos de dos litros, una mezcla de combustible de 85% etanol y 15% gasolina, lo cual prendió todas las alarmas.

La noticia me tomó por sorpresa, pues actualmente no existen motores desarrollados en el mundo, con esas características, excepto algunas marcas en estado de experimentación en Brasil y en los Estados Unidos.

La producción de etanol a partir de la caña de azúcar, beneficia a los ingenios Manuelita, Providencia, Incauca, Mayagüez y Risaralda, para cuyo montaje de las plantas, obtuvieron grandes incentivos oficiales. Allí se producen 300 millones de litros al año, con el agravante de que no pagan impuestos. Bonito así.
La utilización de agrocombustibles ha sido cuestionada por la ONU y muchas organizaciones ambientalistas en el mundo, que incluso, han propuesto el cierre de las plantas, para aumentar la capacidad agrícola y cubrir las necesidades de millones de seres que hoy pasan hambre.

Colombia no es ajena a esta situación, pues ya se está viendo como, tierras que antes eran destinadas a la producción de artículos de pan coger, hoy se destinan al cultivo de caña, como está ocurriendo en los municipios de la hoya del Río Suárez entre Santander y Boyacá.

Desde hace cinco años el Gobierno y Alcoholes S.A., anunciaron montar una planta de etanol que aún no despega y, sobre esta base, los agricultores aumentaron la producción de caña en 20 mil hectáreas, hasta el punto que, tuvieron que convertir los excedentes de miel en panela, lo cual provocó un desplome en su precio cercano al 30%. Se redujo en cambio la producción de frutales y de otro tipo de alimentos.

La caña es el sector que genera más empleo en el país; 285 municipios producen panela y más de 120 mil familias colombianas viven de la caña panelera. Santander tiene 850 trapiches, los cuales, junto con los de Boyacá, producen el 45% del total de la panela. Esta es nuestra gran preocupación, porque vemos que a los paneleros no los defiende nadie.

El temor de los agricultores es que en el área de Güepsa se siga aumentando la siembra de caña, y la miniplanta de etanol no aumente la producción que hoy es de ridículos cinco mil litros, con lo cual el precio de la panela seguirá cayendo y por supuesto, habrá más pobreza en la región.

Hoy, la panela de una libra, se cotiza en el trapiche en $700. Lo grave es que el consumidor final en las grandes ciudades, tiene que pagar por el mismo producto $1.400. Que lindo negocio para el intermediario.

En conclusión, el Gobierno le hace el negocito a los ingenios azucareros que producen el etanol más caro del mundo; el precio internacional del petróleo cae; producimos nuestra propia gasolina en nuestra refinerías y, mucho ojo, que ahora nos la quieren cambiar por etanol, que es muchísimo más caro y más venenoso que la gasolina.

Nota al margen: Tomás y Jerónimo parecen, más bien, ser los hijitos del Rey Midas: Todo lo que tocan lo vuelven oro.

EL SENADOR ROBLEDO PROTESTA POR AGRESIÓN CONTRA OBREROS DE FERROCARRILES DEL NORTE, FENOCO

Oficina de Prensa, Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 3 de abril de 2009.


El senador Jorge Enrique Robledo expresó su más enérgica protesta contra la agresión de que fueron víctimas en la mañana de hoy los 600 obreros ferroviarios de Fenoco, filial de la norteamericana Drummond, quienes sostienen una asamblea permanente en los departamentos del Cesar y Magdalena para exigir que la compañía acceda a negociar un pliego de peticiones presentado desde noviembre de 2008. La fuerza pública irrumpió hacia las nueve sobre el campamento de Bosconia donde está concentrados los obreros, agrediendo a la multitud, haciendo trizas los vidrios de garajes y ventanas y pinchando las llantas de los vehículos. Hasta el momento hay seis heridos.

Según lo denunció el congresista del Polo Democrático, las relaciones laborales han venido deteriorándose en cada una de las trasnacionales del carbón en la Costa Caribe, en unas, porque las compañías no se ciñen a las normas de seguridad industrial, con fatales consecuencias para los operarios, como ocurrió recientemente en las minas de la Drummond; en otras, porque se niegan a someterse a las leyes colombianas que otorgan reconocimiento a los sindicatos y en otras porque incumplen acuerdos suscritos por ellas mismas. En la mayor parte de los casos, denunció el senador Robledo, el gobierno colombiano ha decidido hacer oídos sordos, dentro de su política de "confianza inversionista", encaminada a otorgar toda clase de privilegios al capital extranjero.


CARTA AL MINISTRO DE GOBIERNO SOBRE LA AGRESIÓN A LOS TRABAJADORES DE FENOCO

Bogotá, 3 de abril de 2009

Doctor

FABIO VALENCIA COSSIO

Ministro del Interior y de Justicia

Ciudad

Atento saludo.

A las 9:45 de hoy, en Bosconia, Cesar, la fuerza pública irrumpió en forma violenta sobre el campamento donde se hallan congregados desde el pasado 24 de marzo cientos de obreros de Ferrocarriles del Norte de Colombia, Fenoco, filial de la norteamericana Drummond Limited. Como consecuencia del operativo, hay hasta el momento seis personas heridas, incluidos cuatro trabajadores de la empresa ferroviaria, a quienes el gobierno está dando trato de delincuentes cuando lo único que hacen es ejercer en forma pacífica el derecho a la protesta consagrado por la Constitución de Colombia.

Me permito hacer notar a Usted que quienes están incumpliendo las leyes no son los trabajadores colombianos sino las empresas extranjeras Drummond y Fenoco. Expresas normas del Código Sustantivo del Trabajo otorgan reconocimiento a los sindicatos y los facultan para presentar pliegos de peticiones, justamente lo que procedió a hacer el sindicato Sintraime el 4 de noviembre de 2008, sin que hasta la fecha Ferrocarriles del Norte de Colombia se haya dignado ni siquiera acusar recibo. La protesta que adelantan los obreros no busca otra cosa que presionar el inicio de las negociaciones.

Insto a Usted muy cordialmente a ordenar a quien corresponda que se respete el derecho a la protesta de los trabajadores. También estoy elevando una petición al señor Ministro de la Protección Social para que medie en el conflicto, a fin de que las negociaciones puedan abrirse cuanto antes y se despeje el panorama laboral en la Costa Caribe, tan deteriorado últimamente por la actitud cerril de las trasnacionales que allí operan.

Agradezco a Usted de antemano la atención.

Jorge Enrique Robledo, senador de la República

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QUE SE ESTABLEZCA SI LA DRUMMOND ES RESPONSABLE POR LA MUERTE DEL TRABAJADOR DAGOBERTO CLAVIJO, PIDE ROBLEDO

Oficina de Prensa, Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 25 de marzo de 2009


El senador Jorge Enrique Robledo pidió al gobierno investigar si la trasnacional norteamericana Drummond Limited es responsable por el trágico accidente en el que pereció hace unos días el obrero Dagoberto Clavijo y se solidarizó con la protesta que adelantan hoy los trabajadores en las minas Pribbenow y El Descanso de La Loma, Cesar. Les exigió además a las autoridades desmilitarizar las dos minas, no judicializar a los huelguistas y tomar urgentes medidas para evitar más muertes.

Dagoberto Clavijo pereció el 19 de marzo, a las cinco de la tarde. Solo llevaba 32 días al servicio de la trasnacional, operaba el camión 2280, un tanquero de proporciones gigantescas, y murió cuando el vehículo se precipitó por uno de los niveles de la mina. En los últimos años suman ya tres los operarios víctimas de accidentes fatales con este tipo de camiones.

Sintraminergetica, el sindicato que agrupa a los obreros, se declaró en asamblea permanente reclamando que el Ministerio de Protección Social adelante una vigilancia constante y efectiva para hacer que la Drummond se ciña a las normas de seguridad industrial y se eviten así nuevas tragedias. En respuesta, el gobierno ordenó militarizar las minas y la trasnacional está incoando denuncios penales contra los dirigentes y activistas. En la protesta están participando también obreros de Glencore, Fenoco y Carbograneles.

Este infortunado accidente, dijo Robledo, guarda estrecha relación con modalidades de enganche del personal que evaden el contrato de trabajo directo para eludir las prestaciones sociales, el adiestramiento adecuado de los operarios y la dedicación de personal suficiente que vele por la seguridad industrial y la salud ocupacional.

“Los obreros del carbón tienen toda mi solidaridad y la de mi partido, el Polo Democrático Alternativo”, concluyó el senador Robledo.

CARTA DEL SENADOR ROBLEDO A LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EDUCADORES -FECODE-

Jorge Enrique Robledo, Senador de la República, Bogota 25 de marzo de 2009


Compañeros Comité Ejecutivo Federación Colombiana de Educadores Ciudad

Apreciados compañeros:

Junto con mi saludo fraternal, les envío un abrazo de felicitaciones al celebrar hoy la federación los 50 años de existencia al frente de los 320 mil maestros oficiales de Colombia.

Fecode ha estado siempre ligada a mis afectos, no solo porque durante 27 años fui también del oficio, profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional, sino además porque en todas las responsabilidades que he asumido he contado con la fecunda colaboración del magisterio. Me honra y enaltece por sobre todo haber estado tantos lustros combatiendo hombro a hombro con los dirigentes y bases de Educal, un sindicato cercano a mis afectos como el que más. Sea esta entonces la mejor oportunidad para reiterarles a todos ustedes, y, por su conducto, a los 250 mil afiliados, mis sentimientos combativos de amistad y compañerismo.

Han sido cinco décadas de lucha infatigable por la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Quienes cumplimos la misma edad y un poco más recordamos las batallas por el Estatuto Docente, el Fondo de Prestaciones del Magisterio, la Ley General de Educación y la adecuada financiación estatal contra el recorte a las transferencias, objetivos que cobran hoy renovada actualidad frente a un gobierno empecinado en arrasar la educación pública y los derechos laborales. Y en un plano más general, cómo dejar de lado que Fecode sigue ocupando un primerísimo lugar en el combate por la soberanía y la democracia, como también en la diaria batalla por una educación pública de calidad, cada vez más deteriorada por la estrategia fondomonetarista de la "revolución educativa", que apunta a implantar una educación pobre para pobres y a perpetuar la ignorancia y el atraso.

En los últimos años, Fecode se ha convertido en un puntal del Polo Democrático Alternativo, partido al que me enorgullezco también yo de pertenecer y que aspira a la más amplia unidad de la nación colombiana para abrirle el camino a una patria próspera, soberana y verdaderamente democrática.

Por todas estas razones, que resuene muy duro un solo grito: ¡Que viva Fecode y que cumpla muchos otros cincuentenarios!

Jorge Enrique Robledo, Senador de la República