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Indígenas cuestionan presencia militar estadounidense en Colombia


En la sesión del comité de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación racial, se plantearon los efectos de la militarización en Colombia, un país que lleva casi medio siglo de guerra interna, pero “con un vacío ante las polémicas bases”, dijo la líder indígena Wayúu Karmen Ramírez Boscán, dirigente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

"Esta cuestión se debate con mucha profundidad a nivel nacional y por supuesto debería haberse tratado aquí, en este órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)", dijo Ramírez Boscán, de la etnia Wayúu. El hecho de que no se esté hablando de ello se debe a que todos sabemos que "se viene una situación bastante delicada", indicó.

El acuerdo entre los dos países prevé el acceso a territorio colombiano para militares estadounidenses que operarán estaciones pequeñas, conocidas como centros operativos de avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) o centros de seguridad cooperativa (CSL). Para la mujer colombiana, y en particular la mujer indígena, esto presagia un cambio en su actual situación y una dificultad mayor. "Pienso que directa o indirectamente esto genera violencia y por supuesto afecta de manera más inmediata a las mujeres de Colombia", dedujo Ramírez Boscán.

La dirigente indígena rememoró algunos casos que han sido estudiados con relación a jóvenes madres solteras "de padres que han estado en bases militares de Colombia. Fueron embarazadas por soldados extranjeros, no por colombianos”, aseguró Ramírez Boscán. En resumen, "creo que definitivamente la presencia de militares estadounidenses generará un cambio en el entorno local, donde estén emplazadas las bases", ratificó.

La dirigente indígena criticó que cuando se habla de los efectos de la nueva tirantez entre Colombia y Venezuela sólo se refieren a la crisis de los sectores económicos dominantes, como los fabricantes de automóviles, los industriales textiles y los exportadores de carne, por ejemplo. "Pero nadie habla de la problemática de las comunidades indígenas que viven en las fronteras, que generalmente, como en el caso colombo-venezolano, reciben la mayor parte de su alimentación o de su abastecimiento en víveres, en vestido y aun en salud, desde Venezuela", aseveró Karmen Ramírez.

La dirigente indígena valoró que en la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en Bariloche, sur de Argentina, se examine la reacción de América Latina ante la concesión de Colombia a Estados Unidos. "Es importante que se haya llamado a cuentas al estado colombiano por parte de otros países, porque realmente no sabemos cuáles son las intenciones del gobierno", insistió.

Carta abierta de la Alianza Social Continental a los presidentes de UNASUR

CARTA ABIERTA DE LA ASC A LOS PRESIDENTES DE UNASUR
ACERCA DE LAS BASES MILITARES EN COLOMBIA


Enviamos a continuación la carta entregada por la ASC a los presidentes de UNASUR, acerca de las bases militares de EE.UU. en Colombia.

Carta abierta de la Alianza Social Continental a los presidentes de UNASUR


LUIZ INACIO LULA DA SILVA
Presidente de la Republica de Brasil
RAFAEL CORREA
Presidente de la Republica de Ecuador
HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS
Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela
MICHEL BACHELET
Presidenta de la Republica de Chile
CRISTINA KIRCHNER
Presidenta de la Republica de Argentina
EVO MORALES
Presidente de la Republica de Bolivia
TABARE VASQUEZ
República de Uruguay
FERNANDO LUGO
Presidente de la Republica de Paraguay
ALAN GARCIA
Presidente de la República de Perú.
BHARRAT JAGDEO
República de Guayana
RONALD VENETIAAN
República de Suriname

Nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestras inquietudes sobre los acontecimientos recientes que en nuestra opinión afectan la estabilidad del continente y las perspectivas de integración materializadas en procesos como el de UNASUR.

El gobierno de Uribe Vélez de Colombia anunció recientemente la decisión de otorgar a las tropas de EE UU, el permiso de operación sobre 7 bases militares en el territorio nacional, en un acuerdo que permitiría cualquier clase de operaciones en el interior y exterior del país. Esto significa, junto con el despliegue de la IV flota, el incremento de la presencia militar de Estados Unidos en una región estratégica desde la cual se pueden lanzar operaciones sobre todo el continente. Colombia al signar este acuerdo dará inmunidad a los militares y contratistas estadounidenses, con lo cual se les garantiza la impunidad y se los coloca por fuera de los controles judiciales nacionales e internacionales. Al mismo tiempo el uso de las bases significan una intervención en los asuntos internos de Colombia y una amenaza contra los procesos democráticos en toda la región. Por ejemplo la presencia de la base militar Soto Cano en Honduras ha sido utilizada por los golpistas de ese país para demostrar el apoyo estadounidense al golpe militar.

Esta utilización, que da amplias facilidades al ejército estadounidenes se constituye en una interferencia en los procesos de integración, un estímulo a las corrientes que quieren desestabilizar los procesos democráticos y una fuente de conflictos en una región que ha hecho avances en el logro de su autonomía y en la búsqueda de caminos propios para su desarrollo. Las declaraciones en Brasil del asesor de seguridad de la Casa Blanca de que “nuestra misión es ayudar en el entrenamiento de sus fuerzas de frontera” y sobre que el gobierno de Venezuela no hizo mucho para combatir la presencia de las FARC en dicho país, demuestran el propósito de Estados Unidos de terciar en las diferencias y contradicciones entre los países de la región.

La presencia de estas bases se ha justificado con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, pero en realidad representan una pieza del dispositivo militar global de Estados Unidos y patrocinan un enfoque militar y unilateral de estos problemas, impidiendo el tratamiento social, político, autónomo y multilateral de tales problemas. Enfoques, que con el Plan Colombia y la Iniciativa Merida, han demostrado su ineficacia y su alto potencial de desestabilización regional y cuya aplicación en Colombia y en las zonas fronterizas ha contribuido a agravar la crisis humanitaria, ambiental y social de vastas regiones. Estas bases, junto con los Tratados de Libre Comercio, se constituyen en nuevos obstáculos para avanzar en la integración sudamericana tan apreciada por los pueblos de la región.

El planteamiento del gobierno de Uribe sobre que Unasur no tiene competencia para analizar este problema, no es más que otro esfuerzo de ese gobierno de sabotear cualquier esfuerzo de integración latinoamericano y facilitar la interferencia de Estados Unidos en los procesos de la región. Por el contrario, consideramos que la próxima reunión de Unasur, debe pronunciarse al respecto, rechazar la instalación de estas y cualquier base militar en Suramérica, condenar la interferencia en los asuntos de la integración regional y avanzar en la búsqueda de soluciones políticas a través del dialogo de los diferentes asuntos de controversia entre los países dentro del espíritu de convivencia pacífica, ayuda mutua y respeto a la soberanía, la cual se vulnera al entregar el territorio Colombiano a las operaciones militares estadounidenses y no con la discusión fraternal en el seno de Unasur.

Igualmente les solicitamos, recibir a una delegación de los movimientos sociales del continente para expresarles estas inquietudes y permitir que el proceso de construcción de Unasur, cuente con las opiniones de los mismos.


Alianza Social Continental
Enrique Daza
Secretario

La Gira Muda

Caricatura de Matador


La soberana gana

Revista Semana
Por Antonio Caballero


OPINIÓN.Cuando quisieron salir de Noriega, lo definieron como narcotraficante. Y para capturarlo bombardearon panamá desde la base de Howard

Sábado 8 Agosto 2009

La tesis del gobierno es que la soberanía consiste en entregar la soberanía. Y sí, bueno: paradójicamente, esa entrega constituye un acto soberano. Para ceder algo, es necesario tenerlo. En la Roma antigua, y también en los Estados Unidos de los tiempos de la colonización del salvaje Oeste, se daba con frecuencia el caso de hombres libres que se vendían a un rico en calidad de esclavos por un período determinado, y a veces de por vida. La esclavitud voluntaria no es un estado particularmente decoroso, pero en fin: cada cual pone su honra donde le cabe.

Ahora bien: esas cosas hay que explicarlas. El de las bases norteamericanas en territorio colombiano no es "un acuerdo transparente", como lo llama el general Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares. Tan no lo es, que el presidente Álvaro Uribe tuvo que emprender una atropellada gira por siete países amigos para explicárselo en persona a sus presidentes en reuniones a puerta cerrada, no quiso, en cambio, dar esas mismas explicaciones en público, como se lo pedían los presidentes de Brasil y Chile en la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que se reúne en estos días, en Quito. Pero donde hay que dar explicaciones no es ni en Unasur públicamente, ni en privado en Lima o en Asunción, sino aquí.

Ese acuerdo, que el general llama "transparente" a pesar de que es secreto, hay que explicárselo a los ciudadanos colombianos, y no a los mandatarios extranjeros. Y en primer lugar a sus representantes en el Congreso de la República, tal como lo dispone la Constitución, ese pobre papel con el cual limpian periódicamente las vergüenzas el presidente Uribe y sus áulicos. Sin duda el Congreso, que es uribista y arrodillado, aprobaría la cesión de la soberanía si se lo preguntaran. Pero darlo por sentado desdeñosamente de antemano equivale a señalar la inutilidad del Congreso, reducido al papel de pagar sueldo a los congresistas para que rubriquen las iniciativas del Presidente: de ahí a cerrarlo no hay un paso (y el cierre constituiría un importante ahorro para la vena rota del gasto público). Como sólo es un paso el que lleva a nombrar por decreto Fiscal y Procurador desde el engorroso método actual de presentarles a las cortes ternas impresentables. Y un paso es el que lleva a clausurar también las cortes, en vez de tener que recurrir al fastidioso recurso de no acatar sus fallos .

Serían pequeños pasos que, sin duda, la opinión uribista aplaudiría con los ojos cerrados (y la boca también: es "mayoría silenciosa"). ¿Y por qué no dar otro más, y cerrar también la prensa? Así se evitaría la costosa extravagancia de hacer giras de explicación "mudas", como han dado en llamar a las que excluyen las declaraciones públicas. Porque ¿cómo hacer declaraciones públicas sobre tratados secretos?

Tan secreto es este que ni siquiera lo conoce el Congreso de la contraparte, el de los Estados Unidos. O, al menos, no se sabe que lo conozca. Ni lo conocía el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, a no ser que estuviera mintiendo deliberadamente cuando aseguraba hace un año que no habría bases. Y por lo visto no lo conoce tampoco el nuevo ministro, a quien ni siquiera invitaron a la Conferencia de Seguridad de Suramérica convocada en Cartagena, al alimón, por las Fuerzas Militares de Colombia y el Comando Sur de los Estados Unidos. (De este comando viene la palabra "Sur" del título de la conferencia, que en inglés se llama "SouthSec").

Fue allí, en los salones del Santa Clara Luxury Hotel, donde el general Padilla The Lionheart filtró la información reservada de que las bases para uso de los norteamericanos en Colombia ya están entregadas y no van a ser ni tres ni cinco, como se había hecho creer en un principio, sino siete: dos navales, dos terrestres y tres aéreas. Y añadió sibilinamente que "nadie distinto a los terroristas y a los narcotraficantes debe temer por este acuerdo".

Pero ¿y quién define quién es un "terrorista" y quién es un "narcotraficante"? Los Estados Unidos. ¿Y cómo? Pues como les dé la soberana gana, de acuerdo con lo que les dicte su interés. Sobran los ejemplos. Para poner uno geográficamente cercano: cuando quisieron desembarazarse del general panameño Noriega, que se había vuelto incómodo para ellos después de haberles prestado durante años invaluables servicios a sueldo de la CIA, lo definieron de pronto como narcotraficante. Y para capturarlo bombardearon la ciudad de Panamá desde la base Howard que entonces manejaban, amistosamente por supuesto, en su territorio. Por eso tienen razón en sus temores los Presidentes de Venezuela y Ecuador: su vecindad con las bases norteamericanas en Colombia los pone a tiro. Y tienen razón también los de Brasil y Uruguay y Bolivia y Paraguay y la Argentina y Chile: todos esos países padecieron feroces dictaduras impuestas y respaldadas por los Estados Unidos. Saben por experiencia -que lo diga la presidenta chilena Michelle Bachelet, torturada en las cárceles de Pinochet- que los amigos norteamericanos no son de fiar.

Y a lo mejor tiene también razón, desde su propio punto de vista, el presidente Uribe: con la cesión de las bases militares quiere comprar su respaldo. Así hizo Franco en España. Y gracias a eso murió cuarenta años después tal como quiere Uribe: en su cama, y en palacio.

"Rechazo presencia de militares norteamericanos en Colombia"
El precandidato Carlos Gaviria, del Polo Democrático, dijo que rechaza la presencia militar de Estados Unidos en Colombia y que le parece que el debate sobre el tema debió hacerse en Unasur y no país por país.
08/05/2009

Camino de la incertidumbre

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La sensación que se vive en Colombia es que los temas de la agenda nacional ya no son los de la amenaza del paramilitarismo y las Farc, sino que estos se han convertido simplemente en el instrumento de política externa e interna, para el desarrollo de hechos mucho más complejos que nadie sabe hacia dónde pueden conducirnos.

El primero es el de las relaciones con Estados Unidos e Israel, por una parte y, Ecuador y Venezuela, por la otra. Es una réplica, en pequeño, de la Guerra Fría que se vivió hasta la caída del Muro de Berlín, cuando el mundo evolucionó del bipolarismo que alineó al mundo, entre el socialismo liderado por la Unión Soviética y, el capitalismo, por Estados Unidos.

Colombia ha ingresado de lleno al espacio de la confrontación, que no de la conciliación, con el acuerdo de permitir la utilización de las bases militares por parte de los norteamericanos, lo que es percibido por otros países de la región con gobiernos de izquierda, como el preludio de una agresión militar.

Para justificar este hecho, se desarrolla una guerra mediática para presentar a Venezuela y Ecuador como apéndices de las debilitadas Farc, a partir de hechos aislados y que se pretenden mostrar como parte de las políticas de Estado de esos países.

No podemos olvidar que Venezuela y, en menor medida, Ecuador, tienen un potencial petrolífero muy importante en la región y son estratégicos para la política energética norteamericana. Ahora surge un nuevo actor, a partir de la visita que realizará por primera vez en treinta años a nuestros países el Canciller de Israel, para tratar de equilibrar las relaciones en aumento de Brasil y Venezuela con su 'archienemigo' el Gobierno de Irán.

El segundo, es consecuencia del anterior y tiene una profunda influencia sobre la política interna nacional, ya no se trata tan solo de la 'Seguridad Democrática' de Colombia, sino de la 'seguridad regional' suramericana. Uribe y su Gobierno pretenden convertirse en el adalid en esta parte del mundo de la política, como parte de un 'círculo virtuoso' en la lucha contra el 'terrorismo'. Se juega al nacionalismo y a crear un 'Estado de Opinión' que haga inevitable su continuidad en el poder.

Frente a esta geopolítica, los diferentes actores nacionales se convierten en marionetas: los actores económicos ven deteriorar su situación, impotentes frente a las relaciones con los países vecinos, inquietudes que serían mitigadas con la aprobación del Tratado de Libre Comercio por intereses estratégicos de Estados Unidos.

Los actores políticos con multitud de candidatos y 'candidotes', ya no saben ni siquiera qué hablar o qué decir. Se quedan sin discurso y deberán limitarse a los nuevos temas de la agenda y, los actores sociales sin organizaciones fortalecidas, poco aportan a la discusión nacional. Los intelectuales, condenados a la misantropía: hablan, pero nadie los escucha.

¿Cuándo nos metimos en tamaño embrollo de una tramoya regional donde somos actores de reparto movidos por los hilos de una geopolítica de inmensos intereses? Mientras tanto, el 'gringo ahí', promoviendo los conflictos entre pueblos hermanos, simplemente para mantener estables sus intereses en la región. Yo no sé si es el camino a la locura. Por mi parte, debo confesarlo, llevo un semestre hablando solo.

Germán Umaña Mendoza