Opinión| 18 Jul 2009 - 1:27 am
Notas de Buhardilla
Por: Ramiro Bejarano Guzmán
El más reciente ejemplo tiene que ver con las bases militares en Colombia, episodio que el Gobierno pudiendo haber manejado sin suscitar molestias, lo convirtió en un enredo. Nadie se opone a la cooperación americana en la lucha contra el narcotráfico, pero resulta que nuestra Constitución, en los artículos 173 y 237, tiene definido que el tránsito de tropas extranjeras en nuestro territorio tiene que ser autorizado por el Senado y además consultado con el Consejo de Estado.
Tuvo que protestarle al Gobierno el presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de Lafont, para que los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores salieran precipitadamente a decir que sí lo consultarían, antes de concluir el acuerdo sobre presencia militar gringa en tres bases criollas. Pero como primero cae un mentiroso que un cojo, se les olvidó a los ministros que llevan muchos días diciéndonos que ya estaba concluido el acuerdo con los Estados Unidos, de manera que lo que hicieron fue avanzar en esos trámites sin haber oído al Consejo de Estado, ni haber solicitado la autorización del Senado. Cuando se sintieron cogidos, acataron a medias la ley.
Y claro, a un Procurador cómplice, como Alejandro Ordóñez, le importa un pito que se violen normas constitucionales.
El mismo desdén del Gobierno por el derecho se da con su empeño en sacar adelante el referendo reeleccionista, cuyos promotores siguen gozando de impunidad a pesar de los graves delitos de que están acusados.
La última que se ha inventado el Gobierno es el disparate que ha propalado el jefe del transfuguismo político, Rodrigo Rivera, según el cual, los parlamentarios podrían votar el irregular referendo sin verse expuestos a una acusación penal, si lo hacen por orden de las bancadas de cada partido. Es decir, que todos delincan para que no se note, y además por cuenta de los partidos, que no son sujetos de responsabilidad penal.
Y el tema de la elección de Fiscal, salpicado de múltiples dudas, parece no importarle al Gobierno. Cuando esperábamos un comunicado de la Presidencia en el que supuestamente se pronunciaría sobre todos los sucesos que han rodeado este accidentado nombramiento, en vez de una explicación sensata divulgaron un listado de sentencias supuestamente proferidas por uno de los candidatos, sin aclarar que el 90% de esos fallos fueron proyectados por otros funcionarios. Sobre las acusaciones y reparos a los aspirantes, ni pío.
A propósito, es obvio que el doctor Juan Ángel Palacio, acusado por un magistrado auxiliar, tiene derecho a la defensa, pero sobre todo a una que convenza, pues asunto tan grave no puede enterrarse con una decisión tan endeble como la que profirió la Fiscalía, además sin su presencia y la del denunciante.
Lo que sí no puede ocurrir es que el valeroso y recto magistrado auxiliar del Consejo de Estado Hugo Marín termine siendo el chivo expiatorio de este espinoso cuento. Conozco de vista, trato y comunicación a Marín, desde los salones del Externado, donde fue mi discípulo —por cierto destacado—, luego mi subalterno cuando ejercí responsabilidades públicas, después he sido testigo de su rectitud y dedicación en la rama judicial. Si hubiere muchos Marín en la justicia, otra sería la historia.
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Adenda. ¿Quiénes de los ambientalistas a ultranza que hoy se rasgan furiosos las vestiduras por el fusilamiento de los hipopótamos, protestaron por los “falsos positivos”?
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Ramiro Bejarano Guzmán
