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“Awá no fueron asesinados con armas de grupos armados ilegales”: Fiscal

Nacional |30 Ago 2009 - 7:49 am


Guillermo Mendoza reveló que las vainillas de las armas con las que se cometieron los crímenes son calibre nueve milímetros.

Este sábado conversaron sobre los 12 indígenas asesinados el pasado miércoles.

El fiscal general de la Nación (E), Guillermo Mendoza Diago, reveló que las vainillas halladas en el lugar en donde fueron asesinados los indígenas awá indican que éstas no son de los fusiles comúnmente utilizados por los grupos armados ilegales.

Según él, hay evidencias que indican unos primeros indicios acerca de cómo fueron asesinados este grupo de nativos.

"Han aparecido vainilla de nueve milímetros que son propias de armas cortas o de ametrallados Ingram; eso ya deja entrever que no son los fusiles 7.62 que utilizan los grupos armados", destacó.

El sábado, tras enterrar en Ricaurte a 10 de las 12 víctimas que murieron asesinados el miércoles pasado en condiciones que aún se desconocen, los indígenas de la comunidad Awá sostuvieron una reunión pública con el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia; el Fiscal encargado, Guillermo Mendoza; y el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez.

Los líderes Awá expresaron a la comisión del Gobierno que la seguridad democrática no llega a la zona donde habitan y que por ello es necesario que se cree una unidad especial de fiscales para que investiguen la masacre en la que murieron sus miembros.

Las dos víctimas que no fueron sepultadas este sábado todavía siguen siendo veladas en la vía Panamericana, mientras se arregla su traslado a Tumaco, donde serán enterradas.

Por otro lado, el alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Cristian Salazar, señaló que a la organización a la que pertenece le impresiona el número de niños que fueron asesinados, ya que no fueron cinco -como se indicó inicialmente- sino siete.

Salazar entregó un informe preliminar sobre el acompañamiento a la comisión investigadora de la masacre de los indígenas Awá. El funcionario indicó también que le preocupan los sobrevivientes de la masacre y pidió al Estado Colombiano que vele por su protección.

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER-COLOMBIA



Bucaramanga-Colombia. Sábado 29 de Agosto de 2009

EL COLECTIVO INFORMATIVO SUSURRO SE PERMITE INFORMAR A LA OPINION PÚBLICA LOS SIGUIENTES HECHOS:

El día miércoles 26 de agosto de 2009 siendo aproximadamente las 10:00 am se inicio una protesta estudiantil motivada por los "presuntos o supuestos" vínculos del actual rector de la Universidad Industrial de Santander Jaime Alberto Camacho Pico con grupos paramilitares, y por la cancelación de matricula por (2) dos semestres académicos a 6 estudiantes de pregrado, producto de procesos disciplinarios fraudulentos, viciados e ilegítimos.

Un grupo de estudiantes cubiertos su rostro se dirigió hacia la entrada principal de la universidad donde se produjo un enfrentamiento con integrantes del escuadrón móvil antidisturbios-ESMAD y con efectivos de la Policía, el cual duró alrededor de 6 horas. Durante dicho choque ocurrieron graves violaciones de derechos humanos, tal como fue el ingreso de la Policía Nacional por orden del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez al campus universitario en la ciudad de Bucaramanga, disparando gases lacrimógenos de forma indiscriminada y no autorizada por las leyes internacionales (disparan gases lacrimógenos con un ángulo de tiro menor a los 30 grados) y dirigiéndolos especialmente a los cuerpos de estudiantes que se encontraban al interior de la Universidad y en sus alrededores.

Esta violación de DDHH produjo varios heridos que sufrieron contusiones al ser impactados por dichos gases, también hicieron uso de armas no permitidas, tales como el lanzamiento de granadas aturdidoras y artefactos industriales que expulsan balines y perdigones.

En dicho enfrentamiento siendo aproximadamente las 4:00 pm, la estudiante de la Facultad de Ciencias LAURA ISAACS, fue detenida en predios de la Universidad, exactamente en la portería de Carrera 30 (donde no había enfrentamientos con la fuerza pública en ese instante). Al momento de la detención, agentes de la policía dispararon sus armas de fuego en 4 ocasiones como mínimo contra el estudiantado que se encontraba presente y golpearon brutalmente a la estudiante, la cual fue trasladada por miembros de la misma Policía Nacional al Hospital Universitario de Santander de Bucaramanga.

Alrededor de las 4:30 pm cuando ya no se presentaban ningún disturbio, ni enfrentamiento en las afueras de la Universidad, ocurre una persecución por parte de la fuerza pública al interior de la Universidad, siendo detenido arbitrariamente el estudiante de la carrera de Historia DANIEL ALEXANDER RUEDA OTERO, quien también fue golpeado indiscriminadamente, a tal punto que tuvo que ser llevado al Hospital Universitario de Santander-HUS. Dicho estudiante es acusado de terrorismo y de otros delitos, y en este momento se encuentra recluido en la cárcel modelo de la ciudad de Bucaramanga.

Debido a los hechos descritos anteriormente y teniendo en cuenta que la actual rectoría se ha planeado la vergonzosa tarea de continuar con la bandera de la persecución política a toda voz disidente que no esté de acuerdo con su nefasto gobierno universitario. Y que el actual gobierno nacional, junto con los distintos órganos de poder al interior de la universidad (Consejo Superior, Consejo Académico, Consejos de Facultad) no descansarán en ejecutar mas represalias contra el estudiantado y en continuar con el plan de tratar de vestir al movimiento estudiantil como terrorista y guerrillero, un método ya tradicional para seguir desviando y ocultando la realidad de la paramilitarización en nuestro claustro universitario.

Instamos y convocamos a las organizaciones sociales, corporaciones de abogados, organizaciones defensoras de derechos Humanos, ONGS y a los distintos colectivos estudiantiles se exija:

-La libertad inmediata para el estudiante Daniel Alexander Rueda Otero de la carera de Historia, el cual fue retenido y golpeado brutalmente por miembros de la Policía Nacional el día 26 de agosto dentro de la Universidad Industrial de Santander alrededor de las 4:30 pm, siendo trasladado al Hospital Universitario de Santander de Bucaramanga debido a los fuertes golpes ocasionados por efectivos de la Policía.

-Se haga responsable penalmente a los miembros del Consejo Superior y del Consejo Académico de la Universidad Industrial de Santander en cabeza del rector Jaime Alberto Camacho Pico, por lo que pueda acontecer con la vida de los 6 estudiantes que van hacer suspendidos por 2 semestres académicos a partir del mes de octubre de 2009. Estudiantes que fueron mencionados en la conversación entre el rector y el jefe paramilitar de nombre Felix en julio de 2007, y los cuales vienen siendo amenazados y declarados objetivo militar por miembros del denominado grupo paramilitar Águilas Negras.

-Se brinden medidas de protección a cada uno de los miembros de la comunidad universitaria que se encuentran hoy amenazados por estos grupos al margen de la ley.

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[ Se adjuntan imágenes que soportan lo descrito anteriormente ]

Comunicado de la OCE Risaralda



Con la expulsión de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, se pretende silenciar las denuncias contra la degradación académica de la educación superior.





Pronunciamiento de la OCE RISARALDA. Pereira, Julio de 2009.



En la reciente decisión de las directivas de la Universidad Tecnológica de Pereira, hay evidentes intereses políticos.



Tras conocer el fallo, es bueno precisar que desde el mismo comienzo de este asunto se violó el derecho al debido proceso, con la manera arbitraria como fueron escogidos, a “dedo” entre una amplia multitud, los estudiantes vinculados a la investigación. Igual sucedió en el transcurso del pleito, el cual presenta múltiples vicios jurídicos como omitir la presencia de los sindicados en las diligencias en las que recibieron las declaraciones de los testigos, negando el derecho de los estudiantes acusados a contrainterrogar a quienes testificaban en su contra.



Algo similar ocurre con las declaraciones de funcionarios de la Universidad donde se observan contradicciones a la hora de cotejar sus versiones, dejando un manto de duda sobre la veracidad de ellas, lo cual debe resolverse en favor del acusado, teniendo en cuenta el principio de presunción de inocencia. En contraste, se omiten testimonios de empleados del servicio de seguridad de la universidad, quienes afirman haber visto a algunos de los estudiantes implicados procurando impedir que se cometieran desordenes. No es de menor importancia que la firma del fallo se diera sin la presencia del rector Luis Enrique Arango (principal impulsor del proceso), siendo proferido por el funcionario encargado de la rectoría, una semana antes de la fecha del mismo.



De tal manera que por los asuntos aquí expuestos y otros de mayor gravedad hallados en los expedientes de los procesos, está claro que el material probatorio no da para llegar a la conclusión que tomaron las directivas. El veredicto no se ciñe a las normas del derecho, por lo que se confirma una vez más lo que hace rato es un secreto a voces: la decisión de expulsar los estudiantes posee evidentes intereses políticos que pretenden dar escarmiento a quienes, a través de las vías democráticas, han denunciado la alcahueta política de privatización de la educación pública implementada por el rector de la UTP.



Es bien sabido que los estudiantes Fernando Viáfara Banguera y Pedro Fernando Cruz son miembros de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, misma que siempre, en todo momento y lugar, guardando consecuencia con sus principios programáticos, ha expresado su oposición al uso de artefactos explosivos, manifestaciones violentas o la intimidación a la integridad de las personas. Por ende rechazamos enfáticamente la expulsión de los compañeros.



Por último, instamos a la comunidad en general a rechazar la manera absolutista como el rector de la UTP viene cercenando los espacios democráticos en la institución, acudiendo para ello a formulas normativas que ajustan y manipulan a su amaño. No es gratuito que sectores que han optado por respaldar las luchas estudiantiles mediante mecanismos civiles y democráticos, hayan sido condenados por acciones que rechazan. Lo que busca la dirección universitaria es disponer de un chivo expiatorio que sirva para opacar la cada vez más inocultable política uribista que conlleva la degradación de la educación superior en Colombia.

Video of British soldier shouting abuse at Iraqis shown at Baha Mousa inquiry

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Video key evidence at inquiry into death of Iraqi soldier in British custody – a death which could have 'rallied extremists', says QC

Baha Mousa inquiry video shows soldiers intimidating Iraqi prisoners
Warning: video contains strong language Link to this video

A video of a British soldier screaming obscenities and abuse at hooded Iraqi detainees was shown today at the opening session of a public inquiry into how the hotel receptionist, Baha Mousa, was killed while in British custody.

The film shows Corporal Donald Payne, formerly of the Queen's Lancashire Regiment, shouting and swearing at the Iraqis as they are forced to maintain painful "stress positions".

The video is a key piece of evidence in a wide-ranging inquiry into the death of Mousa, which got under way today. Mousa died after sustaining 93 injuries while being detained by soldiers from the former Queen's Lancashire Regiment in Basra, southern Iraq, in September 2003.

¿Ministra de Educación?

ELESPECTADOR.COM

Lisandro Duque Naranjo | 20 Junio 2009 - 2:43am

http://elespectador.com/images/lisandro-duque-naranjo-alta.gif

¿Ministra de Educación?

Por: Elespectador.com
ESCUCHÉ A LA MINISTRA DE EDUCAción, Cecilia María Vélez, decir por la W, antes de tirar el teléfono cortando displicentemente la entrevista, que “el (reelegido) rector de la Universidad Industrial de Santander, Jaime Alberto Camacho Pico, ha cumplido una buena gestión”, motivo por el cual el Gobierno apoya su continuidad en el cargo.

Esta decisión coincide con el momento en que el rector Camacho Pico fue pillado en una grabación telefónica de hace dos años que lo vincula con un “plan pistola”, en alianza con “las ‘Águilas Negras’ ”, contra profesores y estudiantes de esa universidad “que anden en pasos de izquierda”.

Es la segunda vez que le oigo a la Ministra estar satisfecha con rectores universitarios, sin importarle que éstos tengan compadrazgos con bandidos. Hace pocos años elogió también “la buena gestión” del entonces rector de la Universidad de Córdoba, quien llenó con fichas de Mancuso los cargos administrativos y académicos del Alma Máter monteriana. El dominio ‘paraco’ en esa Universidad —que ignoro cómo esté ahora— fue el corone burocrático de 15 años de las Auc eliminando profesores y alumnos por el solo hecho de que miraban feo, o hablaban duro, o eran de izquierda. Pero como al que no quiere una se le dan dos tazas, la doctora Vélez está contenta con la reelección del rector Camacho Pico en la UIS. Demasiada frescura y dejadez la suya respecto a posibles reincidencias de tan oscuro personaje. O aunque no incurriera en ellas: a una ministra de Educación le debiera bastar ese pasado en cualquier ser humano para omitirlo como directivo de juventudes. En realidad la señora, por su ceño y estilo, da la sensación de ejercer ese ministerio por mero accidente, y que fuera más bien el de Defensa, o la dirección del DAS, lo que de verdad le dictara, pues la inteligencia que se imparte en esos antros es la que le da la talla. Aún así, le recuerdo que hay cargos —el suyo verbigracia— en los que hay que disimular más que en otros el desdén por la vida de los demás, en este caso estudiantes.

Cada vez me pesa menos la mano para escribir que las “buenas gestiones” que la Ministra les atribuye a esos rectores consisten justamente en las conductas delincuenciales que al final terminarán probándoseles. Ella es una mujer de la guerra, sin duda. En todo caso me parece un imposible moral que a personas de trayectoria tan reprobable las considere dignas de absolución, o del beneficio de una duda excesiva, sólo porque son competentes en lo administrativo, construyen aulas, amplían cupos y disminuyen costos de funcionamiento. Eso no me rima. De hecho no me olvido de una frase tenaz que le escuché a una matrona paisa, hace muchos años en mi pueblo, cuando hablábamos de un tipo que ya tenía cuatro muertos encima: “Asesino sí es ese hombre, pero como hijo es una maravilla. Hay que ver esa casa que le compró a la mamá”. No llegaré yo a la ortodoxia ética de Gandhi, pero no sobra citar una sentencia suya: “Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible”.

Aprovecho lo del todo indivisible para exonerar de incoherencia a la funcionaria aludida: su jefe, el Presidente, todavía no se desdice de su frase “es un buen muchacho”, pronunciada a propósito del forajido Jorge Noguera. Ni de muchas más expresadas sobre una cantidad de amigazos que ya están tras las rejas. De modo que ahí la van, doctora.

Me sube el ánimo la certeza de que los estudiantes de la UIS no van a aguantarse esa conspiración, diseñada en vísperas de vacaciones, o anticipándolas, cosa que al retornar a clases ya la marea del repudio a ese rector se haya disipado. Pero esa muchachada no es tan pinga. La UIS exhala en su campus un vaho como de revuelta que terminará venciendo a la cómplice Ministra manizaleña, al ominoso caballista antioqueño, a ese rector que deshonró su claustro y a esas águilas de pacotilla que lo que quieren es meter miedo.

lisandroduque@hotmail.com

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Cecilia María Vélez, ministra de Educación, habla de la situación en la Universidad Industrial de Santander

Cecilia María Vélez, ministra de Educación, habla de la situación en la Universidad Industrial de Santander La W Radio | Junio 17 de 2009



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Es evidente la connivencia y complicidad de la Ministra Cecilia María Vélez con las atrocidades en que está incurso el reelecto rector de la UIS.

Testigo relata el horror de ejecuciones extrajudiciales en Colombia

Un sobreviviente de "los falsospositivos"

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Herido de dos balazos, en la nocturna soledad del monte, el campesino Aladino Ríos tuvo el aplomo de preguntar a sus captores por qué querían matarlo. Ninguno de los militares que participaban en la ejecución se atrevió a responder.

Milagrosamente sobreviviente, todavía espera una respuesta.

Ríos, de 33 años, escapó a una ejecución de falsos positivos a manos de la patrulla militar Berlín II, del Batallón Magdalena, acuartelado en el municipio de Pitalito, bajo las órdenes de la 9na. Brigada del Ejército, comandada por el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca, según lo establecido por la fiscalía.

Su compañero de abducción en la noche del 14 de agosto del 2007, Albeiro Hernández Cerón, de 25 años, fue ejecutado. El cadáver apareció con una pistola que nunca disparó ni era suya, de acuerdo con peritos judiciales.

"Yo estaba vuelto nada'', dijo Ríos, recordando las horas siguientes a su fuga, cuando desangrado y aterrado consiguió encontrar ayuda. "Y el otro muchacho quedó allá, amarrado''.

Según la denuncia ante la fiscalía, la muerte de Hernández, padre de un niño de 3 años y de una niña entonces por nacer, le valió una felicitación a la patrulla militar. Además, los militares le achacaron un historial delictivo que fue posteriormente descartado por la Fiscalía General de la Nación.

El Nuevo Herald entrevistó a Ríos, quien acaba de pedir la protección de Naciones Unidas tras haber narrado su caso a Philip Alston, relator de ese organismo para las ejecuciones extrajudiciales que el 8 de mayo inició en Colombia una visita investigativa de 10 días.

Su excepcional testimonio da fe de primera mano acerca de cómo funcionan por dentro, minuto a minuto, estas operaciones de ejecución extrajudicial: una tragedia que ha enlutado a miles de familias y ha escandalizado a la opinión del mundo. El término ‘‘falso positivo'' fue acuñado por la prensa colombiana. En la jerga militar del país, un "positivo'' es un enemigo dado de baja.

Ríos, padre de dos hijos, nació en el pueblo de Palestina y vivía de labrar la tierra como jornalero y servir de estibador en la plaza del mercado de Pitalito. El día de los hechos fue invitado por un conocido suyo, Alfredo Muñoz Botina, para que lo acompañara a una finca donde podría encontrar trabajo.

Muñoz, dijo Ríos, quedó en recogerlo a las 6:30 p.m. en el sitio conocido como Media Luna. Apareció a las 6:40 en un Renault azul acompañado por tres hombres: su cuñado; Alfonso Sánchez España y Hernández. Todos se conocían previamente. En ese momento, aclaró Ríos, él estaba acompañado también de Natalí Sánchez, quien hoy es testigo de los acontecimientos ante la fiscalía.

Muñoz y sus dos cómplices, según la fiscalía, condujeron a Ríos y Hernández hacia una finca cerca de la gallera de la Portada de Chillurco. Ambos iban confiados de que obtendrían un empleo temporal como labradores. Aproximadamente a 500 metros de la vía central que conduce de San José de Isnos a San Agustín el auto se desvió por una carretera no pavimentada y efectivos del ejército los detuvieron.

"Nos cogen como en forma de atraco, nos bajan al piso, nos retiran de la carretera colocándonos bocabajo a todas las cinco personas que íbamos en el vehículo'', relató Ríos.

Alumbrándoles los rostros con las pantallas de teléfonos celulares, dijo Ríos, les preguntaron los nombres a cada uno. Mientras examinaban su rostro, recordó, los militares se preguntaban: "¿Será que este es? ¿Será que no es?".

"Algunos uniformados decían que parecíamos campesinos'', dijo Ríos.

Unos 10 minutos más tarde los subieron amarrados a un vehículo que recién había llegado. Alrededor de las 9 p.m. fueron obligados a bajar en un paraje de San Vicente de Hornitos. Un cabo les advirtió que los matarían si intentaban escapar.

"Entonces, yo le digo que si va a pasar algo con nosotros que pase de una vez, porque nosotros no debemos nada'', afirmó Ríos.

Los militares, recordó, alegaban que los mantenían amarrados en espera de que llegara una mujer que debía identificarlos. La mujer nunca apareció.

"Nos arriman a un barranco y nos atan con los cordones de los [zapatos], nos quitan el otro amarrado y nos prestan unas capas de las que habitualmente usa el ejército para el frío'', relató.

Cerca de las 10:30 p.m., precisó, se escucharon disparos y gritos lejos en la carretera. Preguntó a un soldado qué había pasado con los otros tres acompañantes y éste contestó que también los tenían detenidos pero aparte. Alrededor de la medianoche, escuchó cuando uno de los soldados dio la orden de que pusieran a su disposición al detenido de menor altura.

"Era yo. Entonces, le dije: ‘Señor, yo estoy amarrado'. Me sacan de los pies, me acomodo los cordones y me sacan cogido de la correa por el lado derecho y cuando vamos saliendo hacia la vía central, me dicen: ‘¿Usted no se quiere ir para la guerrilla?' ''.

Ríos recordó haber contestado: "No, señor. Yo he sido del campo y me ha gustado la vida libre y no he prestado el servicio [militar] siquiera''.

Uno de los militares, entonces, le dijo que alguien le iba a pasar un celular para que le pidiera dinero a su familia.

Ríos repuso: "Señor, pero explíqueme qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que pasa''.

Entonces, le abrieron fuego. Los primeros impactos le fracturaron la clavícula y el omóplato. Desde el suelo, dándose ya por muerto, alzó la cabeza y preguntó al militar que le había disparado con una pistola: "¿Señor, porqué me mata? Yo no debo nada. El señor se queda mirándome, no me dice nada ni me dispara más''.

Al otro lado de la carretera hay un soldado que parece dispuesto a dispararle, recordó Ríos.

"Pienso que me quería disparar nuevamente'', dijo. "Pero no. Se retiran, ni me disparan ni hacen nada''.

Al ver que no volvían a dispararle, toma una decisión crucial: sale corriendo a través de un potrero. Un soldado da la voz de alarma: "¡Se nos voló!''

"Me siguen disparando, pero ya los disparos son con arma larga. Ya es puro [fusil] Galil'', recordó.

Una ráfaga le arranca los testículos. También fue herido en las piernas y en la cabeza.

"La ráfaga viene de atrás para adelante y me vacían los testículos, queda una tronera bastante grande en el pantalón'', comentó Ríos. "[. . .] Cuando ya me siento así yo me deslizo por debajo del cerco y cogí el potrero y corrí aproximadamente cinco o diez metros y me hice detrás de un árbol''.

Los soldados no se esfuerzan demasiado por buscarlo, tal vez creyéndolo muerto. Uno de ellos, sin embargo, se detiene a pocos pasos, tratando de escuchar, de ver una hoja moviéndose en la oscura maleza. Ríos permaneció escondido por un tiempo detrás de un árbol. Cerca de las 12:30 a.m. salió a la carretera más cercana.

"Me orienté con miedo y sin miedo, como fuera'', dijo.

Días después, acompañado por investigadores de la fiscalía, calculó que había caminado cuatro kilómetros hasta llegar a la casa de Ana Gloria Muñoz.

"Me iba a echar para el hospital, pero yo le pedí el favor de que me dejara ahí'', contó Ríos. "Le conté lo que me había pasado''.

Ana Gloria le dijo: "Usted se muere''.

Ríos respondió: "Si usted me va a colaborar [ayudar], me hace el favor y me deja aquí''.


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ALERTA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: URIBE DESTRUYE LA DEMOCRACIA PARA REELEGIRSE

RECALCA, Bogotá, junio 11 de 2009

Alertamos a la comunidad internacional, a los gobiernos y parlamentos del mundo, a las centrales sindicales, movimientos sociales y a los organismos de derechos humanos, sobre la gravísima situación que estamos sufriendo en Colombia por cuenta de la agudización sistemática de los ataques del gobierno de Álvaro Uribe Vélez contra las instituciones legítimas del país y contra quienes cuestionan y promueven alternativas a sus políticas por vías democráticas y pacíficas.

Múltiples hechos ponen en evidencia esta dramática situación:

· El acecho contra el poder judicial, a cuyos integrantes ha vigilado, calumniado y desconocido sistemáticamente, lo cual ha obligado la presencia de un relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia judicial y otro sobre las llamadas ejecuciones extrajudiciales, las cuales constituyen un crimen de Estado ampliamente documentado.

· La persecución contra dirigentes sociales, acusándolos irresponsablemente y sin pruebas de ser miembros de organizaciones armadas en Colombia, como lo acaba de hacer en su visita a Canadá, amenazando con capturarlos con el apoyo de otros gobiernos.

· La persecución contra destacados dirigentes políticos de oposición, como Jorge Enrique Robledo, Piedad Córdoba, Wilson Borja, Gloria Inés Ramírez y Jaime Caicedo, contra quienes la Procuraduría -institución sometida a los intereses del Presidente- ha abierto investigación disciplinaria, basada en supuesta evidencia de vínculos con grupos ilegales, en un acto más de manipulación de la justicia para perseguir contradictores políticos serios, respetados y legítimos y cerrar espacios democráticos por la vía de su criminalización.

· La amenaza de convocar a una Asamblea Constituyente para cerrar el Congreso de la República, si no se aprueba el referendo que le permitirá reelegirse.

· La persecución hacia importantes y reconocidos líderes indígenas, como Feliciano Valencia, Aida Quilqué y Daniel Piñacué, contra quienes se han expedido órdenes de captura, desconociendo la jurisdicción indígena claramente establecida en la Constitución Nacional.

· El recrudecimiento de los ataques y asesinatos de los líderes de las confederaciones de trabajadores del país, por lo que la OIT ha vuelto a incluir a Colombia en la lista de vigilancia de la Comisión de Aplicación de Normas, mientras que la Central Sindical Internacional ha vuelto a confirmar que de los 76 sindicalistas asesinados en 2008, más de la mitad lo fueron en Colombia.

· Los escándalos que rodean al gobierno todos los días se multiplican. La vinculación de altos funcionarios del gobierno con los grupos paramilitares, las interceptaciones telefónicas a miembros de las Cortes y de la oposición como parte de un programa sistemático de seguimiento a los mismos. las ejecuciones extrajudiciales y la presión sobre el Congreso para que apruebe la reelección, entre otros hechos.

En los últimos días, esta situación se ha agravado y Uribe Vélez ha pretendido, con numerosos viajes al extranjero y haciendo esfuerzos por suscribir lesivos tratados, tender una cortina de humo ante la opinión pública internacional, buscando apoyos a costa de enajenar el patrimonio nacional, aceptar toda clase de condicionamientos onerosos y distraer la atención sobre las realidades de su gobierno, acusando a todo el que se le opone de ser cómplice de actos terroristas, que han sido ampliamente condenados por quienes participan del movimiento indígena, social y de la izquierda democrática, a la cual el Gobierno estigmatiza y persigue.

Hacemos un llamado a todos los gobiernos y pueblos del mundo a solidarizarse con el pueblo colombiano que sufre el resultado de 7 años de ataques a la democracia por parte de Álvaro Uribe Vélez. Las medidas del Gobierno, dirigidas al cierre de espacios democráticos, la centralización del poder en el Presidente y en los órganos del ejecutivo y de la fuerza pública, con vínculos evidentes con el narcotráfico y con el paramilitarismo, se están incrementando a medida que crece el cerco de las acusaciones, investigaciones y evidencias sobre las acciones ilegales y criminales del Gobierno.

El Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez pretende asfixiar las ya limitadas libertades constitucionales, desmantelar los derechos ciudadanos y colectivos, perseguir y silenciar cualquier forma de oposición democrática y entregar al mismo tiempo la riqueza y soberanía del país a cambio de obtener respaldos internacionales que le permitan superar su evidente ilegitimidad. La sociedad y la democracia Colombiana enfrentan a esta hora una gran amenaza que proveniente de su Gobierno.

Exigimos a los Jefes de Estado y a los Parlamentos de los países que están negociando o en proceso de ratificación de un Tratado de Libre Comercio con el gobierno colombiano, detener estos acuerdos que profundizarán la situación de pobreza, desplazamiento y violencia en Colombia y le darán al Presidente Uribe el respaldo que busca para consolidar su proyecto autoritario.

* Recalca congrega a 50 de las organizaciones sociales y sindicales más importantes del país, para coordinar las estrategias de educación, divulgación y movilización frente a los Tratados de Libre Comercio que impulsa el gobierno nacional.

Colombia, el país más peligroso del mundo para los dirigentes sindicales

PARÍS (AFP) — Colombia fue una vez más en 2008 el país más peligroso del mundo para los sindicalistas, pues 49 dirigentes gremiales fueron asesinados en ese periodo frente a los 39 en 2007, según un informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) divulgado este miércoles en París.

"Pese al gran énfasis que pone el actual Gobierno (colombiano) en la seguridad (...) en 2008 se produjo un incremento preocupante del 25% en los casos de violencia antisindical, con 49 sindicalistas asesinados", señala el informe de esa organización internacional que tiene su sede en Bruselas.

Entre los 49 sindicalistas asesinados, la CSI destaca varios de ellos por la repercusión nacional que tuvieron, como el de Guillermo Rivera Fúquene, Presidente del Sindicato de Servidores Públicos de Bogotá (SINSERVPUB), cuyo cadáver apareció tres meses después de su desaparición en la capital.

La CSI recoge declaraciones de organismos sindicales colombianos que destacan las condiciones en las que se produjeron algunos asesinatos y que hacen suponer que hubo móviles políticos. Tal es el caso de José Omar Galeano Martínez, muerto a balazos por sicarios el 23 de agosto de 2008. Galeano Martínez era dirigente de los loteros, que dirigía la lucha de estos trabajadores contra la entrega de las loterías nacionales a consorcios privados.

En circunstancias semejantes fue asesinado Leonidad Gómez Roso, empleado de Citibank y dirigente de la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB), asesinado en Bogotá, un día después de una marcha nacional contra el paramilitarismo y la violencia, en la que participó activamente.

La CSI recuerda que "la Constitución colombiana consagra como fundamental el derecho de sindicalización y donde los sindicatos son libres de decidir sus normas y la gestión de sus actividades".

No obstante, hace notar que existen trabas legales para el pleno ejercicio de la libertad sindical y diversas figuras contractuales que encubren otras relaciones de trabajo y son utilizadas para no permitir a los trabajadores constituir sindicatos.

En ese contexto, la organización internacional denuncia la actitud del gobierno del presidente Álvaro Uribe en casos como el de la huelga de 15.000 obreros cortadores de caña de azúcar en el Valle del Cauca (suroeste de Colombia), en septiembre de 2008. "El Gobierno no sólo se mostró desconsiderado en el tratamiento del pliego de peticiones de los corteros, sino incluso temerario en sus actuaciones: militarizó el conflicto laboral y pretendió entablar un proceso judicial sobre la base falsa de que había "fuerzas oscuras" (la mano de la guerrilla de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) detrás del movimiento", explica el informe. Esto "dio pie a amenazas contra algunos dirigentes y a montajes judiciales contra activistas y trabajadores que secundaron el paro", precisa la CSI.

A todas estas situaciones se añade también "la acción de empresas nacionales y multinaciones abocadas a la liquidación de los sindicatos", añade la CSI, que denuncia en particular a la multinacional española Unión Fenosa y su filial Electricaribe. Según la CSI, esa empresa ha implementado "un plan de hostigamiento, persecución y de acciones represivas e ilegales contra sus trabajadores". El objetivo, según el informe, es hacer que los miembros del sindicato se acojan a planes de jubilación o iniciar contra ellos procesos ficticios que permitan despedirlos y "cumplir así la cuota de bajas impuesta por los mandos superiores en España".

Este mismo método de presión y amenazas contra los trabajadores/as es empleado por Good Year Colombia, en su planta de Cali, denuncia la CSI.

Copyright © 2009 AFP. Todos los derechos reservados.

Colombia volvió a ser el país con más sindicalistas asesinados en 2008

Junio 10 de 2009 - 9:50 a.m.

De los 76 sindicalistas asesinados en todo el mundo durante ese año 49 eran colombianos. En el país murieron diez sindicalistas más que en el año anterior.

En el mundo, el número total de muertes disminuyó respecto a 2007, cuando se registraron 91 asesinatos, según el informe anual de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

Pese al alto número de muertes de sindicalistas colombianos, el texto señala que la violencia contra las organizaciones de trabajadores y sus miembros queda "impune", como consecuencia de unas "sentencias condenatorias ínfimas".

Tras Colombia, Guatemala se sitúa como el segundo país con más sindicalistas asesinados, con un total de 9 víctimas mortales, lo que convierte a Latinoamérica en la región del mundo donde es más peligroso ejercer los derechos sindicales.

Venezuela, con cuatro víctimas, Honduras, con tres asesinatos, y Panamá con uno, son los otros países latinoamericanos que registraron muertes de integrantes de organizaciones de trabajadores en circunstancias violentas.

El informe alerta especialmente sobre la situación que atraviesa Guatemala, pues los actos de violencia contra los sindicalistas en su territorio son "permanentes" y, además, quedan "impunes".

El documento añade que la situación de las Zonas Francas Industriales (ZFI) empeoró durante 2008, ya que, en su opinión, las empresas denegaron de forma "absoluta" los derechos laborales y sindicales, especialmente en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Como ejemplo, sostiene que las compañías llegan a "ofrecer incentivos económicos para lograr la desafiliación y debilitar al sindicato".

En este sentido, denuncia que en ciertos países, entre ellos Nicaragua, se va extendiendo la firma de "contratos cortos" con el fin de dificultar la afiliación de los trabajadores.

El informe también se refiere a Cuba como el único país latinoamericano que encarcela a personas como consecuencia de su actividad sindical.

Además, señala a Myanmar (antigua Birmania), Burundi, China, Corea del Sur, Irán, Túnez, Turquía y Zimbabue como los otros gobiernos responsables de la detención de sindicalistas.

En todo el mundo, constata que perdieron la vida cuatro sindicalistas en Filipinas, dos en Nepal y uno en Irak, en Nigeria, en Túnez y en Zimbabue.

Según denuncia, las autoridades públicas estuvieron "directa o indirectamente involucrados" en algunos de estos sucesos.

Respecto a la actual crisis económica y financiera, lamenta la repercusión que ha tenido sobre los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, ya que han visto empeorar sus condiciones.

Un total de 7.500 personas vinculadas a actividades sindicales fueron despedidas en 68 países diferentes, de los cuales más de 2.000 se registraron en Turquía, seguido por Indonesia, con 600 despidos.

Unas cifras que califica como "la punta del iceberg", puesto que una mayoría de los despidos no se registran, explica.

La CSI agrupa a 311 centrales sindicales nacionales de 155 países que representan a 168 millones de miembros.

Con EFE.

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Colombianos plantean nuevo caso contra carbonera de EEUU

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GERARDO REYES

Basándose en los recientes testimonios de ex líderes paramilitares extraditados a Estados Unidos, 67 familiares de víctimas del paramilitarismo en Colombia demandaron a la multinacional del carbón Drummond argumentando que la empresa financiaba las operaciones de los grupos armados de ultraderecha responsables de los asesinatos.

La nueva acusación, radicada en el distrito federal del norte de Alabama y que fue calificada de falsa por Drummond contiene señalamientos más graves que otra anterior que no prosperó en la misma jurisdicción.

Según los demandantes, la firma mantuvo una relación con el frente Juan Andrés Alvarez de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al cual hizo "pagos millonarios'' para la compra de armas y equipos así como para vigilancia de la zona y de la línea férrea de la empresa.

También se menciona una supuesta complicidad de Drummond en actividades de narcotráfico.

Otra de las nuevas alegaciones describe la supuesta participación de un ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), identificado como James Atkins, director de seguridad de Drummond en Colombia.

Según la demanda, Atkins aprobó los pagos de Drummond para que fueran asesinados los líderes sindicales Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Ocarsita. Ambos fueron ejecutados el 12 de marzo del 2003.

"Atkins tenía conocimiento pleno de las actividades terroristas de las AUC al momento en que fue contratado'', afirmó el documento. "Los acusados tomaron ventaja de que los paramilitares podían ejecutar civiles impunemente''.

En un comunicado de prensa, Drummond rechazó los términos de la demanda.

"Es el más reciente capítulo en un esfuerzo de sindicatos y sus abogados de culpar a Drummond Ltd. de parte de la violencia trágica contra líderes sindicales y otros que ha plagado a Colombia por décadas'', aseguró el comunicado de la sede principal de la firma en Birminghan, Alabama.

Agregó la empresa que acusaciones similares entabladas en el 2002 fueron rechazadas por un jurado en una decisión confirmada por una corte de apelaciones de EEUU.

En efecto, en un fallo del 22 de diciembre pasado, dicha corte concluyó que la jueza del caso en Alabama no se extralimitó en sus funciones al negar la participación en el juicio de testigos clave para la defensa. La jueza, Karon Bowdry, había rechazado los testigos con el argumento de que fueron presentados extemporáneamente.

La demanda había sido presentada con el patrocinio de la central sindical del acero, United Steelworkers of America.

Esta no es la primera vez que surge una versión sobre la presencia de un empleado norteamericano relacionado con los supuestos nexos de Drummond con las AUC.

En declaraciones a fiscales colombianos en Washington, D.C., el ex líder de las AUC, Salvatore Mancuso, extraditado a Estados Unidos en marzo del 2008, había mencionado a un ciudadano de EEUU a quien se refería con el alias de "Mr. Jim''.

Mancuso declaró que líderes de las AUC se reunieron con Mr. Jim a fin de solicitar protección para sus operarios y pagar por ese servicio.

Afirma la demanda que las AUC, bajo el supuesto de que todas las personas que vivían en zonas controladas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), eran simpatizantes de esa organización, se dedicaron a aterrorizar la población con la financiación de compañías internacionales y locales.

"Casi todas las familias en esta zona [departamento del Cesar, al norte de Colombia] perdieron uno de sus miembros'', afirmó la querella.

Una vez Drummond pagó a las AUC, el frente Juan Andrés Alvarez aumentó de 20 a 200 hombres su pie de fuerza, alega la demanda.



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"La gran mayoría de nosotros apoyamos a Uribe porque recibimos instrucciones de los comandantes" , afirmó Mancuso. VER ENTREVISTA

Mayo 27 de 2009

'Conmigo extraditaron la verdad': Salvatore Mancuso en entrevista exclusiva

Desde la cárcel en Washington, Estados Unidos el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso habló de parapolítica, del DAS y dijo que está asumiendo la responsabilidad por los crímenes cometidos.

Enfundado en un overol azul que identifica a los convictos de la correccional Treatment Facility de Washington, Salvatore Mancuso aparenta más de los 44 años que tiene. Ojeroso y algo demacrado, su actitud y sus palabras revelan la angustia que le produce estar encerrado 14 horas diarias en una estrecha celda que comparte con un ex guerrillero de las Farc condenado por narcotráfico y tráfico de armas.

Según Mancuso, en su pequeña celda de 3 x 3,5 metros hay un camarote, un inodoro y un lavamanos. Sus contactos con el mundo exterior son esporádicos: cuando sus familiares lo visitan o cuando asiste a la sala de audiencias de la Corte en medio de severas medidas de seguridad. Solo tiene derecho a llamar por teléfono a familiares y amigos, a los 12 cuyos números están registrados en la bitácora de seguridad de la cárcel.

Lo dejan tener pocos libros y algunos archivos con sus procesos judiciales. Su abogado Joaquín Pérez, un litigante de origen cubano que se mueve con habilidad en los medios judiciales, lo mantiene informado de las noticias, y sobre lo que pasa en Colombia le tiene al tanto Carlos Suárez, el abogado que logró que la Justicia norteamericana le permitiera cooperar en los procesos de Justicia y Paz y en otros que adelanta la Corte Suprema.

Habla muy poco, lee y escribe. Ahora está elaborando un libro sobre la guerra y la paz. "Esto es muy duro", dice, y agrega que la soledad le ha servido para reflexionar y para pedirle a Dios el perdón que las víctimas y la sociedad aún no le conceden.

En entrevista con el periodista Harold Abueta, de CAMBIO, la primera después del 13 de mayo de 2008, cuando fue extraditado con otros 12 jefes paramilitares, dijo: "Conmigo extraditaron la verdad". Pero también aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades de Estados Unidos y de Colombia, y a diferencia de lo que ocurrió en las audiencias de Justicia y Paz mostró una actitud menos arrogante, más conciliadora. Habló de la extradición, de parapolítica, del DAS y dijo que está asumiendo la responsabilidad por los crímenes cometidos.

CAMBIO ¿Cuál es el balance a un año de haber sido extraditado?

Salvatore Mancuso: Es incierto, es un balance que produce desconfianza y temor porque el camino que hemos querido recorrer de paz, reparación y verdad se ha visto truncado. Con este aislamiento y al alejarnos de las fuentes primarias para contar la verdad, le hicieron al país un daño peor.

¿Por qué fue usted extraditado?

Eso lo tiene que responder el Gobierno, que dijo que algunos jefes paramilitares habían incumplido y que otros no habían entregado los bienes.

En el primer caso no he visto una resolución judicial que así lo asegure. Y en el segundo, es importante que se sepa que hace dos años la Corte Suprema ordenó a la Comisión de Reparación y a Acción Social que recibiera los bienes que le entregué al Estado y que sumaron 25 millones de dólares. Me pusieron todo tipo de problemas para recibir esos bienes. Tampoco le aplicaron el principio de oportunidad a los testaferros. Por ejemplo: yo tenía dos importantes y a uno, Aran Asias, lo asesinaron, y al otro, Celso Salazar, lo encarcelaron.

El Gobierno dijo que ustedes estaban jugando con el proceso...

Mire, le voy a dar una 'chiva'. El fiscal general Mario Iguarán y el fiscal que lleva mi caso dijeron en esta misma cárcel que no había evidencia de que yo, en particular, hubiera delinquido cuando estaba en la cárcel de Itagüí. Dijeron que si esas evidencias hubieran existido, me habrían sacado de Justicia y Paz, y yo estoy aún en Justicia y Paz.

Si como usted dice no estaba delinquiendo, entonces ¿por qué cree que lo extraditaron?

El Gobierno se asustó con las actividades de algunos comandantes y porque estábamos reconstruyendo la verdad. Me di a la tarea de decirles a todos los que trabajaron conmigo que contaran la verdad y en un estrado conté algunas de ellas.

Denuncié, a Restrepo, a la OEA y a la Iglesia, que había 6.000 personas rearmadas en Córdoba y Catatumbo. Pero algunos jefes de las Auc dijeron que no iban a decir nada porque habían sido amedrentados. Quedé solo. Esa verdad preocupó a empresarios y dirigentes políticos y del sector gremial. Alguna presión hubo para que nos extraditaran a todos. Pero si hubo comandantes que fallaron, también hay que decir que el Gobierno falló porque deshizo las esperanzas de paz que había en Colombia.

¿Por qué dice que el Gobierno falló?

Entre otras cosas porque se comprometió a erradicar cultivos. Le dije mil veces al entonces ministro Holguín, al comisionado Luis Carlos Restrepo, y a la OEA que hicieran, con nuestra ayuda, la erradicación de cultivos para saldar de una vez la deuda con Estados Unidos. Este país se estará preguntando por qué el Gobierno colombiano hizo caso omiso para erradicar los cultivos en los territorios donde estábamos.

¿El proceso de paz ha fracasado o ha sido exitoso en alguna etapa?

El proceso está abandonado en su etapa judicial. Allá fuera hay hombres a los que el Gobierno solo ofreció cárcel, extradición o cementerio, y esas propuestas no son atractivas para los actores del conflicto. Si a las autodefensas, que supuestamente eran amigas del Gobierno, y a Mancuso, el amigo personal de Uribe, les hacen esto, qué no le harán a las Farc que asesinaron al padre del Presidente. Yo soy el espejo de lo que serían 'Cano', 'Jojoy', el Eln o las bandas emergentes en un eventual proceso de paz. De todas formas, hoy pido que les digan a todos los desmovilizados que sigan adelante con el compromiso con las víctimas.

Con ustedes extraditados tratando de negociar con la Justicia norteamericana, ¿hay posibilidades de recomponer el proceso y de reparar a las víctimas?

Mis abogados y yo estamos empeñados en seguir adelante en la reconstrucción de la verdad y la reparación de las víctimas. Pero quiero aclarar que cuando el Gobierno me extraditó, dijo por medio del ministro de Justicia que existían convenios y mecanismos para que el proceso pudiera seguir adelante. Eso es una gran mentira y lo que hemos hecho hasta ahora se debe a la buena voluntad de los fiscales de Estados Unidos y de Justicia y Paz de Colombia. El Gobierno nos extraditó y tendrá que ver cómo hace para evitar la impunidad y que haya reparación.

¿Alguna vez se sabrá toda la verdad?

La verdad importante la tenemos los comandantes, con nuestro envío a Estados Unidos extraditaron la verdad. La ley que hicieron fue para buscar retaliación. Por ejemplo, cuando dije que Carlos Castaño y yo nos reunimos con el ex ministro Juan Manuel Santos para promover un golpe de Estado contra el presidente Ernesto Samper, salió el ministro del Interior y dijo que no había que creerle a un criminal como Mancuso. La verdad es estigmatizada y genera rechazo de la sociedad.

¿Qué verdades de las que ha dicho han quedado sin efecto?

La convivencia de militares activos y en retiro, y de políticos importantes que hoy son candidatos presidenciales, con las autodefensas.

¿Como quiénes?

Ellos saben.

En Colombia hay una polémica por un iPod de su propiedad que, al parecer, tiene decenas de grabaciones con políticos y funcionarios. De ellas se han conocido algunas. ¿Cuál es la verdad sobre ese aparato?

Evidentemente era el iPod donde yo tenía los archivos de mis procesos en la justicia ordinaria y los archivos de la reconstrucción de la verdad histórica. Lo dejé en mi celda de Itagüí y el Inpec se quedó con la custodia de ese equipo. Cuando me devolvieron mis cosas no me entregaron el aparato y algunas autoridades judiciales han allegado a procesos parte de lo que allí estaba guardado. Pero eso ha podido ser manipulado, adicionado o editado y por lo tanto no reconozco esas grabaciones. Supe que ese equipo lo están feriando en Colombia.

Usted dijo que las Auc tenían un 30 por ciento del Congreso. Por lo pronto, hay 68 investigados, de los cuales nueve han sido condenados. ¿Faltan más?

Faltan muchos y algunos comandantes no han iniciado o terminado sus versiones. Y creo que no lo harán mientras arreglan sus procesos en Estados Unidos. Ese es el problema de la extradición.

¿Puede dar nombres de los que faltan, por ejemplo, en Córdoba donde usted tenía la mayor influencia?

He escuchado que 'el Alemán' (Freddy Rendón) mencionó algunos nombres, pero ninguno tuvo vínculos conmigo. En su momento iré contando pero ya he dicho mucho.

'El Alemán' mencionó, por ejemplo, a Julio Manzur...

Julio Manzur tuvo un par de reuniones conmigo y ya se las expliqué a la Fiscalía. Fueron después de mi desmovilización y no creo que tengan consecuencias judiciales.

¿Y Zulema Jattin?

Tuvo una reunión conmigo cuando, por orden de Carlos Castaño, la retuvimos por oponerse a la desmovilización, junto con el senador Juan Manuel López Cabrales. Ella no tuvo que ver nada conmigo.

¿Qué políticos no están detenidos por sus vínculos con las Auc?

¡Ay, hijo mío! Hubo mucha gente. Por ejemplo, a principios de 2002, en una finca de 'Macaco' en Piamonte, cerca de Tarazá, hubo una reunión muy grande en la que estuvimos 'Cuco' Vanoy, Vicente Castaño, 'don Berna', 'Macaco', 'Julián Bolívar', 'Ernesto Báez', 'Diego Vecino' y yo, y a ella asistieron el coronel (r) Hugo Aguilar (ex gobernador de Santander) y 'el Tuerto' Gil (ex senador Luis Alberto Gil, investigado por parapolítica).

¿Para qué fue la reunión?

Para los apoyos electorales que en ese momento algunos políticos estaban buscando del bloque central Bolívar en seis o siete departamentos.

¿Por qué se acuerda de la presencia de Gil y Aguilar en particular?

Porque Aguilar se presentaba como la persona que había asesinado a Pablo Escobar, y me acuerdo de Gil porque estaba con ese coronel.

¿Es cierto que una de las reuniones más grandes de políticos y las Auc fue en una finca llamada La 21?

Sí, La 21 era de Carlos Castaño, entre San Pedro de Urabá y Valencia, y también hubo una gran reunión en la finca La 15 con Vicente Castaño. Fueron como dos o tres días de reuniones a finales de 2001.

¿Qué pasó en la reunión de La 21?

Carlos Castaño citó a todos los comandantes porque 'Ernesto Báez', líder político del bloque central Bolívar, tenía una propuesta para armar una lista única al Congreso en cabeza de Carlos Clavijo y Rocío Arias. Esa iniciativa fue derrotada porque 'Jorge 40' y yo dijimos que las Auc actuaban como federación y que cada región tenía sus propias necesidades.

¿Y en la de La 15 qué pasó?

La de La 15, según me contó Vicente Castaño, fue con ganaderos y empresarios de la región. Vicente les pidió que apoyaran la campaña de Uribe a la Presidencia.

¿Qué recuerda en especial de esas reuniones?

Recuerdo con exactitud a Juan José Cháux (ex gobernador de Cauca y ex embajador). Fue el único de los que yo no conocía que salió a dar un discurso. Dijo que su abuelo o bisabuelo había sido presidente, que ellos habían pertenecido a las autodefensas legales creadas por Guillermo León Valencia y que siempre estuvieron en contra de la guerrilla. En ese momento él estaba resolviendo un secuestro de un familiar suyo por parte de las Auc. También creo que estuvo Carlos Clavijo.

¿El discurso al que se refiere fue a favor de las Auc?

Claro que sí, totalmente identificado con las Auc. 'H.H.' (Hernando Hernández, jefe de las Auc) se ufanaba y lo presentaba como el representante político del bloque Calima.

¿Es cierto que el ex subdirector del DAS Miguel Narváez, involucrado en escándalos por infiltración paramilitar en esa entidad, asistió a reuniones de las Auc?

Narváez es un hombre muy estructurado que colaboró con las Auc en el tema ideológico. Era profesor de la Escuela Superior de Guerra y dictaba clases a oficiales. Estuvo en reuniones con Carlos Castaño, 'Jorge 40', 'el Alemán' y conmigo. En nuestras escuelas de formación les habló a los cuadros sobre organización de mandos. Impartió adoctrinamiento ideológico a nuestros hombres en 1996 o 1998.

¿Cómo llegó a las Auc? ¿Le pagaban por las clases?

Por el comandante Castaño, pero no sé cómo lo conoció. Él llegaba a la zona y a veces yo lo mandaba a recoger en el aeropuerto de Montería. Nunca supe de contraprestación por ese trabajo.

Cuando Narváez llegó al DAS, ¿qué pensó?

Que la guerrilla iba a tener un serio problema con ese hombre por su conocimiento del conflicto.

Narváez perseguía la guerrilla y se hacía el de la vista gorda con las Auc?

Ideológicamente se identificaba con las Auc y era probable que así sucediera. Pero solo son suposiciones, pues no estoy en la mente de él para saber lo que pensaba.

Hay acusaciones en el sentido de que cuando el DAS estuvo bajo la dirección de Jorge Noguera, este favoreció a las Auc y subalternos suyos pasaban información a 'Jorge 40'...

Desconozco de relaciones de Jorge Noguera con las Auc, pero con el DAS tuvimos relaciones desde antes, lo mismo que con la Policía y el Ejército. Por poner un solo ejemplo, el director del DAS de Cúcuta, Jorge Díaz, era un jefe de autodefensa. En sus carros se operaba lo mismo que en los de Policía y Ejército. Allí se movían las tropas.

Hablemos ahora de Giorgio Sale, el empresario italiano capturado por narcotráfico y del que se ha dicho que tenía negocios con usted. ¿Es cierto? ¿Cómo lo conoció?

Una vez se reunió conmigo y me dijo que quería montar el restaurante La Enoteca en Barranquilla. Me contó que costaba 3.000 millones de pesos y me garantizó que iba a dar entre el 3 y el 4 por ciento de interés mensual. Castaño me dio la autorización de entregarle el dinero. Después me mencionó que le hacía falta plata y todo terminó costando casi 6.000 millones. Luego me dijo que su hijo Cristian quería hablar conmigo. Me reuní con él y me manifestó que quería comprar una cocaína. Como estaba a punto de desmovilizarme, lo contacté con otra persona y después supe que nunca pasó por esa droga.

¿Qué sabe de Sale y de sus relaciones con magistrados de las cortes?

Él tenía relaciones con el magistrado José Alfredo Escobar y decía que tenía contactos con otros magistrados y con el Gobierno, pero nunca lo utilicé para nada a pesar de que se puso a la orden por si teníamos alguna necesidad.

Diego Fernando Murillo, 'don Berna', dijo en Estados Unidos que las Auc apoyaron las candidaturas del hoy alcalde de Medellín, Alonso Salazar, y del presidente Uribe... ¿Qué sabe de eso?

Políticamente hablando fui jefe del estado mayor negociador de las Auc pero no era responsable de las determinaciones de cada bloque y por eso no podría decir a qué tipo de pactos o acuerdos llegaron. Pero sí le puedo decir que la gran mayoría de nosotros apoyamos a Uribe porque recibimos instrucciones de los comandantes y así lo hicimos en todos los departamentos con influencia del bloque Norte.

¿Cuál fue la instrucción?

Como el discurso ideológico de Uribe parecía calcado del nuestro pero dentro de la legalidad, lo apoyamos inmediatamente. Les preguntábamos a las poblaciones si habían escuchado a Uribe y a qué se comprometía. Nos respondían que sí y entonces les decíamos que lo apoyáramos y 'direccionamos' a las poblaciones para que votaran por él. No hubo arreglos directos, mentiría si lo digo.

Hablemos de su proceso. Aún no hay sentencia en contra suya, pero ¿cuándo espera salir de la cárcel?

Espero que mi participación con las Justicias de Estados Unidos y de Colombia sea reconocida y suficiente para que mi tiempo se considere saldado en el menor tiempo posible.

¿Qué piensa hoy sobre los horrores que cometió?

Estoy admitiendo la responsabilidad por lo que hice y por los excesos cometidos en el conflicto. Son situaciones que no debieron haberse presentado jamás y estoy asumiendo una responsabilidad ante la Justicia de los hombres.

Sé que a muchas personas les incomodó nuestro regreso al seno de la sociedad, pero espero que algún día consideren saldadas las cuentas pues hemos hecho gestos de paz. Es muy duro cuando no se valora la valentía que significa pararse en un estrado judicial y reconocer lo que se ha hecho. A Dios le he pedido perdón y siento que lo ha hecho. También siento que me he perdonado a mí mismo, ha sido una de las cosas más difíciles. Y he perdonado a quienes algunas vez hicieron acciones contra mí.